Sala Constitucional Suprema logra certificación internacional en Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001
Nota de prensaEste año se ha iniciado, también, implementación de esta norma en las cortes de Arequipa, La Libertad, San Martín y Huancavelica.
18 de setiembre de 2025 - 9:27 a. m.
Tras varias semanas de auditoría y verificación de procesos sobre gestión, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que preside el juez supremo titular Carlos Calderón Puertas, obtuvo la certificación internacional del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016.
Esta distinción fue otorgada al tribunal supremo por la organización Global Certification Bureau S.A., entidad internacional acreditada en la certificación de sistemas de gestión, que hizo la evaluación durante diez jornadas.
El magistrado supremo expresó que con el reconocimiento a la sala que él lidera son dos tribunales supremos las cuales han obtenido esta certificación, la otra es la Sala Penal Permanente.
“El objetivo es extender a otras dos salas supremas y a cuatro salas de las cortes superiores este año, y el 2026 a ocho o diez salas superiores, la idea es que todas las salas del Poder Judicial tengan su ISO 37001”, señaló.
Calderón Puertas explicó que el ISO 37001 está relacionado con las políticas antisoborno, que exigen a las instituciones, en este caso las salas supremas, un procedimiento para ser evaluadas en cualquier momento sobre diferentes gestiones propias del trabajo.
Para obtener esta certificación, fue necesario evaluar la gestión en los despachos judiciales, por ejemplo, una vez programadas las vistas de causa, cuándo se decide un caso, dónde está contenida la información de la decisión.
El magistrado refirió que conversaron con los representantes de Global Certification Bureau S.A., quienes les explicaron cuáles eran los temas que iban a gestionar, y durante varias semanas verificaron los procedimientos.
TABLAS INFORMÁTICAS
En esa línea, Calderón Puertas indicó que lo primero que hicieron en su sala fue usar tablas o documentos en soporte informático, es decir, eliminar los documentos físicos o papel.
“Usamos las tablas informáticas porque las físicas, en papel, pueden ser modificadas con lapicero; las primeras tienen el registro de cuándo se coloca la información y queda el registro de las modificaciones realizadas”, precisó.
Es decir, sostuvo, que los documentos informáticos contienen un registro del día en que se votan las causas, el día en que se toma la decisión y las modificaciones que se le hacen, pues todo queda registrado.
Indicó, por ejemplo, que, si algún magistrado registra que su voto es fundado y luego coloca que es infundado o improcedente, esta modificación aparecerá en la tabla, lo cual abre la posibilidad de una investigación para que justifique el cambio.
“Somos 70 personas en esta sala las que fueron llamadas para conocer de este proceso, cómo nos iban a evaluar, y después se pasó a la evaluación respectiva”, señaló Calderón Puertas.
Calderón Puertas también informó que hay más cosas que se pueden hacer si existen o no contratos y acuerdo de confidencialidad con los servidores/as que laboran en las salas supremas.
Señaló que antes de emitirse una sentencia, hay un debate interno entre los jueces, y algunas personas tienen conocimiento de lo que se está debatiendo y, luego, eventualmente, se toma la decisión.
“Un magistrado o un trabajador no puede estar brindando información de orden interno, todos los que laboran en la Corte Suprema firman un contrato y un acuerdo de confidencialidad, y eso es lo que se trata de respetar”, indicó.
CERTIFICACIÓN IMPORTANTE
Calderón Puertas consideró que esta certificación es importante porque permite a los magistrados/as y trabajadores/as, autocontrolarse y autofiscalizarse, saber lo que hacen y lo que deciden.
Asimismo, señaló que la única forma de que la ciudadanía vuelva a tener confianza en el Poder Judicial es que los jueces y trabajadores permitan estos actos de fiscalización y de control.
Añadió que la idea fundamental es que el Poder Judicial y sus distintas salas, supremas y superiores, y juzgados tengan este certificado en un procedimiento que durará tres o cuatro años.
Cabe indicar que la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente Suprema tiene competencia para revisar los procesos de amparo y recursos de casación de diversas materias, excepto, las del área laboral, penal y civil.
Este tribunal, además de Calderón Puertas, lo conforman el magistrado Gabino Espinoza Ortiz, así como las magistradas Elizabeth Grossman Casas, Elvira Álvarez Olazábal y Juan José Linares San Román.
LAS CORTES SUPERIORES
Este año también se inició la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno en las cortes superiores de Arequipa, la Libertad, San Martín y Huancavelica.
