PCM: “Gobierno nacional implementa política de Estado de prevención de conflictos con desarrollo territorial”

El jefe de Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, resaltó que el Gobierno nacional lleva a cabo una política de Estado para la prevención de conflictos sociales con desarrollo territorial. 

 

El premier detalló que, a través del viceministerio de Gobernanza Territorial, en todo el país se ha desplegado personal para prevenir conflictos o poder resolverlos en cuanto se presenten. Además, enfatizó que la solución, en la mayoría de los casos, se ha dado a través del diálogo. 

 

“Existe una política de Estado para prevenir conflictos. En todo el país está el personal del viceministerio de Gobernanza Territorial para poder prevenir los conflictos y, cuando estos se producen los hemos resuelto, la mayoría de ellos a través del diálogo”, manifestó. 

 

En ese sentido, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD), del referido viceministerio, informó que continúa en su propósito de hacer prevalecer el diálogo entre los ciudadanos involucrados en conflictos sociales, de acuerdo con la disposición del Gobierno de privilegiar el consenso.

 

Para ello, se han desarrollado metodologías e instrumentos de trabajo que permiten atender la conflictividad social de una manera técnica y profesional, logrando desactivar casos en crisis encauzándolos a espacios de diálogo, en donde las partes buscan soluciones a las demandas. 

 

De esta manera, se logró desescalar conflictos en riesgo inminente. De 22 registrados en enero 2022, se pasó a registrar 16 conflictos en marzo del 2022. Por otro lado, gracias a la labor de la SGSD se gestionaron y desescalaron crisis, con la instalación de diferentes espacios de diálogo en las ciudades de Loreto, Ica, Moquegua, Junín, entre otros.

 

En el caso del bloqueo del Lote 8, operado por Pluspetrol, en Loreto, se acordó la implementación de un proceso de consulta previa en el ámbito de las comunidades a ese lote petrolero. 

 

También en Loreto, se orientó las demandas de la Plataforma de Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera de Loreto (PAAP) y se levantaron las medidas de fuerza en el Lote 95. Se acordó la creación de una mesa técnica para analizar la situación de comunidades afectadas por la actividad petrolera y la implementación de un fondo desarrollo.

 

Igualmente, se logró la instalación de una Mesa Ejecutiva de Alto Nivel para analizar la problemática de la ganadería lechera del país y generar alternativas de solución a corto, mediano y largo plazo. 

 

A través del comité de prevención de conflictos de la región Moquegua, integrados por la Prefectura, MIDAGRI y PNP, se logró el levantamiento de las medidas de fuerza de la comunidad campesina de Tumilaca Pocata Coscore y Tala en contra de la unidad minera de Cuajone, de la empresa Southern Perú. Se instaló una mesa de diálogo y ya se llevó a cabo una primera reunión de trabajo. 

 

En cuanto al paro nacional indefinido de transportistas, agrarios y por el alza de costo de vida, principalmente en Ica y Junín, por gestiones de la SGSD se logró reunir a representantes de los transportistas y gremios agrarios con los ministerios de Transportes y Comunicaciones y Desarrollo Agrario y Riego. Se lograron compromisos que permitieron levantar las medidas de protesta.

 

Sobre la controversia entre las comunidades campesinas de Choaquere, Chilla, Fuerabamba, Huancuire y Pumamarca con la empresa minera Las Bambas, el Ejecutivo ha desplegado acciones para lograr entendimientos favorables para ambas partes. 

 

Las acciones han sido lideradas por el titular del Ministerio de Energía y Minas, el viceministro de Gobernanza Territorial y el secretario de la SGSD, con visitas y presencia permanente en el territorio. Hasta la fecha, se continúa la voluntad de encaminar el diálogo, procurando privilegiar un clima de paz, tranquilidad y respeto. 

 

El Viceministerio de Gobernanza Territorial y la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM gestionan los conflictos sociales como oportunidad para promover el desarrollo territorial orientado a la gobernabilidad democrática en donde se propicie la participación de todas las partes en una búsqueda común de su desarrollo.