Presidenta de Poder Judicial propone ampliar flagrancia e incluir delitos de criminalidad organizada y feminicidio
Nota de prensaJanet Tello Gilardi destaca que más de 14 mil casos por flagrancia fueron resueltos en menos de 24 horas.
20 de mayo de 2025 - 1:00 p. m.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, planteó la necesidad de ampliar el alcance de la figura de flagrancia para incluir delitos de criminalidad organizada, así como los de violencia de género, la tentativa y feminicidio, debido a su gravedad y recurrencia con que afectan a la sociedad.
Así lo propuso durante la inauguración del IV Congreso Internacional de Flagrancia, el nuevo enfoque del sistema especializado de flagrancia, que se desarrollará hasta el jueves 22 con la participación de expositores de nueve países, incluido el Perú.
Tello Gilardi destacó los resultados obtenidos por las unidades de flagrancia, desde el inicio de su implementación, en el año 2022, en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
“Los resultados hablan por sí solos, desde esa fecha ingresaron más de 16 mil casos, de los cuales más de 14 mil fueron resueltos en plazos menores a 24 horas, alcanzando un índice de efectividad del 87 %”, precisó.
Asimismo, con información estadística en mano, la autoridad reseñó los niveles de violencia e inseguridad que vive el país, que sustentan la ampliación de la figura de la flagrancia para delitos más graves.
EXTORSIÓN
Señaló que el Sistema de Información de Denuncias Policiales (Sidpol) reportó más de 9 mil denuncias por extorsión en lo que va del año, lo que significa que cada 19 minutos se presenta una denuncia por este delito.
Además, el Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables registró hasta abril de este año más de 42 mil víctimas de algún tipo de violencia, el 84 % de ellas, mujeres, y de estas cerca de 5 mil niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual.
También, indicó, que durante este año se han reportado cerca de 70 tentativas de feminicidio y 49 con características de feminicidio consumado.
En esa línea, resaltó la aprobación por el Congreso, el 16 de abril, de la ley que crea el Sistema Nacional Especializado de Flagrancia Delictiva, cuya autógrafa está pendiente de firma por parte de la Presidenta de la República.
“Para ello sí se necesita que el Ministerio de Economía y Finanzas destine los recursos correspondientes tanto para el Poder Judicial, Policía Nacional, Fiscalía y Defensa Pública para que el sistema pueda funcionar de manera eficiente y eficaz”, señaló.
En ese sentido, expresó su confianza de que el nuevo ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, va a seguir en la línea de proveer los recursos que son necesarios en estos momentos de grave inseguridad ciudadana.
“Sin embargo, para lograr un impacto mayor es indispensable ampliar el número de órganos jurisdiccionales especializados, fortalecer el equipamiento tecnológico, optimizar la infraestructura judicial y mantener el compromiso firme de todos los operadores del sistema penal”, indicó.
POSICIÓN FIRME
Tello Gilardi, por otro lado, expresó que el Poder Judicial tiene una posición muy firme respecto a algunos proyectos y leyes que han sido aprobadas y que no refuerzan el sistema de administración de justicia.
“El Congreso debería escuchar a los jueces y juezas como operadores de justicia, para tener leyes que respondan realmente a la lucha contra la inseguridad ciudadana”, subrayó.
La autoridad informó que ha enviado al Parlamento un informe de análisis crítico de varias normas legales para que las revisen, revoquen o modifiquen.
Por su parte, el juez supremo titular Víctor Prado Saldarriaga aguardó con expectativa el plazo para la promulgación de la Ley que crea el Sistema Nacional Especializado en Flagrancia, que vence este domingo 25 de mayo.
“Estamos atentos al desenlace con la promulgación u observación de esta ley en curso”, expresó el magistrado.
REFLEXIONES
Además, compartió algunas reflexiones para que sean consideradas durante el debate en los tres días del congreso.
Señaló que el contexto actual del país se manifiesta como una severa agudización del problema de la criminalidad organizada y violenta, así como de aquella asociada a la producción y comercialización de bienes y servicios ilegales.
Además, indicó, concurren indicadores graves y preocupantes de la presencia y consolidación de manifestaciones sensibles de economías ilegales y de gobernanza criminal en varias zonas del territorio nacional, las cuales han sido declaradas en estado de emergencia y con refuerzo militar.
Una segunda reflexión, precisó, se relaciona con la escasa eficacia y desorden estratégico, que caracterizan a la política criminal que diseña e implementa el Estado a través de sus agencias competentes, para intentar controlar la presencia cotidiana de la delincuencia violenta en el quehacer básico de la gente.
Refirió que la población no solo registra altos niveles de inseguridad ciudadana y de riesgo de victimización, sino que está agudizando también su percepción y actitud de desconfianza y descrédito sobre las posibilidades reales que tiene el Estado para revertir este escenario de temor en el corto plazo.
ALERTA CON ELECCIONES DEL 2026
“Un panorama político y sicosocial de estas características coloca a los colectivos sociales y a las autoridades en un ambiente inquietante y de alerta sobre el desarrollo de los procesos electorales del próximo año 2026”, remarcó.
Sostuvo que una tercera reflexión está relacionada con los recientes cambios legislativos en materia penal y que expresan una abierta voluntad sobrecriminalizadora y populista contra la delincuencia.
