Promulgación de ley de sistema de flagrancia permitirá procesar con mayor eficacia casos de extorsiones

La promulgación de la Ley por parte del Ejecutivo que crea el Sistema Nacional Especializado de Flagrancia Delictiva brindará el marco normativo y presupuesto adecuado para procesar con eficacia, entre muchos casos, los relacionado con las extorsiones.

Así lo sostuvo el secretario de la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia, Edman Rodríguez Vásquez, quien señaló que el Poder Judicial, a través de Unidades Modelo y las Unidades Piloto de Flagrancia, resolvió procesos en menos de 72 horas a pesar de limitaciones.

Cabe recalcar que la referida ley, que dispone la implementación de las unidades de flagrancia, se logró por gestión de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, como contribución para el combate articulado de la criminalidad que azota nuestro país.

En la víspera, tras la promulgación de esta norma, Tello Gilardi remarcó que una respuesta ante los delitos flagrantes debe ser rápida y organizada para que el combate contra la criminalidad sea efectivo.

Entre los casos resueltos por las unidades de flagrancia figuran los referidos a extorsión, estafa, tenencia ilegal de armas, robo, violencia contra la mujer, micro comercialización de drogas, conducción en estado de ebriedad, entre otros.

Sobre los casos de extorsión, el funcionario señaló que 24 de estos fueron resueltos en menos de 72 de horas en las instalaciones físicas que congregan a los operadores de justicia: Policía, Fiscalía, Defensa Pública (Ministerio de Justicia) y el Poder Judicial.

Detalló, asimismo, que, en tres años, ingresaron más de 15 mil casos a estas unidades de flagrancia, siendo resueltos el 87 % de ellos, es decir, 13 mil casos y en menos de 72 horas.

Rodríguez Vásquez sostuvo, además, que el trabajo articulado sobre las unidades de flagrancia en el Poder Judicial se realiza desde el 2022 y, ahora, con la gestión de Tello Gilardi hay una repotenciación, que ha permitido detectar falencias y necesidades.

Una de ellas, era la carencia de un marco normativo, situación que cambiará de manera radical con la ley promulgada, porque los titulares de los entes de justicia ahora son responsables de que a las unidades de flagrancia concurran operadores especializados y a exclusividad.

“Lo importante de esta norma es que incorpora en la Comisión de Implementación de Unidades de Flagrancia, además de la Fiscalía, Ministerio del Interior y Justicia, el Poder Judicial, al Ministerio de Economía para negociar el presupuesto referido a cada una de estas necesidades”, recalcó.

De ese modo, tras la norma aprobada, tendrán a lugar cuatro reuniones al año entre los representantes de las referidas instituciones para determinar la funcionalidad y dónde se implementarán las unidades de flagrancia en el país.

Cabe remarcar que, con la dación de la referida ley, toda persona detenida en comisión de delito en flagrancia ya no será conducida a una comisaría, sino llevada directamente a las unidades de flagrancia, donde será procesada.

De ese modo, detenidos en flagrancia en estas unidades serán sometidos a pericias policiales por disposición fiscal, con garantía de sus derechos de defensa, tras lo cual, el Poder Judicial emitirá el acto resolutivo correspondiente.

“Es un mecanismo que va a tener buenos resultados porque de manera conjunta, se dará una respuesta inmediata ante la inseguridad ciudadana”, puntualizó el funcionario.

Lima, 23 de mayo de 2025