Ley de Sistema Nacional de Flagrancia permitirá a instituciones judiciales invertir en la lucha contra la criminalidad

La creación del Sistema Nacional de Flagrancia brinda el marco legal a los operadores de justicia para invertir exclusivamente el presupuesto otorgado en la implementación y equipamiento del sistema para combatir la criminalidad, informó el integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Carlos Zavaleta Grández.

Preciso que bajo este Sistema las instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público (MP), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MinjusDh) y la Policía Nacional del Perú (PNP) tienen la obligación de destinar sus recursos para el fin que se les transfiere.

“Nuestra operatividad se ve mermada por la ausencia de los operadores, y por ello, este marco normativo permitirá a las instituciones involucradas a contar con una administración, una dirección y un planeamiento correcto en el uso del presupuesto”, remarcó el representante del Poder Judicial.

Cabe señalar, que en el 2023 el gobierno decretó estado de emergencia en diversos lugares del país y otorgó presupuesto a todos los operadores que conforman el sistema de flagrancia.

De acuerdo con la Ley de Presupuesto, este año se ha destinado a todo el sistema, aproximadamente, S/ 175 millones para ser utilizado exclusivamente en atender delitos de flagrancia y enfrentar la criminalidad en el Perú.

Zavaleta Grández sostuvo que el Poder Judicial ha invertido su presupuesto en crear juzgados a exclusividad de flagrancia, contratar personal jurisdiccional calificado que atiende este tipo de casos delictivos y, además de ello, cuenta con un soporte logístico y técnico para la atención, detalló.

Asimismo, señaló que la institución cuenta con la experiencia en la implementación de locales adecuados, en la preparación de los jueces para asumir esta función, y en todo lo relacionado en la operatividad de este tipo de unidades.

“El Poder Judicial, a través de la presidenta Janet Tello Gilardi, está comprometido en la lucha contra la criminalidad, por lo que hemos desplegado todos nuestros esfuerzos para poder implementar nuestras unidades, y pedimos al Congreso apruebe el marco normativo, para que este sistema se implemente adecuadamente”, agregó.

Zavaleta Grández. explicó que la aprobación de este marco normativo permitirá también que todas las instituciones de justicia competentes puedan converger en una unidad inmobiliaria y operen, a efectos de procesar en el más breve plazo posible, todas las incidencias que nazcan producto de un delito en flagrancia.

Detalló que tanto el Ministerio Público como la PNP deben contar con laboratorios básicos para la atención y procesamiento de este tipo de delitos; proporcionar los insumos requeridos para la atención inmediata, a fin de que el sistema de flagrancia funcione oportunamente.

Según expresó el integrante del CEPJ la aprobación del mencionado dictamen permitiría crear una Secretaría Técnica encargada de administrar, controlar y establecer políticas, para que todos puedan converger en un gasto adecuado e invertir exclusivamente en órganos especializados de flagrancia delictiva.

Asimismo, brindará facilidades para que la Fiscalía, la Policía y la Defensa Pública puedan tener a disposición más fiscales a exclusividad, mayor personal a cargo para la defensa, así como equipos e infraestructura para el cuerpo policial respectivamente.

En tanto dijo, que el Poder Judicial podrá ver, además, de los procesos inmediatos por flagrancia, procesos comunes que nacen en un caso en flagrancia. Es decir, casos con cierta complejidad. El marco normativo irá adecuándose de acuerdo a la realidad de la operatividad de las unidades de flagrancia.

De acuerdo a cifras proporcionadas por el representante del Poder Judicial, en Trujillo han ingresado alrededor de 20 mil detenidos de flagrancia en el 2024, de los cuales solamente 2 mil casos pasaron a las unidades de flagrancia, y de esa cifra fueron resueltos el 86% en 24 o 72 horas.

“Nosotros tenemos la capacidad de recibir a todos los detenidos, porque por marco normativo es posible, pero en nuestras unidades no hay medicina legal, ni tampoco laboratorios para peritar; entonces esa información se pierde y también nosotros perdemos operatividad”, remarcó.

Zavaleta Grández instó, finalmente, al Congreso de la República aprobar el proyecto de Ley sobre la creación del Sistema Nacional de Flagrancia, iniciativa que ya fue debatida en la Comisión de Justicia.