“Recuperemos la confianza y la esperanza”

Muy buenos días,

El día de hoy, venimos a solicitar la confianza del Congreso de la República a la política general del gobierno y a las principales medidas que requiere nuestra gestión. La permanencia y continuidad del gabinete que presido, nombrado por el señor Presidente de la República, requiere de la confianza y del respaldo político del Congreso que representa a la voluntad popular. Así lo dispone el artículo 130 de la Constitución vigente y el artículo 82 del Reglamento del Congreso, que indica que el gabinete requiere de la confianza de la Representación Nacional y por eso, nos encontramos en este recinto parlamentario.

Desde el inicio de la República, el Perú apostó por un régimen presidencial, donde el Presidente es, a la vez, Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, inspirándose en el modelo norteamericano. Sin embargo, a lo largo de la historia se fueron introduciendo instituciones procedentes de regímenes parlamentarios europeos.

La Constitución de 1856 introdujo al Consejo de Ministros. La Ley de Ministros de 1862 incorporó la figura del presidente del Consejo de Ministros. La Constitución de 1933 introdujo la cuestión de confianza (artículo 174) y, además, dispuso que el Consejo de Ministros, al asumir sus funciones, concurrirá al Congreso para exponer y debatir “el programa general de gobierno y las principales medidas políticas y legislativas que requiera su gestión”. La Constitución vigente ratificó esta obligación del Presidente del Consejo de Ministros agregando que “plantea al efecto cuestión de confianza”. A esta figura se conoce como el “voto de investidura”. Es lo que hoy decidirá el Congreso luego del debate correspondiente.

Utilizando las palabras que Víctor Andrés Belaunde expresó en 1914, la crisis actual es una “crisis intensa que, con repercusiones en el orden económico, se halla en la esencia de las instituciones políticas”. El gobierno del Presidente Sagasti pretende devolverle al país la confianza y la esperanza. Para ello, hemos planteado un conjunto de medidas que sintetizaremos a continuación para las cuales requerimos el respaldo del Congreso. En una democracia es indispensable un trabajo conjunto del Ejecutivo con la institución que representa a todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Tenemos el desafío de mostrar a la ciudadanía que podemos trabajar juntos — Congreso y Poder Ejecutivo— por el bien del país, y por todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú.

Estamos a menos de cinco meses de las elecciones generales y a ocho meses del bicentenario de nuestra independencia. Entendemos que todos, peruanos y peruanas queremos paz, confianza, unión y esperanza en el futuro de nuestra Nación, pero queremos esta paz, confianza y esperanza plasmadas en acciones concretas orientadas hacia el bien común. Al asumir la más alta magistratura de la Nación, el Señor Presidente de la República expuso las líneas maestras para nuestra gestión, indicando que es lo que se propone hacer el gobierno de transición y emergencia. Hoy venimos a exponerles cómo lo haremos, con la intención de responder a las expectativas de la ciudadanía, y en particular de nuestra juventud, buscando devolverle la confianza y la esperanza, en este breve período de transición y emergencia durante el cual estaremos a cargo del gobierno.

Tenemos la convicción de que nuestro Estado tiene que llegar donde sus ciudadanos y ciudadanas se encuentren. Existen ciertas barreras que han impedido que dicho propósito se cumpla: el centralismo, sin duda, pero también la corrupción y la desatención. En este corto periodo los sectores trabajarán coordinadamente, tanto entre sí, como con las autoridades locales y regionales para hacer efectiva la gestión descentralizada al servicio de las personas. Son cinco las áreas que priorizaremos en este gobierno de transición y de emergencia:

1. Elecciones, neutralidad y transferencia ordenada.

2. Lucha contra la pandemia.

3. Reactivación económica.

4. Educación para todos nuestros estudiantes.

5. Fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción.

Asimismo, orientarán la política del gobierno algunas materias transversales como: la seguridad ciudadana, la igualdad de oportunidades y no discriminación; y la ciencia, tecnología e innovación.

1. Elecciones, neutralidad y transferencia ordenada

En todo Estado Constitucional, los procesos electorales son imprescindibles para que la población exprese su voluntad y elija a quienes serán los que orienten los destinos del país. El rol del Ejecutivo, en este contexto, es coadyuvar a que las elecciones se realicen con garantía de transparencia y neutralidad.