Mencionó como ejemplos recientes de este proceder político-criminal las leyes 32330, que reduce la imputabilidad relativa penal a 16 años; la Ley 32326 sobre la extinción de dominio y la Ley 32336 que incorpora en el Código Penal un inédito delito de captación de menores de edad para la comisión de delitos.
Lima, 20 de mayo de 2025
Así lo propuso durante la inauguración del IV Congreso Internacional de Flagrancia, el nuevo enfoque del sistema especializado de flagrancia, que se desarrollará hasta el jueves 22 con la participación de expositores de nueve países, incluido el Perú.
Tello Gilardi destacó los resultados obtenidos por las unidades de flagrancia, desde el inicio de su implementación, en el año 2022, en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
“Los resultados hablan por sí solos, desde esa fecha ingresaron más de 16 mil casos, de los cuales más de 14 mil fueron resueltos en plazos menores a 24 horas, alcanzando un índice de efectividad del 87 %”, precisó.
Asimismo, con información estadística en mano, la autoridad reseñó los niveles de violencia e inseguridad que vive el país, que sustentan la ampliación de la figura de la flagrancia para delitos más graves.
EXTORSIÓN
Señaló que el Sistema de Información de Denuncias Policiales (Sidpol) reportó más de 9 mil denuncias por extorsión en lo que va del año, lo que significa que cada 19 minutos se presenta una denuncia por este delito.
Además, el Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables registró hasta abril de este año más de 42 mil víctimas de algún tipo de violencia, el 84 % de ellas, mujeres, y de estas cerca de 5 mil niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual.
También, indicó, que durante este año se han reportado cerca de 70 tentativas de feminicidio y 49 con características de feminicidio consumado.
En esa línea, resaltó la aprobación por el Congreso, el 16 de abril, de la ley que crea el Sistema Nacional Especializado de Flagrancia Delictiva, cuya autógrafa está pendiente de firma por parte de la Presidenta de la República.
“Para ello sí se necesita que el Ministerio de Economía y Finanzas destine los recursos correspondientes tanto para el Poder Judicial, Policía Nacional, Fiscalía y Defensa Pública para que el sistema pueda funcionar de manera eficiente y eficaz”, señaló.
En ese sentido, expresó su confianza de que el nuevo ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, va a seguir en la línea de proveer los recursos que son necesarios en estos momentos de grave inseguridad ciudadana.
“Sin embargo, para lograr un impacto mayor es indispensable ampliar el número de órganos jurisdiccionales especializados, fortalecer el equipamiento tecnológico, optimizar la infraestructura judicial y mantener el compromiso firme de todos los operadores del sistema penal”, indicó.
POSICIÓN FIRME
Tello Gilardi, por otro lado, expresó que el Poder Judicial tiene una posición muy firme respecto a algunos proyectos y leyes que han sido aprobadas y que no refuerzan el sistema de administración de justicia.
“El Congreso debería escuchar a los jueces y juezas como operadores de justicia, para tener leyes que respondan realmente a la lucha contra la inseguridad ciudadana”, subrayó.
La autoridad informó que ha enviado al Parlamento un informe de análisis crítico de varias normas legales para que las revisen, revoquen o modifiquen.
Por su parte, el juez supremo titular Víctor Prado Saldarriaga aguardó con expectativa el plazo para la promulgación de la Ley que crea el Sistema Nacional Especializado en Flagrancia, que vence este domingo 25 de mayo.
“Estamos atentos al desenlace con la promulgación u observación de esta ley en curso”, expresó el magistrado.
REFLEXIONES
Además, compartió algunas reflexiones para que sean consideradas durante el debate en los tres días del congreso.
Señaló que el contexto actual del país se manifiesta como una severa agudización del problema de la criminalidad organizada y violenta, así como de aquella asociada a la producción y comercialización de bienes y servicios ilegales.
Además, indicó, concurren indicadores graves y preocupantes de la presencia y consolidación de manifestaciones sensibles de economías ilegales y de gobernanza criminal en varias zonas del territorio nacional, las cuales han sido declaradas en estado de emergencia y con refuerzo militar.
Una segunda reflexión, precisó, se relaciona con la escasa eficacia y desorden estratégico, que caracterizan a la política criminal que diseña e implementa el Estado a través de sus agencias competentes, para intentar controlar la presencia cotidiana de la delincuencia violenta en el quehacer básico de la gente.
Refirió que la población no solo registra altos niveles de inseguridad ciudadana y de riesgo de victimización, sino que está agudizando también su percepción y actitud de desconfianza y descrédito sobre las posibilidades reales que tiene el Estado para revertir este escenario de temor en el corto plazo.
ALERTA CON ELECCIONES DEL 2026
“Un panorama político y sicosocial de estas características coloca a los colectivos sociales y a las autoridades en un ambiente inquietante y de alerta sobre el desarrollo de los procesos electorales del próximo año 2026”, remarcó.
Sostuvo que una tercera reflexión está relacionada con los recientes cambios legislativos en materia penal y que expresan una abierta voluntad sobrecriminalizadora y populista contra la delincuencia.
Mencionó como ejemplos recientes de este proceder político-criminal las leyes 32330, que reduce la imputabilidad relativa penal a 16 años; la Ley 32326 sobre la extinción de dominio y la Ley 32336 que incorpora en el Código Penal un inédito delito de captación de menores de edad para la comisión de delitos.
Lima, 20 de mayo de 2025