Transnacionalidad del crimen organizado exige una cooperación judicial y policial entre nuestros países

El juez de la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Colombia, Misael Fernando Rodríguez Castellanos, advirtió que el crimen organizado evolucionó hacia estructuras más sofisticadas y con alta capacidad de infiltración, lo que demanda una respuesta coordinada entre los países.

“Se debe trascender la visión tradicional del crimen como fenómeno doméstico, esta perspectiva es insuficiente frente a la complejidad de la delincuencia organizada, que opera de manera transnacional, adaptativa, estratégica y se aprovecha de las debilidades estructurales sociales y estatales”, afirmó.

Así lo expresó en el conversatorio "Desafíos del sistema de justicia frente al crimen organizado", inaugurado por el juez supremo Cesar San Martín Castro, en el marco de los actos conmemorativos promovidos por el Día del Juez y la Jueza 2025.

El ponente sostuvo que el crimen organizado trasnacional no se limita a superar las fronteras, pues posee una notable capacidad de infiltración, que lo distingue de los criminales tradicionales como los cárteles de la droga del siglo pasado que operaban con estructuras más rígidas y con una lógica territorial.

“Las organizaciones delictivas contemporáneas son de una alta sofisticación tecnológica, con una penetración social más profunda, una diversificación y divisiones especializadas en tráfico de drogas, armas, trata, lavado de activos extorsión, corrupción y manipulación de procesos electorales”, afirmó.

Asimismo, recalcó que la capacidad de adaptación de las asociaciones criminales a los cambios normativos y tecnológicos, les permite evadir la acción penal mediante el uso de criptomonedas, redes sociales, plataformas digitales, y sistemas financieros.

“La criminalidad organizada contemporánea se desplaza y se entrelaza dificultando tanto la identificación precisa y los responsables como la trazabilidad de operaciones”, sostuvo.

Por lo que, consideró que la trasnacionalidad del crimen organizado exige una cooperación judicial y policial entre países pero que en la práctica se ve limitada por diferencias legislativas, falta de confianza institucional y debilidades de los mecanismos de extradición.

El jurista colombiano resaltó, además, que la voluntad política es el punto de partida para la lucha contra la criminalidad, porque sin un compromiso firme, sostenido y transparente por parte de los gobiernos cualquier estrategia está destinada al fracaso.

“Esto implica no solo la formulación de políticas públicas claras, sino también la asignación de recursos adecuados y la protección institucional; la lucha contra el crimen organizado debe ser una política de Estado, porque las vulnerabilidades institucionales son terreno fértil para el crimen”, indicó.

Rodríguez Castellanos consideró que el sistema penal requiere coordinación, además de compromiso ético y profesional, sin interferencias indebidas; así como el fortalecimiento de las unidades de inteligencia financiera, colaboración inter estatal, entre otros.

“Con la voluntad política, la coordinación institucional y una visión estratégica sobre todo en nosotros los actores de los sistemas de la justicia penal, podemos generar fuerzas, legítimas y sostenibles para erradicar este fenómeno que es común para nosotros los latinoamericanos”, aseveró.

Durante la inauguración de esta actividad el magistrado César San Martín Castro advirtió que en el Perú existen retos derivados de la expansión de la minería ilegal, trata, de los delitos violentos, tráfico de drogas, corrupción y lavado de activos, así como del reciente reordenamiento normativo penal.

“Todo este complejo y tortuoso aparato normativo, la poca claridad y la complejidad de los enunciados normativos agrega problemas a la persecución del crimen organizado en el Perú”, remarcó.

Cabe señalar que el referido conversatorio tuvo lugar en la sala de audiencias de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en Palacio de Justicia, y participaron también juezas y jueces supremos y superiores, servidores jurisdiccionales y administrativos.