Poder Judicial dictó más de 23 mil sentencias por delitos de homicidio y robo a nivel nacional durante este año
Nota de prensaJuez Oscar Crisóstomo Salvatierra señala que cifra es una muestra de que el Poder Judicial sí responde a la demanda ciudadana de sancionar estos delitos.
4 de noviembre de 2024 - 9:57 a. m.
El Poder Judicial, a través de los órganos jurisdiccionales penales a nivel nacional, dictó 23 906 sentencias y otros autos (resoluciones), en primera y segunda instancia, por los delitos de homicidio y robo, en el periodo de enero a septiembre de este año.
Esto significa que los órganos jurisdiccionales penales dictaron en promedio cada mes 2656 sentencias.
Así consta en un reporte elaborado con información del Sistema de Información Estadística (SIE-PJ).
En los delitos relacionados con los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud (tipificados en los artículos del 106 al 113 del Código Penal) como homicidio simple, homicidio calificado, homicidio culposo, homicidio piadoso, parricidio, feminicidio, sicariato, conspiración para el delito de sicariato y otros, se emitieron 4618, en ese lapso.
De igual modo, en los relacionados con el delito de hurto y robo (tipificados en los artículos del 185 al 189 del Código Penal) como hurto simple, hurto agravado, robo agravado y otros, los órganos jurisdiccionales expidieron 19 288 sentencias.
“Por la forma cómo ha producido (número de sentencias), creemos que el Poder Judicial está cumpliendo su función y está respondiendo a la demanda de la ciudadanía de sancionar estos delitos, que últimamente se ha incrementado”, expresó el juez especializado de la Corte Superior de Lima Norte, Oscar Crisóstomo Salvatierra.
“Todas las figuras agravadas del robo, tipificadas en el artículo 189 del Código Penal, tienen pena de hasta cadena perpetua; es decir, la cifra de que se está dando cuenta tiene que ver con la realidad delincuencial, son los delitos contra el patrimonio los de mayor incidencia en nuestra realidad social”, refirió.
Añadió que el alto nivel de resolución de estos casos, es una respuesta a la ciudadanía que espera que cuando estos casos lleguen a conocimiento de los jueces, sean sancionados en el menor tiempo posible o absueltos si no hay pruebas suficientes.
“Pero también espera que la política criminal del Estado se oriente a prevenir este tipo de delitos a través de un trabajo policial preventivo, así como un trabajo exhaustivo de la Fiscalía para la prevención e investigación”, agregó.
Lima, 4 de noviembre de 2024
Esto significa que los órganos jurisdiccionales penales dictaron en promedio cada mes 2656 sentencias.
Así consta en un reporte elaborado con información del Sistema de Información Estadística (SIE-PJ).
En los delitos relacionados con los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud (tipificados en los artículos del 106 al 113 del Código Penal) como homicidio simple, homicidio calificado, homicidio culposo, homicidio piadoso, parricidio, feminicidio, sicariato, conspiración para el delito de sicariato y otros, se emitieron 4618, en ese lapso.
De igual modo, en los relacionados con el delito de hurto y robo (tipificados en los artículos del 185 al 189 del Código Penal) como hurto simple, hurto agravado, robo agravado y otros, los órganos jurisdiccionales expidieron 19 288 sentencias.
“Por la forma cómo ha producido (número de sentencias), creemos que el Poder Judicial está cumpliendo su función y está respondiendo a la demanda de la ciudadanía de sancionar estos delitos, que últimamente se ha incrementado”, expresó el juez especializado de la Corte Superior de Lima Norte, Oscar Crisóstomo Salvatierra.
“Todas las figuras agravadas del robo, tipificadas en el artículo 189 del Código Penal, tienen pena de hasta cadena perpetua; es decir, la cifra de que se está dando cuenta tiene que ver con la realidad delincuencial, son los delitos contra el patrimonio los de mayor incidencia en nuestra realidad social”, refirió.
Añadió que el alto nivel de resolución de estos casos, es una respuesta a la ciudadanía que espera que cuando estos casos lleguen a conocimiento de los jueces, sean sancionados en el menor tiempo posible o absueltos si no hay pruebas suficientes.
“Pero también espera que la política criminal del Estado se oriente a prevenir este tipo de delitos a través de un trabajo policial preventivo, así como un trabajo exhaustivo de la Fiscalía para la prevención e investigación”, agregó.
Lima, 4 de noviembre de 2024