Nuestro compromiso con las elecciones, son las elecciones democráticas, libres y limpias, y este compromiso se expresa, respetando de manera irrestricta la neutralidad del sector público en el proceso electoral. Adoptaremos medidas para que todos nuestros servidores y servidoras públicas sean conscientes de la importancia del deber de neutralidad y fortaleceremos la interconexión de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano, con el objeto de que el incumplimiento de este deber pueda ser reportado por cualquier persona de forma accesible e inmediata garantizando la confidencialidad. Asimismo, a través de las Oficinas de Integridad Institucional de cada entidad, abriremos espacios de orientación y consulta para la gestión de dudas y problemas éticos. En los próximos días, emitiremos un Decreto Supremo con disposiciones expresas sobre la conducta de las servidoras y los servidores públicos durante la campaña y el período electoral y todo este periodo de comicios electorales que se avecinan.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se apoyará al Jurado Nacional de Elecciones, para la participación de misiones internacionales de Observación Electoral, y se apoyará en la instalación de mesas de sufragio en más de 79 países.

Nuestras Fuerzas Armadas brindarán seguridad y cooperación durante las elecciones generales en los 16 mil 652 locales de votación a nivel nacional, cumpliendo con las disposiciones emitidas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y en coordinación con el Ministerio de Salud. Las Fuerzas Armadas también apoyarán en el traslado del material electoral a las zonas de emergencia, siempre que la Oficina Nacional de Procesos Electorales así lo requiera.

Como gobierno de transición y emergencia tenemos encargos específicos. Uno de nuestros compromisos, quizás de los más importantes, es garantizar una transferencia de gestión gubernamental ordenada y responsable al próximo Gobierno del periodo 2021-2026.

En concordancia con la normativa de la Contraloría General de la República que aprueba los lineamientos preventivos para la transferencia de gestión de las entidades del Gobierno Nacional, el Ejecutivo realizará dicha transferencia de manera ordenada, dando cuenta del nivel de cumplimiento de los objetivos y la situación de los sistemas administrativos. A partir de enero de 2021, todas las entidades públicas a cargo del Poder Ejecutivo crearán Comisiones para este fin. Tan importante como tener elecciones libres y legítimas es que el nuevo Gobierno inicie su administración bien informado y con los reportes de gestión que den cuenta de los avances y desafíos de cada sector. Ese es nuestro deber, pero también es nuestro compromiso.

2. Lucha contra la pandemia

Todos y todas sabemos que hemos perdido a miles de compatriotas, debido a la COVID-19, hemos perdido familiares y muchas personas queridas. Asimismo, hemos sido testigos de la entrega y sacrificio del personal médico, enfermeras, enfermeros, técnicos y técnicas de la salud que han dado todo de sí para cuidarnos y salvarnos la vida, en algunos casos aún a costa de sus propias vidas. Todo nuestro reconocimiento y homenaje a ellas, ellos y sus familias.

Como lo hemos mencionado, no solo somos un Gobierno de transición, sino también un gobierno de emergencia. El encargo que se nos ha encomendado es gestionar nuestro país durante una de las más grandes crisis que hemos enfrentado como nación. No podemos bajar la guardia, no podemos confiarnos en ningún momento.

Garantizaremos el cumplimiento de las medidas preventivas en la población a través del espacio web “No bajemos la guardia”, la plataforma de Telesalud y el trabajo en promoción de la salud. Haremos de Telesalud y del Sistema de Entrega de Medicamentos a Pacientes, recursos de atención clínica general y de salud mental.

Del mismo modo, continuaremos impulsando la incorporación del enfoque intercultural en la prestación de los servicios públicos. Conduciremos la articulación intergubernamental a través del Consejo Nacional de Salud y los Consejos Regionales de Salud para enfrentar una eventual segunda ola.

Conscientes de que todo lo anterior se hace posible con personal de salud motivado, con condiciones laborales dignas y permanentemente actualizado, sentaremos las bases para ordenar y mejorar la situación de los trabajadores de salud: empezaremos a cuidar a los cuidadores.

La presencia de la COVID 19 en nuestro país nos ha demostrado, una vez más, que la unión y la colaboración en toda la sociedad es esencial para enfrentar con éxito situaciones críticas y amenazas. Como ejemplo de trabajo articulado, tenemos el apoyo de las Fuerzas Armadas en la fabricación de respiradores “SAMAY”, la reparación de ventiladores mecánicos por parte de la FAP y el MINSA, y la fabricación de cámaras de aislamiento intrahospitalario para reducir la cantidad de personal médico contagiado. Asimismo, continuaremos con las operaciones TAYTA para atender a las poblaciones más vulnerables en sus viviendas. Esta operación es ejecutada por equipos de respuesta rápida integrados por médicos, enfermeras y técnicos de salud, que articulan los esfuerzos de los Ministerios de Salud, Interior y EsSalud con los gobiernos regionales y locales.

