Janet Tello Gilardi defiende elección de juezas y jueces por concurso público de méritos e independiente del poder político
Nota de prensaAnuncia creación de comisión para identificar problemas y formular propuestas por áreas de Corte Suprema.
7 de mayo de 2025 - 7:38 p. m.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, sostuvo hoy que el sistema de elección de juezas y jueces debe ser democrático e independiente del poder político a través del concurso público de méritos, tal como ocurre en la actualidad.
“Esto nos debe de llenar de orgullo como país, el tener un sistema de elección de juezas y jueces democrático, independiente y a través de concurso público de méritos, que responde a la preparación, experiencia y meritocracia, ¿quién tiene esto en otro país?”, señaló.
Fue durante su presentación ante la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria del Congreso encargada de estudiar y presentar una propuesta de reforma integral del Sistema de Administración de Justicia en el Perú, que preside la congresista María del Carmen Alva.
“El sistema es de los mejores porque separa lo que es la política de lo que es el ejercicio de la justicia, lo cual debemos defender, porque es un ejemplo de democracia”, anotó.
En tal sentido, la magistrada cuestionó la iniciativa legislativa que propone que la designación de juezas y jueces supremos sean elegidos por el senado, en tanto los de instancia inferiores sigan con el actual mecanismo que lleva a cabo la Junta Nacional de Justicia, lo cual sería un retroceso.
“¿Por qué quisiéramos retroceder? Más bien que los otros países nos tomen como ejemplo, ya que el Poder Judicial del Perú es visto como un país de vanguardia en la protección de derechos fundamentales, precisamente porque es independiente del poder político”, señaló.
COMISIÓN DEL PJ
En otro momento, Tello Gilardi informó que el poder del Estado Poder a su cargo ha conformado una comisión para identificar las problemáticas en el servicio de justicia y formular recomendaciones por áreas jurisdiccionales que son de competencia de la Corte Suprema.
Detalló que este grupo de trabajo lo conforman las magistradas Elvia Barrios Alvarado y Ana María Aranda Rodríguez, así como los magistrados César San Martín Castro, Víctor Prado Saldarriaga, Ramiro Bustamante Zegarra y Carlos Calderón Puertas.
Agregó, además, que esta comisión realizará mesas de trabajo por áreas jurisdiccionales de las salas de la Corte Suprema: Civil, Penal, Contencioso Administrativo, Laboral Público, Laboral Privado y otras materias.
“De estas mesas saldrán propuestas más concretas porque de lo visto es que tanto el Congreso como el Poder Judicial hemos trabajado iniciativas aisladas, lo que trae como consecuencia un conjunto de normas que no tiene sistemática jurídica, algunas contradicciones y otras con incidencia negativa”, refirió.
Precisó que esta medida permitirá que las decisiones judiciales, que en algunos casos pueden ser contradictorias entre salas que tienen las mismas competencias, sean analizados en acuerdos plenarios para uniformizar los criterios.
Asimismo, refirió que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, órgano de gobierno de este poder del Estado, ha descentralizado su trabajo, a través de sesiones en distritos judiciales del interior del país para conocer la realidad de cada uno.
“A veces hemos tomado una decisión mirando desde la capital cuando la realidad de cada distrito judicial es muy distinta unas de otras”, acotó.
Resaltó, por ejemplo, que, en el distrito judicial de Lambayeque, en la Unidad de Flagrancia, hay una articulación muy interesante entre la Policía, Fiscalía, Ministerio de Justicia y Poder Judicial, que ha dado resultados exitosos en la lucha contra la delincuencia.
NO MENOS DEL 3%
Tello Gilardi también planteó la necesidad de reformar la Constitución para que la cobertura del presupuesto asignado al Poder Judicial no sea menor del 3 % del presupuesto nacional, y así garantizar la autonomía presupuestaria.
De igual modo, indicó que el número limitado de jueces titulares no es suficiente para atender la alta carga de expedientes: 3 millones 600 mil en el año 2024, 1 millón 100 mil en trámite y 2 millones en ejecución.
“Esta cifra muy elevada se debe a múltiples razones, una por las propias articulaciones que realizan los abogados de las partes que impide que el expediente termine”, puntualizó.
La máxima autoridad judicial también planteó la necesidad de revisar el recurso de casación en todas las áreas del Derecho que son de competencia de la Corte Suprema de Justicia.
