Gobierno aprueba decreto que establece regulaciones claras y transparentes que eliminan potenciales espacios para la corrupción

El Gobierno de transición y emergencia dio un paso trascendental en la reforma regulatoria orientada a lograr un Estado moderno que genere confianza y un mejor servicio a la población, al aprobar, mediante el Decreto Supremo N° 063-2021-PCM, el Reglamento de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), el cual permitirá medir y evaluar sistemáticamente los impactos, costos y beneficios de los proyectos normativos de alcance nacional propuestos desde el Poder Ejecutivo.

La mencionada norma fue publicada hoy en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, y precisa que la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros aprueba el Plan de Implementación Progresiva de dicho reglamento, el cual será aplicado en las entidades del Poder Ejecutivo; primero, en una fase piloto; y a partir del segundo semestre del año 2022 de manera obligatoria. 

 

A través de dicho reglamento se cambia la actual práctica regulatoria, que genera espacios potenciales de corrupción; hacia regulaciones claras, entendibles, coherentes que incrementen los espacios de integridad en la administración pública, en la economía y en la sociedad.

 

Asimismo, se elimina la práctica de implementación de regulaciones discrecionales, por lo general prescriptivas y mal diseñadas, hacia una situación de análisis e identificación del problema público que permitan la toma de decisiones basadas en evidencia y en innovación.

 

En ese sentido, se moderniza el Estado con un enfoque transparente, de rendición de cuentas y fomentando la predictibilidad, la participación proactiva de los ciudadanos y los grupos de interés de la economía y sociedad, a través de la agenda temprana y por medio de la consulta pública. 

 

Ante la actual coyuntura sanitaria mundial y considerándose imperativo promover la competitividad económica, el Reglamento AIR permite girar hacia una gestión regulatoria de calidad. Para tal efecto, se orienta a incrementar la competitividad y las oportunidades económicas del Perú, reduciendo las cargas administrativas y burocráticas a las empresas, y propiciando una práctica y cultura regulatoria anticipativa y proporcional y asertiva. 

Cabe indicar que el proceso regulatorio en el Perú se inició en 2017 a través del Análisis de Calidad Regulatoria, que permitió eliminar en el 2019 más del 30 % de procedimientos administrativos del Poder Ejecutivo. En el 2021, con la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio, se apoyará la modernización del Estado y la agilización del aparato administrativo con el objetivo de apoyar al sector empresarial y servir mejor a los ciudadanos. Asimismo, se abre un espacio de influencia y apoyo proactivo a la reforma regulatoria al sector privado, a la academia y a la sociedad civil a través de una Comisión Consultiva.