Para proteger a la población indígena u originaria, seguiremos trabajando en el “sistema de alertas de casos sospechosos” y asegurando la entrega de alimentación en zonas con población indígena, en coordinación con el Programa Qali Warma y el Programa de Plataformas de Acción para la Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

En coordinación entre los ministerios de Salud, Justicia y Derechos Humanos, se están tomando las previsiones para la contención de un posible segundo rebrote de la COVID-19 en los centros penitenciarios y centros juveniles. Realizaremos campañas de salud en beneficio de los adolescentes en conflicto con la ley penal, dotaremos de Equipos de Protección Personal y continuaremos con los tamizajes para el diagnóstico de la COVID-19.

La institución policial ha sido una de las más golpeadas por la COVID-19. Al estar en la primera línea de atención, un total de 513 policías en actividad han fallecido, a la par que más de 35 mil han dado positivo a esta dura enfermedad. A todos ellos y sus familias, nuestra solidaridad y gratitud. No obstante, lamentamos, los casos de corrupción en la adquisición de suministros de protección frente a la Covid-19, y aseguramos la investigación y sanción a los responsables.

Probablemente el aspecto más complejo de la lucha contra la COVID-19 es el programa de vacunación. Nunca en la historia de la medicina se han desarrollado nuevas vacunas en menos de un año, ya que normalmente esto toma entre cinco y diez años. La creación, producción, distribución y aplicación de cientos de millones de vacunas en el ámbito mundial es un desafío sin precedente, especialmente para países como el Perú, que tenemos limitaciones logísticas y financieras.

Estamos negociando activamente con varios proveedores de vacunas, con el objetivo de obtener vacunas seguras, oportunas y a un costo razonable. Estos procesos de negociación son largos y complejos, involucran a muchos actores, y se realizan bajo condiciones de incertidumbre debido a que los ensayos clínicos de estas vacunas, en muchos casos, aún no han culminado, las facilidades para su fabricación no están del todo disponibles, y la información se actualiza día a día. No obstante, el gobierno de transición y emergencia está haciendo todo lo posible para iniciar el proceso de vacunación el primer trimestre de 2021.

Asimismo, las dificultades logísticas para almacenar y distribuir las vacunas, que requieren condiciones estrictas de refrigeración, representan desafíos extraordinarios, especialmente debido a las características de nuestra difícil geografía. Bajo la coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Salud y sus diversas dependencias, EsSalud, las Fuerzas Armadas, los gobiernos regionales y locales, empresas privadas, gremios profesionales y empresariales, organizaciones de la sociedad civil, iglesias, y un gran número de voluntarios y voluntarias, participarán activamente en la distribución de vacunas en todo el territorio nacional. Estamos elaborando un plan estratégico de distribución para poner al alcance de toda la población las vacunas a lo largo de 2021. Esta será una tarea que quedará para continuarse implementando por el siguiente gobierno.

Complementando lo que haremos para combatir la pandemia, a propuesta del Acuerdo Nacional, hemos diseñado la estrategia Hambre Cero, una intervención temporal que contribuirá a la reducción de brechas de pobreza extrema e inseguridad alimentaria, que se ha incrementado como resultado de la COVID-19. Esta intervención parte de un enfoque territorial que llegará, de manera focalizada, gradual y diferenciada, a la población más vulnerable de ámbitos urbanos y rurales, en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 y la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Contemplará tres componentes: (i) Igualdad para la producción y suministro de alimentos, con énfasis en la agricultura familiar y desarrollo de infraestructura social y capacidades productivas, (ii) compra y entrega de alimentos, y (iii) articulación territorial de intervenciones para la reducción de la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria.

Hambre Cero será una intervención de alcance intersectorial e intergubernamental, liderada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en coordinación con los ministerios de Economía y Finanzas, Desarrollo Agrario y Riego, Ambiente, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Producción y la Presidencia del Consejo de Ministros; así como en alianza estratégica con Gobiernos Regionales y Locales y en diálogo permanente con el Acuerdo Nacional. Además, Hambre Cero se articula con las iniciativas privadas.

