PCM: 24 mil Declaraciones Juradas de Interés están al servicio de los ciudadanos

Próximos a finalizar el año 2019, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) hizo un balance de las principales medidas dispuestas en materia de integridad pública. En ese marco, destacó los avances en la prevención de conflictos de intereses, la regulación del lobby y la implementación de la función de integridad en las entidades de la administración pública.

Es así que, debido a los riesgos de corrupción derivados de conflictos de intereses, se establecieron medidas para evitar el aprovechamiento de la función pública con fines personales. En esa línea, con la expedición del Decreto de Urgencia N°020-2019 se dispuso -mediante norma con rango de Ley- la presentación obligatoria de la Declaración Jurada de Intereses para los funcionarios y servidores con capacidad de decisión y manejo de recursos en todas las entidades de la administración pública.

A la fecha, más de 24 mil declaraciones juradas de intereses están a disposición de los ciudadanos, quienes pueden conocer los vínculos e intereses comerciales, institucionales, partidarios, profesionales y personales de los principales funcionarios. Cabe señalar, que esta medida fue reconocida en octubre como una buena práctica de gestión pública por la organización Ciudadanos al Día.

De otro lado, mediante el D.S. N°120-2019-PCM, este año se aprobó un nuevo reglamento para la gestión de intereses (lobbys) ante la administración pública. Dicha medida estableció la obligación de los funcionarios con capacidad de decisión de registrar los actos de gestión de intereses que realicen los particulares en las entidades públicas, a través de un sistema único de registro de visitas en línea. De esta manera, se espera incrementar la capacidad preventiva del Estado frente al lobby, el cual constituye una actividad legítima en tanto se realice de manera abierta, correcta y transparente.

Al respecto, Susana Silva Hasembank, secretaria de Integridad Pública de la PCM, señaló que estas decisiones “constituyen medidas que hacían falta establecer, a fin de facilitar la adopción de nuevos y mejores estándares de integridad, para prevenir y gestionar riesgos de corrupción y otras prácticas cuestionables en la administración pública”.

Por otro lado, en marzo pasado, la OCDE entregó al presidente de la república, Martín Vizcarra un estudio denominado “Las Oficinas de Integridad Institucional en el Perú”, en cuya presentación se reconoció la importancia de elevar los estándares de integridad a través de instancias de articulación dentro de las entidades públicas, destacando el rol rector de la Secretaría de Integridad Pública en el desarrollo de un Sistema Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción eficaz y coherente.

Asimismo, nuestro país logró aprobar satisfactoriamente la primera fase de evaluación del Grupo Antisoborno de la OCDE, que examinó la adecuación normativa del Perú para enfrentar el cohecho transnacional, es decir, el soborno a un funcionario público en el extranjero. Al respecto, Silva Hasembank destacó este proceso; pues ello, garantizará contar con mecanismos efectivos para sancionar a quienes desde el sector privado pudieran actuar fuera del país como lo hicieron Odebrecht y otras empresas extranjeras en el Perú.

Finalmente, la Secretaria de Integridad Pública indicó que el próximo año regirán disposiciones que regularán la aceptación de regalos y atenciones a los funcionarios y autoridades en todo el aparato público. Asimismo, se pondrán a disposición nuevas plataformas que funcionarán de manera interoperable, para facilitar el registro y monitoreo de los actos de gestión de intereses y las alertas o denuncias de corrupción ante las entidades de la administración pública.

En ese sentido, señaló que “para elevar como país nuestros estándares de integridad pública, necesitamos del compromiso y la participación de todos: Estado, empresa y ciudadanía. Contamos con nuevas reglas de juego y junto con la innovación digital que impulsa el gobierno, tendremos herramientas más eficaces para enfrentar la corrupción y promover un país más íntegro de cara a nuestro Bicentenario”, concluyó la funcionaria.

Sobre la Secretaría de Integridad Pública

Creada en abril de 2018, esta secretaría es el órgano encargado de ejercer técnicamente la rectoría de la Estrategia Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. En virtud de ello, desarrolla los mecanismos e instrumentos necesarios para establecer una cultura de integridad en el país y fortalecer las capacidades de prevención del Estado frente a la corrupción.

Lima, 21 diciembre de 2019

Oficina de Prensa e Imagen Institucional