Gobierno aprueba marco normativo para fortalecer labor de comisiones regionales anticorrupción

Con el propósito de fortalecer los espacios de participación y coordinación estratégica en materia de integridad y lucha contra la corrupción, la Presidencia del Consejo de Ministros publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 169-2021-PCM, con disposiciones que regulan el funcionamiento de las comisiones regionales anticorrupción.

 

Las comisiones regionales anticorrupción son espacios de coordinación estratégica que reúnen a representantes de instituciones del sector público, el sector privado y la sociedad civil vinculados a la lucha contra la corrupción en el ámbito de sus territorios. Si bien cada departamento cuenta con una comisión regional instalada, antes de la emisión de esta norma, se carecía de un marco normativo específico que estableciera un marco homogéneo para el desarrollo de sus actividades.

 

En esa línea, la norma establece parámetros para la conformación, funcionamiento, desarrollo de sesiones, funciones de la presidencia y la secretaría técnica, así como los deberes y derechos de los representantes de las instituciones participantes en las Comisiones Regionales Anticorrupción. 

 

Asimismo, señala funciones como proponer al gobierno regional acciones de corto, mediano y largo plazo sobre la materia; promover la implementación de estándares de cumplimiento en materia de integridad y lucha contra la corrupción, asegurando, entre otros, su incorporación en el Plan de Desarrollo Concertado de la región. 

 

De otro lado, se dispone la presentación de un Plan Anual de Trabajo, el cual deberá contener el cronograma de sesiones ordinarias, la relación de acciones a realizar e informes a presentar sobre problemáticas específicas de la región vinculadas a la corrupción, así como la programación de actividades de difusión o sensibilización sobre la materia. 

 

Cabe señalar que los alcances del Decreto Supremo N° 169-2021-PCM fueron presentados por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros en las sesiones de trabajo de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción contando con el respaldo de sus miembros. En esa línea, la Defensoría del Pueblo destacó la reciente publicación de esta norma, a fin de regular el funcionamiento de las comisiones regionales “y otorgar mayor dinamismo al trabajo de este espacio de coordinación interinstitucional responsable de implementar la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción de acuerdo al contexto particular de cada departamento”.

Entre las obligaciones establecidas para sus miembros, la norma señala el deber de suscribir un Compromiso de Integridad con la finalidad de asegurar su participación activa; así como de apartarse voluntariamente de la Comisión en caso sean sujetos de una sanción administrativa firme, proceso penal en la etapa de juicio oral o condena penal en primera instancia por delito doloso, al reconocer que ello podría afectar la legitimidad de su participación en representación de la entidad.

 

En concordancia con la ejecución progresiva de los estándares de integridad que se vienen implementando para las entidades del sector público, el marco legal vigente y recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, la norma establece que la unidad que ejerce la función de integridad en el gobierno regional, también asuma la secretaría técnica de la Comisión Regional Anticorrupción, con funciones sobre las que deberá dar cuenta a la presidencia y los miembros de la comisión regional. 

 

La Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros brindará asesoramiento y asistencia técnica, para lo cual articulará y coordinará con los gobiernos regionales y las Comisiones Regionales Anticorrupción la implementación de la norma y, por consiguiente, hará seguimiento a la adecuación normativa que corresponda en el plazo de tres (3) meses contados desde su entrada en vigencia. Asimismo, se establecerá un mecanismo de reporte para el seguimiento y monitoreo permanente de las comisiones regionales anticorrupción, para dar cuenta de su labor a la ciudadanía.