Poder Judicial ha recuperado más de u$ 155 millones en cinco años de creación del Subsistema en Extinción de Dominio

A cinco de creación del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio (2019-2024), el Poder Judicial ha recuperado para el Estado peruano U$ 155, 786, 788.01, esto a través de sentencias emitidas con las garantías del debido proceso.

Esta importante cifra comprende desde el año 2019 hasta octubre del presente año, según informe estadístico del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, a cargo del juez supremo titular Manuel Luján Túpez.

Precisamente durante la gestión del juez supremo titular (junio del 2023 hasta la actualidad), el subsistema ha registrado la recuperación de importantes montos.

En el presente año, en solo los diez primeros meses, el Poder Judicial ha recuperado para el Estado peruano la cifra récord de U$ 67, 764,801.33, la cifra más alta desde su creación.

En el año 2023, se registró un ingreso de U$ 24,184,169.60, mientras que en 2022 la cifra fue de U$ 18,475,665.31, y en 2021 se logró recuperar U$ 8,586,944.87.

A un año de su creación, en el 2020, el Subsistema de Extinción de Dominio recuperó la suma de U$ 35,691,458,37, una suma bastante superior a la del 2019, en la cual se registró U$ 1,083,748.53.

Según el informe actualizado a octubre de 2024, en los últimos cinco años se han emitido un total de 1,544 sentencias en primera instancia y 754 sentencias en segunda instancia, lo que da un total de 2,298 sentencias durante este quinquenio. Este volumen refleja la continua y creciente actividad jurisdiccional en materia de extinción de dominio en el país.

En lo que va del presente año, de enero a octubre de 2024, se ha registrado la cifra más alta de sentencias emitidas, con 565 en primera instancia y 244 en segunda instancia, lo que representa un notable incremento en la actividad judicial y un fortalecimiento en la labor de recuperación de bienes ilícitos.

El Subsistema de extinción de dominio tiene como uno de sus objetivos fundamentales la recuperación de bienes obtenidos de manera ilícita, independientemente de si la persona está siendo investigada o denunciada penalmente.

Este enfoque se justifica, ya que el derecho penal tradicional enfrenta diversas limitaciones, como la prescripción de los delitos, el uso de testaferros para ocultar la titularidad de los bienes o la sobrecarga del sistema carcelario.

En este contexto, la extinción de dominio se configura como una herramienta jurídica más eficaz, capaz de superar estos obstáculos y contribuir de manera decisiva a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.