Janet Tello Gilardi ratifica independencia del Poder Judicial y señala que no se permitirá injerencia política
Nota de prensaRemarca que mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no constituyen intervención a la soberanía peruana.
4 de agosto de 2025 - 4:08 p. m.
Tras destacar la independencia con la que actúan juezas y jueces de todo el país, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, ratificó que no aceptarán injerencias en este poder del Estado ni permitirán que se convierta en un instrumento al servicio de la política.
“Una vez más señalamos que no aceptaremos injerencias políticas, no permitiremos que se repitan episodios trágicos que, en nuestra historia republicana, convirtieron a la judicatura en un instrumento de la política”, expresó.
Tello Gilardi señaló que la independencia judicial es indispensable, pero que esta no solo se refiere a la autonomía individual de cada juez sino también a la independencia colectiva del Poder Judicial como institución.
“Esa independencia es la que garantiza que el juez no esté subordinado a influencias externas, ni políticas ni económicas, y que su función se ejerza con objetividad, imparcialidad y respeto irrestricto a la Constitución y las leyes”, refirió.
Asimismo, la máxima autoridad judicial explicó que el desempeño de las juezas y jueces no debe entenderse como un rol de carácter político o que está al servicio de intereses particulares.
“Nuestra labor es esencial, y exclusivamente, la defensa de la justicia y de los derechos, la justicia no es un juego de poder ni de conveniencias, es la aplicación equilibrada y justa de la ley para todas y todos, sin distinción”, indicó.
SOBRE LA CIDH
La autoridad judicial consideró preocupante, también, escuchar posiciones sobre el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual, agregó, va en contra de la línea histórica que el Perú asumió como promotor del Derecho Internacional, la seguridad colectiva y los derechos humanos de la región y el mundo.
“No debemos entender como una injerencia a la soberanía peruana los mandatos de los tribunales de derechos humanos por tratados de los que el Perú es parte”, subrayó.
Recordó que nuestro país participó de manera activa en la redacción de la Carta de las Naciones Unidas (en 1945) y que formamos parte del Sistema Interamericano de Justicia, desde 1978.
“El sistema de protección de derechos humanos solo se acciona cuando cualquier persona considera que no ha encontrado justicia para la protección de sus derechos en el ámbito nacional”, anotó.
AUTO REFORMA
De otro lado, Tello Gilardi sostuvo que las juezas y jueces están trabajando en un proceso constante de auto reforma para convertirse en instrumentos de cambio.
“Una reforma no es un evento aislado, sino una construcción permanente orientada a mejorar la celeridad en la resolución de los casos, el acceso a la justicia y la incorporación de las tecnologías que permitan una administración eficiente y transparente”, señaló.
La magistrada expresó su convencimiento de que lo que se necesita es una reforma que apunte a consolidar una judicatura robusta, tecnológicamente equipada, en continua transformación hacia la celeridad y la modernidad, y con un presupuesto autónomo y suficiente que no sea menor del 4 % del PBI.
En este punto, recordó las palabras del arzobispo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio, durante la Misa y Te Deum por el Día del Juez y la Jueza, quien señaló que en una reforma judicial no puede haber lugar usos partidistas y políticos que no vayan en consonancia con las verdadera demandas y necesidades del pueblo.
PROPUESTA INTEGRAL
En tal sentido, Tello Gilardi anunció que remitirá al Congreso de la República, en el marco de las facultades de iniciativa legislativa de la institución, una propuesta integral de reforma de la organización y funcionamiento de este poder del Estado.
Señaló que en esta propuesta contendrá el diseño de una Corte Suprema dedicada principalmente a preservar y proteger la aplicación debida del derecho en armonía con los principios y valores democráticos, y dejar de ser utilizada como una tercera instancia convirtiendo en interminables los procesos.
“Esa es la reforma que planteamos desde el conocimiento pleno de nuestra realidad judicial y trabajar de manera conjunta Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial para la mejora del sistema de justicia”, remarcó.
En otra parte de su discurso, la magistrada suprema mencionó que uno de los retos más grandes que enfrentan las juezas y jueces es la creciente inseguridad ciudadana.
Al respecto, la autoridad judicial reiteró que la respuesta a este flagelo seguirá siendo decidida, firme y justa, evitando cualquier tipo de impunidad bajo responsabilidad.
No obstante, señaló que para tener éxito en esta lucha es necesario contar con herramientas, algunas de las cuales fueron recortadas como la detención preliminar, que por largos meses no pudo ser utilizada por las juezas y jueces, y así muchos criminales siguieron delinquiendo.
Consideró, además, preocupante el debilitamiento de la figura de la extinción de dominio, pues, según dijo, permitirá que fortunas mal habidas ingresen a la economía y sirvan de alimento para el crecimiento del crimen.
“Primero, vimos cómo una ley neutralizó la eficacia de los procesos de extinción de dominio, al suprimir su autonomía respecto de otros procesos judiciales; luego, con todo respeto, el Tribunal Constitucional ha decidido que no alcance a ninguna fortuna mal habida vinculada a delitos previos al 2018”, aseveró.
