Consejo de Estado destaca implementación de 16 unidades de flagrancia para enfrentar a la criminalidad
Nota de prensaEn la sesión realizada en Palacio de Gobierno participó el titular del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela.
5 de noviembre de 2024 - 4:50 p. m.
El Consejo de Estado que se reunió hoy, en Palacio de Gobierno, con la participación de las autoridades de los poderes del Estado, de organismos autónomos y otras, ratificaron la decisión del Estado, a través del Poder Judicial, de continuar con la implementación de las unidades de flagrancia para enfrentar la criminalidad en el país.
La presidenta Dina Boluarte informó que uno de los acuerdos del Consejo, en el tema Justicia y lucha contra el crimen organizado, fue continuar con esta política de Estado que ha permitido implementar 16 unidades de flagrancia a nivel nacional y logrado más de siete mil condenas a la fecha.
En la sesión, participó el titular del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela; el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana; el fiscal de la nación (e), Juan Carlos Villena; el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez; el contralor José Aguilar; entre otras autoridades de organismos autónomos y representantes de la Asamblea de Gobierno Regionales y la Asociación de Municipalidades del Perú.
En conferencia de prensa la mandataria dio cuenta de los acuerdos adoptados en la sesión en temas se seguridad, justicia y lucha contra el crimen organizado, control migratorio y crecimiento económico del país.
Asimismo, se dio cuenta de la suscripción de la Declaración del Consejo de Estado, en el cual las autoridades participantes asumen compromisos para impulsar medidas puntuales en los temas antes indicados.
En el punto referido a Justicia y lucha contra el crimen organizado, se comprometen a consolidar un Estado comprometido en la lucha contra este flagelo, enfocado en construir un país seguro y próspero, no solo para cada familia, sino para la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los jueces y fiscales que trabajan en defensa de la democracia y la seguridad ciudadana.
“Todo ello supone brindar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas los elementos científicos, tecnológicos y logísticos, así como las herramientas e instrumentos para combatir eficazmente el crimen organizado transnacional, que hace uso de tecnología de punta, así como un marco legal más protector que coadyuve a la realización más eficiente de sus labores”, señala el documento.
En cuanto a los jueces y fiscales, dice la Declaración, corresponde realizar todos los esfuerzos para reducir la provisionalidad y lograr la titularidad de todos.
“Los miembros de la Policía Nacional, Fuerzas armadas, Poder Judicial y Ministerio Público deben contar con procedimientos sancionadores céleres y drásticos que permitan el apartamiento de las instituciones, a los servidores y funcionarios involucrados con el crimen organizado”, añade el documento.
Lima, 5 de noviembre de 2024
La presidenta Dina Boluarte informó que uno de los acuerdos del Consejo, en el tema Justicia y lucha contra el crimen organizado, fue continuar con esta política de Estado que ha permitido implementar 16 unidades de flagrancia a nivel nacional y logrado más de siete mil condenas a la fecha.
En la sesión, participó el titular del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela; el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana; el fiscal de la nación (e), Juan Carlos Villena; el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez; el contralor José Aguilar; entre otras autoridades de organismos autónomos y representantes de la Asamblea de Gobierno Regionales y la Asociación de Municipalidades del Perú.
En conferencia de prensa la mandataria dio cuenta de los acuerdos adoptados en la sesión en temas se seguridad, justicia y lucha contra el crimen organizado, control migratorio y crecimiento económico del país.
Asimismo, se dio cuenta de la suscripción de la Declaración del Consejo de Estado, en el cual las autoridades participantes asumen compromisos para impulsar medidas puntuales en los temas antes indicados.
En el punto referido a Justicia y lucha contra el crimen organizado, se comprometen a consolidar un Estado comprometido en la lucha contra este flagelo, enfocado en construir un país seguro y próspero, no solo para cada familia, sino para la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los jueces y fiscales que trabajan en defensa de la democracia y la seguridad ciudadana.
“Todo ello supone brindar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas los elementos científicos, tecnológicos y logísticos, así como las herramientas e instrumentos para combatir eficazmente el crimen organizado transnacional, que hace uso de tecnología de punta, así como un marco legal más protector que coadyuve a la realización más eficiente de sus labores”, señala el documento.
En cuanto a los jueces y fiscales, dice la Declaración, corresponde realizar todos los esfuerzos para reducir la provisionalidad y lograr la titularidad de todos.
“Los miembros de la Policía Nacional, Fuerzas armadas, Poder Judicial y Ministerio Público deben contar con procedimientos sancionadores céleres y drásticos que permitan el apartamiento de las instituciones, a los servidores y funcionarios involucrados con el crimen organizado”, añade el documento.
Lima, 5 de noviembre de 2024