3. Reactivación económica

A pesar del severo impacto de la pandemia en el país, la economía peruana muestra signos de recuperación. Sin embargo, los niveles de producción y empleo aún son menores a los observados antes de la llegada de la COVID-19. Por ello, resulta fundamental trabajar en la reactivación del aparato productivo, reto importante en un contexto en el que la pandemia aún no ha terminado.

La reacción oportuna y adecuada de la política monetaria y fiscal, gracias a la institucionalidad y fortalezas construidas, ha permitido salvaguardar al país de la peor crisis económica de las últimas décadas. El objetivo de este gobierno de transición y de emergencia es reactivar nuestra economía, pero sin poner en riesgo la salud de la población.

Si bien los indicadores de los últimos meses muestran que la economía peruana no ha recuperado el ritmo de crecimiento y seguimos en territorio negativo con respecto al período prepandemia, prevemos que en unos meses la economía peruana volverá a registrar tasas positivas de crecimiento. Estamos trabajando articuladamente con todos los sectores. La reactivación económica y la lucha contra la COVID-19 serán prioridades de este gobierno de transición y emergencia, pero ello requerirá del trabajo conjunto que podamos hacer con el Congreso de la República.

Por el lado de la política fiscal, continuaremos avanzando en la implementación de medidas para acelerar la inversión pública, la cual está ayudando a darle impulso a nuestra economía, gracias al esfuerzo coordinado de los tres niveles de gobierno y al cumplimiento de un esquema de ejecución basado en metas.

Desde la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios promoveremos la participación de empresas regionales y locales en los procesos de contratación de gobierno a gobierno teniendo como socios estratégicos a las cámaras de comercio regionales. Continuaremos con el programa Arranca Perú, en especial con los recursos destinados al mantenimiento periódico y rutinario de vías vecinales en 190 municipalidades provinciales; así como, con el programa PROREGIÓN.

La Autoridad de Transporte Urbano continuará con la implementación de un sistema de pagos con tarjeta única y sin contacto, que sea válido en todos los servicios actuales del transporte de Lima y Callao. Esto beneficiará a los usuarios facilitando sus desplazamientos y contribuirá a mitigar los riesgos del contagio de la COVID-19 en el transporte público.

Ya está claro que la crisis de la COVID-19 tendrá un impacto fiscal significativo, que se reflejará en niveles de déficit fiscal y de deuda pública atípicos para nuestra economía. El gobierno de transición y emergencia se compromete a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y trazar el camino hacia la recuperación fiscal y de los recursos utilizados durante la crisis: mantendremos el equilibrio fiscal y la prudencia en el gasto público.

A pesar del deterioro de las cuentas fiscales, la responsabilidad de la política económica en los últimos 30 años ha permitido que la confianza de los mercados e inversionistas en el Perú se mantenga intacta. Como prueba de ello, la semana pasada, a pesar del contexto político reciente, nuestro país realizó la emisión de bonos más exitosa de nuestra historia, colocando bonos a tasas de interés 10 razonable y plazos largos —incluyendo por primera vez un bono a 100 años— y recibió la ratificación de su calificación crediticia. Con ello, el Perú se mantiene como el único país de la región que, a poco tiempo de salir de una crisis política, aún conserva su calificación crediticia en moneda extranjera y con perspectiva estable.

La inversión privada será un motor fundamental para la reactivación económica. Para alcanzar ese objetivo, continuaremos impulsando las inversiones, siempre en equilibrio con la protección del medio ambiente y el respeto de los pueblos ancestrales y las comunidades indígenas.

Proinversión cuenta con una cartera de proyectos importantes listos para adjudicar y otros con avances en su formulación y diseño. Para fortalecer la conectividad e integración del país continuaremos con el impulso de los grandes proyectos de inversión privada en transporte y comunicaciones. Entre estos proyectos destacan la Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el que se espera, a julio de 2021, culminar la construcción de la Torre de Control del Aeropuerto.

El Perú es una economía pequeña, pero integrada al mundo a través de su amplia red de acuerdos comerciales. Frente al impulso internacional del comercio electrónico y la promoción comercial a través de plataformas digitales, estamos trabajando en la transformación digital del 100% de plataformas de promoción comercial y ruedas de negocios, y en el posicionamiento de la Plataforma Perú Marketplace a nivel nacional e internacional.