También expresó su preocupación por los cambios realizados al marco normativo que sanciona el crimen organizado, razón por la cual, informó, ha presentado una iniciativa legislativa ante el Congreso para revertir esta situación.
Por otro lado, Tello Gilardi saludó a los poderes Legislativo y Ejecutivo por la aprobación y promulgación de la Ley del Sistema de Flagrancia Delictiva en mayo pasado.
En este punto, solicitó a la presidenta Dina Boluarte el presupuesto para su implementación a nivel nacional, no solo para el Poder Judicial, sino también para el Ministerio Público, Policía y Defensa Pública.
SOBRE PROVISIONALIDAD
Durante su alocución, Tello Gilardi también se refirió al importante rol que cumplen las juezas y jueces provisionales en el sistema de administración de justicia.
Señaló que la Corte Suprema está integrada por veinte jueces titulares distribuidas en tres salas; sin embargo, existen once salas conformadas por 16 jueces titulares y 39 provisionales para atender una carga mensual que sumaría más de 15 mil expedientes.
La autoridad graficó una situación que ocurre en el área contencioso administrativo donde el Estado es la parte demandada, en la que hasta junio de este año se interpusieron más de 10 mil recursos de casación, de las cuales más de 95 % corresponden a personas en condición de vulnerabilidad.
“Quiero pedirle a la Procuraduría del Estado revisar esta ley y que, a la brevedad, haya el desistimiento respectivo, tal como sucedió cuando la Oficina de Normalización Previsional nos escuchó y asumió tal conducta procesal”, sostuvo.
En ese sentido, la magistrada salió al frente de quienes han pretendido denigrar a las juezas y jueces provisionales; por el contrario, sostuvo, constituyen una alternativa de solución para garantizar la continuidad de la labor judicial ante la insuficiencia de jueces titulares y creciente demanda procesal.
“Se trata de juezas y jueces titulares promovidos por sus propios méritos, muchos de los cuales están aquí presentes”, acotó.
La paraliturgia de la ceremonia solemne estuvo a cargo del arzobispo de Lima y primado de la Iglesia Católica en el Perú, monseñor Carlos Castillo Mattasoglio.
Por su parte, la jueza de paz del distrito de Balsa Puerto (San Martín), Beatriz Caritimari Vela, dio un mensaje en representación de los jueces de paz del país, acto que por primera vez se da en esta celebración.
En la parte final de la ceremonia, la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, ofreció un mensaje a las juezas y jueces, y destacó su rol en la defensa del Estado de derecho constitucional.
También asistieron al acto el presidente del Congreso, José Jerí Oré; el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa; el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor; el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo Bermejo, y otras autoridades.
Lima, 4 de agosto de 2025
“Una vez más señalamos que no aceptaremos injerencias políticas, no permitiremos que se repitan episodios trágicos que, en nuestra historia republicana, convirtieron a la judicatura en un instrumento de la política”, expresó.
Tello Gilardi señaló que la independencia judicial es indispensable, pero que esta no solo se refiere a la autonomía individual de cada juez sino también a la independencia colectiva del Poder Judicial como institución.
“Esa independencia es la que garantiza que el juez no esté subordinado a influencias externas, ni políticas ni económicas, y que su función se ejerza con objetividad, imparcialidad y respeto irrestricto a la Constitución y las leyes”, refirió.
Asimismo, la máxima autoridad judicial explicó que el desempeño de las juezas y jueces no debe entenderse como un rol de carácter político o que está al servicio de intereses particulares.
“Nuestra labor es esencial, y exclusivamente, la defensa de la justicia y de los derechos, la justicia no es un juego de poder ni de conveniencias, es la aplicación equilibrada y justa de la ley para todas y todos, sin distinción”, indicó.
SOBRE LA CIDH
La autoridad judicial consideró preocupante, también, escuchar posiciones sobre el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual, agregó, va en contra de la línea histórica que el Perú asumió como promotor del Derecho Internacional, la seguridad colectiva y los derechos humanos de la región y el mundo.
“No debemos entender como una injerencia a la soberanía peruana los mandatos de los tribunales de derechos humanos por tratados de los que el Perú es parte”, subrayó.
Recordó que nuestro país participó de manera activa en la redacción de la Carta de las Naciones Unidas (en 1945) y que formamos parte del Sistema Interamericano de Justicia, desde 1978.
“El sistema de protección de derechos humanos solo se acciona cuando cualquier persona considera que no ha encontrado justicia para la protección de sus derechos en el ámbito nacional”, anotó.
AUTO REFORMA
De otro lado, Tello Gilardi sostuvo que las juezas y jueces están trabajando en un proceso constante de auto reforma para convertirse en instrumentos de cambio.
“Una reforma no es un evento aislado, sino una construcción permanente orientada a mejorar la celeridad en la resolución de los casos, el acceso a la justicia y la incorporación de las tecnologías que permitan una administración eficiente y transparente”, señaló.
