Se lograron más de 1,000 acuerdos producto de reuniones digitales, señala la PCM en informe sobre conflictividad social enero-junio 2021
Nota de prensaReporte Willaqniki indica que en estos encuentros participaron funcionarios públicos, autoridades locales y provinciales, líderes sociales y representantes del sector privado y de la sociedad civil.
Fotos: PCM
20 de julio de 2021 - 12:30 p. m.
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) cerró su informe de diálogo correspondiente al primer semestre del 2021, dando cuenta de que se lograron 1,068 acuerdos en un total de 1,464 reuniones digitales en las que participaron funcionarios del Ejecutivo nacional, autoridades locales y provinciales, líderes sociales, además de representantes del sector privado y de la sociedad civil organizada.
La intervención de la PCM, a través de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, ha permitido la emisión de alertas tempranas en los casos de mayor conflictividad regional, así como la gestión profesional de los espacios de diálogo para evitar el escalamiento de los conflictos a niveles de crisis. Así lo plasma la reciente edición del Reporte Willaqniki, de junio 2021, el último en presentarse en el ámbito de la gestión gubernamental del Presidente Francisco Sagasti y la premier Violeta Bermúdez.
Dicho informe presenta, en esa línea, un recuento de todas intervenciones de la PCM a nivel nacional en las que, gracias a un trabajo articulado con los sectores y con los gobiernos regionales y locales, se evitaron diversos conflictos que ponían en riesgo el orden público, la gobernabilidad democrática y la afectación a derechos fundamentales.
Cifras de la conflictividad social
Al respecto, el documento reporta en el período enero-junio 2021, un total de 196 conflictos sociales activos a nivel nacional, 28 de los cuales se encuentran en estado crítico, 89 en riesgo inminente, 48 en nivel intermedio y 31 en estado inicial o de manifestación temprana.
Se precisa que el 34% de los conflictos sociales registrados corresponden a problemáticas socioambientales derivadas de la actividad minera; el 20% a reclamos por gestión de recursos públicos; y el 10% a demandas por afectaciones ambientales en el sector de hidrocarburos.
La PCM también registra conflictos por disputas de demarcación territorial (6%), desacuerdos laborales-gremiales (4%), problemas de transporte (5%), infraestructura (3%), hídricos (3%) y otros.