“Se ha tergiversado la casación, por ejemplo, en la especialidad Penal, hoy prácticamente es de oficio, se ha establecido que, si una pena es efectiva, el expediente sube en casación a la Corte Suprema sí o sí”, alertó.
Lima, 07 de mayo de 2025
“Esto nos debe de llenar de orgullo como país, el tener un sistema de elección de juezas y jueces democrático, independiente y a través de concurso público de méritos, que responde a la preparación, experiencia y meritocracia, ¿quién tiene esto en otro país?”, señaló.
Fue durante su presentación ante la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria del Congreso encargada de estudiar y presentar una propuesta de reforma integral del Sistema de Administración de Justicia en el Perú, que preside la congresista María del Carmen Alva.
“El sistema es de los mejores porque separa lo que es la política de lo que es el ejercicio de la justicia, lo cual debemos defender, porque es un ejemplo de democracia”, anotó.
En tal sentido, la magistrada cuestionó la iniciativa legislativa que propone que la designación de juezas y jueces supremos sean elegidos por el senado, en tanto los de instancia inferiores sigan con el actual mecanismo que lleva a cabo la Junta Nacional de Justicia, lo cual sería un retroceso.
“¿Por qué quisiéramos retroceder? Más bien que los otros países nos tomen como ejemplo, ya que el Poder Judicial del Perú es visto como un país de vanguardia en la protección de derechos fundamentales, precisamente porque es independiente del poder político”, señaló.
COMISIÓN DEL PJ
En otro momento, Tello Gilardi informó que el poder del Estado Poder a su cargo ha conformado una comisión para identificar las problemáticas en el servicio de justicia y formular recomendaciones por áreas jurisdiccionales que son de competencia de la Corte Suprema.
Detalló que este grupo de trabajo lo conforman las magistradas Elvia Barrios Alvarado y Ana María Aranda Rodríguez, así como los magistrados César San Martín Castro, Víctor Prado Saldarriaga, Ramiro Bustamante Zegarra y Carlos Calderón Puertas.
Agregó, además, que esta comisión realizará mesas de trabajo por áreas jurisdiccionales de las salas de la Corte Suprema: Civil, Penal, Contencioso Administrativo, Laboral Público, Laboral Privado y otras materias.
“De estas mesas saldrán propuestas más concretas porque de lo visto es que tanto el Congreso como el Poder Judicial hemos trabajado iniciativas aisladas, lo que trae como consecuencia un conjunto de normas que no tiene sistemática jurídica, algunas contradicciones y otras con incidencia negativa”, refirió.
Precisó que esta medida permitirá que las decisiones judiciales, que en algunos casos pueden ser contradictorias entre salas que tienen las mismas competencias, sean analizados en acuerdos plenarios para uniformizar los criterios.
Asimismo, refirió que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, órgano de gobierno de este poder del Estado, ha descentralizado su trabajo, a través de sesiones en distritos judiciales del interior del país para conocer la realidad de cada uno.
“A veces hemos tomado una decisión mirando desde la capital cuando la realidad de cada distrito judicial es muy distinta unas de otras”, acotó.
Resaltó, por ejemplo, que, en el distrito judicial de Lambayeque, en la Unidad de Flagrancia, hay una articulación muy interesante entre la Policía, Fiscalía, Ministerio de Justicia y Poder Judicial, que ha dado resultados exitosos en la lucha contra la delincuencia.
NO MENOS DEL 3%
Tello Gilardi también planteó la necesidad de reformar la Constitución para que la cobertura del presupuesto asignado al Poder Judicial no sea menor del 3 % del presupuesto nacional, y así garantizar la autonomía presupuestaria.
De igual modo, indicó que el número limitado de jueces titulares no es suficiente para atender la alta carga de expedientes: 3 millones 600 mil en el año 2024, 1 millón 100 mil en trámite y 2 millones en ejecución.
“Esta cifra muy elevada se debe a múltiples razones, una por las propias articulaciones que realizan los abogados de las partes que impide que el expediente termine”, puntualizó.
La máxima autoridad judicial también planteó la necesidad de revisar el recurso de casación en todas las áreas del Derecho que son de competencia de la Corte Suprema de Justicia.
“Se ha tergiversado la casación, por ejemplo, en la especialidad Penal, hoy prácticamente es de oficio, se ha establecido que, si una pena es efectiva, el expediente sube en casación a la Corte Suprema sí o sí”, alertó.
Lima, 07 de mayo de 2025