PCM trabajará con gobiernos regionales para impulsar el saneamiento legal de los límites departamentales en todo el país

Con el objetivo de promover una mejor gestión del territorio en el Perú, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial (SDOT), impulsa el proceso de demarcación territorial de las 196 provincias y 24 departamentos del país, en trabajo coordinado con los organismos técnicos de los gobiernos regionales.

En esa línea, la SDOT llevará a cabo un taller con diversas entidades públicas con el objetivo de brindar alcances del Sistema Nacional de Demarcación y Organización Territorial, el cual regirá sobre las entidades públicas con competencias y funciones en asuntos de delimitación y organización territorial.

Asimismo, durante el año se realizarán visitas a los GORE para brindar asistencia técnica a los órganos técnicos encargados de los procesos de saneamiento legal de límites territoriales y se organizarán talleres sobre la normativa y las metodologías del proceso de demarcación.

Como se recuerda, en el proceso de demarcación interdepartamental, la SDOT trabaja con los equipos técnicos de los GORE para alcanzar un acuerdo de límites. De lograrse el consenso, los gobernadores regionales involucrados suscribirán un acuerdo que deberá ser ratificado por sus respectivos consejos regionales.

En el caso de los procesos de demarcación intradepartamental relacionado a las provincias, la SDOT tiene por competencia evaluar y emitir opinión vinculante sobre el Estudio de Diagnóstico y Zonificación (EDZ) y el Expediente Único de Saneamiento y Organización Territorial (SOT) que elabora cada GORE, y que deberá ser aprobado por su consejo regional.

En ambos casos, tras lograr el consenso en todas las instancias regionales, la SDOT procede a elaborar el anteproyecto de ley de saneamiento y organización territorial de los límites en cuestión.

Cabe indicar que contar con límites saneados y con una eficiente organización territorial contribuye con el ejercicio de las buenas prácticas de gestión y gobernanza territorial. Esto permitirá tener una adecuada provisión y prestación de bienes y servicios públicos.