Este avance, liderado y coordinado por la Unidad de Integridad del Poder Judicial, que también lidera Calderón Puertas, representa un paso decisivo para llevar los estándares ISO 37001:2016 al ámbito de las cortes superiores del país.
Lima, 18 de septiembre de 2025
Esta distinción fue otorgada al tribunal supremo por la organización Global Certification Bureau S.A., entidad internacional acreditada en la certificación de sistemas de gestión, que hizo la evaluación durante diez jornadas.
El magistrado supremo expresó que con el reconocimiento a la sala que él lidera son dos tribunales supremos las cuales han obtenido esta certificación, la otra es la Sala Penal Permanente.
“El objetivo es extender a otras dos salas supremas y a cuatro salas de las cortes superiores este año, y el 2026 a ocho o diez salas superiores, la idea es que todas las salas del Poder Judicial tengan su ISO 37001”, señaló.
Calderón Puertas explicó que el ISO 37001 está relacionado con las políticas antisoborno, que exigen a las instituciones, en este caso las salas supremas, un procedimiento para ser evaluadas en cualquier momento sobre diferentes gestiones propias del trabajo.
Para obtener esta certificación, fue necesario evaluar la gestión en los despachos judiciales, por ejemplo, una vez programadas las vistas de causa, cuándo se decide un caso, dónde está contenida la información de la decisión.
El magistrado refirió que conversaron con los representantes de Global Certification Bureau S.A., quienes les explicaron cuáles eran los temas que iban a gestionar, y durante varias semanas verificaron los procedimientos.
TABLAS INFORMÁTICAS
En esa línea, Calderón Puertas indicó que lo primero que hicieron en su sala fue usar tablas o documentos en soporte informático, es decir, eliminar los documentos físicos o papel.
“Usamos las tablas informáticas porque las físicas, en papel, pueden ser modificadas con lapicero; las primeras tienen el registro de cuándo se coloca la información y queda el registro de las modificaciones realizadas”, precisó.
Es decir, sostuvo, que los documentos informáticos contienen un registro del día en que se votan las causas, el día en que se toma la decisión y las modificaciones que se le hacen, pues todo queda registrado.
Indicó, por ejemplo, que, si algún magistrado registra que su voto es fundado y luego coloca que es infundado o improcedente, esta modificación aparecerá en la tabla, lo cual abre la posibilidad de una investigación para que justifique el cambio.
“Somos 70 personas en esta sala las que fueron llamadas para conocer de este proceso, cómo nos iban a evaluar, y después se pasó a la evaluación respectiva”, señaló Calderón Puertas.
Calderón Puertas también informó que hay más cosas que se pueden hacer si existen o no contratos y acuerdo de confidencialidad con los servidores/as que laboran en las salas supremas.
Señaló que antes de emitirse una sentencia, hay un debate interno entre los jueces, y algunas personas tienen conocimiento de lo que se está debatiendo y, luego, eventualmente, se toma la decisión.
“Un magistrado o un trabajador no puede estar brindando información de orden interno, todos los que laboran en la Corte Suprema firman un contrato y un acuerdo de confidencialidad, y eso es lo que se trata de respetar”, indicó.
CERTIFICACIÓN IMPORTANTE
Calderón Puertas consideró que esta certificación es importante porque permite a los magistrados/as y trabajadores/as, autocontrolarse y autofiscalizarse, saber lo que hacen y lo que deciden.
Asimismo, señaló que la única forma de que la ciudadanía vuelva a tener confianza en el Poder Judicial es que los jueces y trabajadores permitan estos actos de fiscalización y de control.
Añadió que la idea fundamental es que el Poder Judicial y sus distintas salas, supremas y superiores, y juzgados tengan este certificado en un procedimiento que durará tres o cuatro años.
Cabe indicar que la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente Suprema tiene competencia para revisar los procesos de amparo y recursos de casación de diversas materias, excepto, las del área laboral, penal y civil.
Este tribunal, además de Calderón Puertas, lo conforman el magistrado Gabino Espinoza Ortiz, así como las magistradas Elizabeth Grossman Casas, Elvira Álvarez Olazábal y Juan José Linares San Román.
LAS CORTES SUPERIORES
Este año también se inició la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno en las cortes superiores de Arequipa, la Libertad, San Martín y Huancavelica.
Este avance, liderado y coordinado por la Unidad de Integridad del Poder Judicial, que también lidera Calderón Puertas, representa un paso decisivo para llevar los estándares ISO 37001:2016 al ámbito de las cortes superiores del país.
Lima, 18 de septiembre de 2025