La magistrada expresó su convencimiento de que lo que se necesita es una reforma que apunte a consolidar una judicatura robusta, tecnológicamente equipada, en continua transformación hacia la celeridad y la modernidad, y con un presupuesto autónomo y suficiente que no sea menor del 4 % del PBI.
En este punto, recordó las palabras del arzobispo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio, durante la Misa y Te Deum por el Día del Juez y la Jueza, quien señaló que en una reforma judicial no puede haber lugar usos partidistas y políticos que no vayan en consonancia con las verdadera demandas y necesidades del pueblo.
PROPUESTA INTEGRAL
En tal sentido, Tello Gilardi anunció que remitirá al Congreso de la República, en el marco de las facultades de iniciativa legislativa de la institución, una propuesta integral de reforma de la organización y funcionamiento de este poder del Estado.
Señaló que en esta propuesta contendrá el diseño de una Corte Suprema dedicada principalmente a preservar y proteger la aplicación debida del derecho en armonía con los principios y valores democráticos, y dejar de ser utilizada como una tercera instancia convirtiendo en interminables los procesos.
“Esa es la reforma que planteamos desde el conocimiento pleno de nuestra realidad judicial y trabajar de manera conjunta Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial para la mejora del sistema de justicia”, remarcó.
En otra parte de su discurso, la magistrada suprema mencionó que uno de los retos más grandes que enfrentan las juezas y jueces es la creciente inseguridad ciudadana.
Al respecto, la autoridad judicial reiteró que la respuesta a este flagelo seguirá siendo decidida, firme y justa, evitando cualquier tipo de impunidad bajo responsabilidad.
No obstante, señaló que para tener éxito en esta lucha es necesario contar con herramientas, algunas de las cuales fueron recortadas como la detención preliminar, que por largos meses no pudo ser utilizada por las juezas y jueces, y así muchos criminales siguieron delinquiendo.
Consideró, además, preocupante el debilitamiento de la figura de la extinción de dominio, pues, según dijo, permitirá que fortunas mal habidas ingresen a la economía y sirvan de alimento para el crecimiento del crimen.
“Primero, vimos cómo una ley neutralizó la eficacia de los procesos de extinción de dominio, al suprimir su autonomía respecto de otros procesos judiciales; luego, con todo respeto, el Tribunal Constitucional ha decidido que no alcance a ninguna fortuna mal habida vinculada a delitos previos al 2018”, aseveró.
También expresó su preocupación por los cambios realizados al marco normativo que sanciona el crimen organizado, razón por la cual, informó, ha presentado una iniciativa legislativa ante el Congreso para revertir esta situación.
Por otro lado, Tello Gilardi saludó a los poderes Legislativo y Ejecutivo por la aprobación y promulgación de la Ley del Sistema de Flagrancia Delictiva en mayo pasado.
En este punto, solicitó a la presidenta Dina Boluarte el presupuesto para su implementación a nivel nacional, no solo para el Poder Judicial, sino también para el Ministerio Público, Policía y Defensa Pública.
SOBRE PROVISIONALIDAD
Durante su alocución, Tello Gilardi también se refirió al importante rol que cumplen las juezas y jueces provisionales en el sistema de administración de justicia.
Señaló que la Corte Suprema está integrada por veinte jueces titulares distribuidas en tres salas; sin embargo, existen once salas conformadas por 16 jueces titulares y 39 provisionales para atender una carga mensual que sumaría más de 15 mil expedientes.
La autoridad graficó una situación que ocurre en el área contencioso administrativo donde el Estado es la parte demandada, en la que hasta junio de este año se interpusieron más de 10 mil recursos de casación, de las cuales más de 95 % corresponden a personas en condición de vulnerabilidad.
“Quiero pedirle a la Procuraduría del Estado revisar esta ley y que, a la brevedad, haya el desistimiento respectivo, tal como sucedió cuando la Oficina de Normalización Previsional nos escuchó y asumió tal conducta procesal”, sostuvo.
En ese sentido, la magistrada salió al frente de quienes han pretendido denigrar a las juezas y jueces provisionales; por el contrario, sostuvo, constituyen una alternativa de solución para garantizar la continuidad de la labor judicial ante la insuficiencia de jueces titulares y creciente demanda procesal.
“Se trata de juezas y jueces titulares promovidos por sus propios méritos, muchos de los cuales están aquí presentes”, acotó.
La paraliturgia de la ceremonia solemne estuvo a cargo del arzobispo de Lima y primado de la Iglesia Católica en el Perú, monseñor Carlos Castillo Mattasoglio.
Por su parte, la jueza de paz del distrito de Balsa Puerto (San Martín), Beatriz Caritimari Vela, dio un mensaje en representación de los jueces de paz del país, acto que por primera vez se da en esta celebración.
En la parte final de la ceremonia, la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, ofreció un mensaje a las juezas y jueces, y destacó su rol en la defensa del Estado de derecho constitucional.
También asistieron al acto el presidente del Congreso, José Jerí Oré; el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa; el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor; el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo Bermejo, y otras autoridades.
Lima, 4 de agosto de 2025