OCDE: Perú debe fortalecer protección de jueces y fiscales contra posibles interferencias políticas
Nota de prensaSegún grupo de trabajo, visita a Lima estuvo motivada por preocupaciones sobre la independencia judicial y fiscal.
24 de enero de 2025 - 7:40 p. m.
La Misión de Alto Nivel del Grupo del Trabajo Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) expresó su preocupación ante posibles interferencias políticas que pondrían afectar la independencia judicial y fiscal en el Perú.
El grupo de trabajo, liderado por Kathleen Roussel, sostuvo reuniones días recientes con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi; el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides; el premier Gustavo Adrianzén Olaya; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, entre otros.
“El Perú ha logrado avances significativos en la lucha contra la corrupción, y en los últimos años ha puesto en marcha varias investigaciones contra altos funcionarios, por lo que para mantener este impulso es fundamental que tome medidas proactivas para proteger a los fiscales y jueces de posibles interferencias políticas", afirmó Kathleen Roussel.
La referida misión observó la presentación de iniciativas para inhabilitar a ciertos miembros de la Junta Nacional de Justicia, como una propuesta legislativa para reemplazar la referida institución por una Escuela Nacional de la Magistratura.
“Esta propuesta deberá ser evaluada a fin de evitar un posible impacto en la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de nombramiento y disciplinarios de jueces y fiscales”, resalta el comunicado de la OCDE.
Asimismo, refiere el organismo que las reformas recientes al marco legal del Perú en materia de los acuerdos de colaboración y la incautación de bienes podrían socavar la persecución a los responsables de actos de corrupción.
También consideró que algunos fiscales del Equipo Especial Lava Jato, que coordina las investigaciones del Perú en materia de cohecho vinculadas a la Operación Lava Jato en Brasil, fueron objeto de procesos disciplinarios e investigaciones mientras continúan en sus cargos y en ejercicio.
Para la OCDE estos hechos generan inquietud con respecto a la capacidad para investigar los casos de cohecho internacional, como lo exige la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA
Tras reunirse el miércoles pasado con la Misión de Alto Nivel del Grupo del Trabajo Anticohecho de la OCDE), la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, refirió que dispuso conformación de un grupo de alto nivel para evaluar normativas en materia penal dictadas por el Congreso “sin escuchar la voz de los jueces y juezas”.
“Hemos hecho un análisis profundo de la normativa y en qué medida están afectando, no a la repotenciación del sistema penal, sino más bien a su debilitamiento, y estamos presentando las propuestas de reformas legales que estoy segura que el Congreso va a escuchar”, expresó.
Cabe señalar que el Grupo de Trabajo de OCDE llegó a Lima en el contexto de la implementación de la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, de la cual el Perú es parte desde julio de 2018.
Asimismo, los encuentros tuvieron lugar en el marco del proceso para la adhesión del Perú a la OCDE.
Lima, 24 de enero de 2025
El grupo de trabajo, liderado por Kathleen Roussel, sostuvo reuniones días recientes con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi; el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides; el premier Gustavo Adrianzén Olaya; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, entre otros.
“El Perú ha logrado avances significativos en la lucha contra la corrupción, y en los últimos años ha puesto en marcha varias investigaciones contra altos funcionarios, por lo que para mantener este impulso es fundamental que tome medidas proactivas para proteger a los fiscales y jueces de posibles interferencias políticas", afirmó Kathleen Roussel.
La referida misión observó la presentación de iniciativas para inhabilitar a ciertos miembros de la Junta Nacional de Justicia, como una propuesta legislativa para reemplazar la referida institución por una Escuela Nacional de la Magistratura.
“Esta propuesta deberá ser evaluada a fin de evitar un posible impacto en la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de nombramiento y disciplinarios de jueces y fiscales”, resalta el comunicado de la OCDE.
Asimismo, refiere el organismo que las reformas recientes al marco legal del Perú en materia de los acuerdos de colaboración y la incautación de bienes podrían socavar la persecución a los responsables de actos de corrupción.
También consideró que algunos fiscales del Equipo Especial Lava Jato, que coordina las investigaciones del Perú en materia de cohecho vinculadas a la Operación Lava Jato en Brasil, fueron objeto de procesos disciplinarios e investigaciones mientras continúan en sus cargos y en ejercicio.
Para la OCDE estos hechos generan inquietud con respecto a la capacidad para investigar los casos de cohecho internacional, como lo exige la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA
Tras reunirse el miércoles pasado con la Misión de Alto Nivel del Grupo del Trabajo Anticohecho de la OCDE), la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, refirió que dispuso conformación de un grupo de alto nivel para evaluar normativas en materia penal dictadas por el Congreso “sin escuchar la voz de los jueces y juezas”.
“Hemos hecho un análisis profundo de la normativa y en qué medida están afectando, no a la repotenciación del sistema penal, sino más bien a su debilitamiento, y estamos presentando las propuestas de reformas legales que estoy segura que el Congreso va a escuchar”, expresó.
Cabe señalar que el Grupo de Trabajo de OCDE llegó a Lima en el contexto de la implementación de la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, de la cual el Perú es parte desde julio de 2018.
Asimismo, los encuentros tuvieron lugar en el marco del proceso para la adhesión del Perú a la OCDE.
Lima, 24 de enero de 2025