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ComunicadoComunicado

17 de julio de 2025 - 8:52 a. m.
Ante comunicaciones y el anuncio de movilizaciones dirigidas por dirigentes comunales de Mórrope, agrupados en el denominado: “Frente de Defensa de las Tierras Comunales”, el Proyecto Especial Olmos Tinajones - PEOT, informa a la opinión pública lo siguiente:
1. El área aludida por los comuneros, se encuentra dentro del predio rural inscrito en la Partida Nº 11145172 de la Zona Registral N.º II - Sede Chiclayo, con un área de 22,716.1564 hectáreas, y esta legalmente registrado a nombre del PEOT bajo dominio fiduciario, conforme a contrato de fideicomiso con La Fiduciaria S.A. El área cuenta con georreferenciación técnica de alta precisión.
2. Se ha identificado la ocupación de terrenos por parte de terceros no autorizados, incluyendo a una familia conocida como "Los Valderas", que ha invadido más de 2,000 hectáreas e instalado infraestructura irregular como pozos. Estas acciones son ilegales y vulneran la propiedad del Estado. No existen procesos judiciales activos sobre esta zona, lo cual reafirma la titularidad del PEOT.
3. El PEOT ha sostenido reuniones con dirigentes comunales proponiendo soluciones pacíficas, como el traslado de comuneros empadronados a zonas habilitadas en el norte del predio. Lamentamos que, tras el diálogo que un equipo técnico de la institución sostuvo con los ocupantes de la zona, el pasado 4 de julio, luego se hayan difundido acusaciones infundadas, lo cual debilita la confianza y obstaculiza soluciones.
4. Exhortamos a la población a no dejarse engañar por supuestas ventas de terrenos en esta área. Se ha detectado la presencia de grupos organizados que trafican con tierras del Estado, estafando a ciudadanos mediante falsas promesas de propiedad.
Desde el PEOT, invocamos a las autoridades regionales, locales, al Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, a actuar frente a estas mafias. La población debe actuar con serenidad y rechazar la violencia. La defensa del patrimonio estatal y la paz social se encuentran en juego. La institución reitera su voluntad de diálogo, dentro del marco legal, para abordar soluciones reales y ordenadas que respeten los derechos comunales legítimos y la propiedad pública estatal.
1. El área aludida por los comuneros, se encuentra dentro del predio rural inscrito en la Partida Nº 11145172 de la Zona Registral N.º II - Sede Chiclayo, con un área de 22,716.1564 hectáreas, y esta legalmente registrado a nombre del PEOT bajo dominio fiduciario, conforme a contrato de fideicomiso con La Fiduciaria S.A. El área cuenta con georreferenciación técnica de alta precisión.
2. Se ha identificado la ocupación de terrenos por parte de terceros no autorizados, incluyendo a una familia conocida como "Los Valderas", que ha invadido más de 2,000 hectáreas e instalado infraestructura irregular como pozos. Estas acciones son ilegales y vulneran la propiedad del Estado. No existen procesos judiciales activos sobre esta zona, lo cual reafirma la titularidad del PEOT.
3. El PEOT ha sostenido reuniones con dirigentes comunales proponiendo soluciones pacíficas, como el traslado de comuneros empadronados a zonas habilitadas en el norte del predio. Lamentamos que, tras el diálogo que un equipo técnico de la institución sostuvo con los ocupantes de la zona, el pasado 4 de julio, luego se hayan difundido acusaciones infundadas, lo cual debilita la confianza y obstaculiza soluciones.
4. Exhortamos a la población a no dejarse engañar por supuestas ventas de terrenos en esta área. Se ha detectado la presencia de grupos organizados que trafican con tierras del Estado, estafando a ciudadanos mediante falsas promesas de propiedad.
Desde el PEOT, invocamos a las autoridades regionales, locales, al Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, a actuar frente a estas mafias. La población debe actuar con serenidad y rechazar la violencia. La defensa del patrimonio estatal y la paz social se encuentran en juego. La institución reitera su voluntad de diálogo, dentro del marco legal, para abordar soluciones reales y ordenadas que respeten los derechos comunales legítimos y la propiedad pública estatal.