También trabajaremos con el Congreso de la República para lograr la pronta ratificación y entrada en vigencia del acuerdo comercial con el Reino Unido, de esta manera, nuestros exportadores continuarán con las preferencias arancelarias. Gracias a este acuerdo, un 95% de productos peruanos ingresarán libres de aranceles a este mercado, posicionándonos como un importante proveedor latinoamericano de bienes con valor agregado.

El turismo es una actividad fundamental para la economía peruana, por su importante aporte en divisas y empleos. Como prioridad, mientras se recupera el turismo internacional, impulsaremos el turismo interno. Progresivamente, reiniciaremos las actividades turísticas en veintidós áreas naturales protegidas, 11 con condiciones óptimas de salubridad y servicios adecuados para los visitantes nacionales y extranjeros.

El sello Viaje Seguro o Safe Travels, es la certificación que cataloga al Perú como destino seguro en el mundo, otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, con el propósito de generar confianza en el visitante nacional y extranjero. La suscripción de los destinos turísticos a estas certificaciones, bajo el cumplimiento de los protocolos sectoriales aprobados, y en específico de los “Lineamientos sanitarios ante la Covid -19 para destinos turísticos”, apoyarán la reactivación del Sector.

La reactivación económica está permitiendo que el empleo se recupere; sin embargo, aún estamos por debajo de los niveles pre-pandemia y hay muchos peruanos que no están participando activamente en el mercado laboral. Fortaleceremos la inspección laboral para garantizar el cumplimiento de la normativa socio laboral y de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, la priorización de la inspección de trabajo en los sectores más vulnerables y con mayor riesgo de incumplimiento de la normativa laboral.

Para fiscalizar el cumplimiento de los derechos laborales en las empresas del sector de agroexportación en Ica destinaremos 50 inspectores de trabajo, lo que permitirá la realización de operativos en la totalidad de empresas agroindustriales del departamento. Implementaremos Plataformas de Inspección de Trabajo desconcentradas; verificaremos el pago de utilidades a los trabajadores de la actividad agraria y el cumplimiento de condiciones de trabajo dignas. Asimismo, desde el Ejecutivo presentaremos un Proyecto Ley derogando el régimen laboral aplicable a los trabajadores agrarios comprendidos en la Ley Nº 27360, Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario.

Las MYPES son la principal fuente de empleo para millones de peruanos y peruanas. Para ayudar a su recuperación, continuaremos con las medidas de financiamiento empresarial y de soporte a la cadena de pagos, facilitando el financiamiento de capital de trabajo.

La pandemia ha afectado directamente a los pequeños productores agrarios del país, causando pérdidas de cosechas y descapitalización. Continuaremos apoyando y fortaleciendo a este sector. Por ello, fortaleceremos e impulsaremos diversos mecanismos de financiamiento y seguro agrario para favorecer al pequeño productor. Reestructuraremos el FAE Agrario (Financiamiento Agrario Empresarial) con el objetivo de flexibilizar los créditos a los agricultores y otorgarle un rol más activo al Agrobanco, que funcionará en alianza con el Banco de la Nación y las Cajas municipales y rurales.

4. Educación para todos nuestros estudiantes

El sector educación ha sido uno de los más golpeados por los efectos de la pandemia. Para garantizar los derechos de todos nuestros estudiantes consolidaremos los aprendizajes e implementaremos, de manera gradual, flexible y segura el retorno a clases a través de las modalidades presencial, semipresencial y remota, tomando en cuenta el contexto territorial de cada zona. Trabajaremos en estrecha coordinación con los gobiernos regionales para planificar e implementar esta progresividad. El Perú es muy diverso y por lo tanto requiere de medidas diversas.

A la fecha, hemos iniciado la apertura de pilotos en zonas rurales de 437 instituciones educativas, a favor de más de 21 629 estudiantes de siete departamentos del país. Para ello, seguiremos trabajando con las autoridades regionales y continuaremos con el fortalecimiento de las competencias.

En el primer trimestre del 2021, continuaremos con la distribución de los equipos informáticos en beneficio de 996 293 estudiantes y 90137 docentes, quienes se ubican principalmente en zonas rurales y de mayor pobreza del país. El 47% de las tabletas cuenta con servicio de internet y el 53% del total funcionan de manera offline para zonas sin cobertura. Asimismo, se ha completado la adquisición de cargadores solares para aquellos estudiantes que no cuenten con energía eléctrica, a favor de 203,080 estudiantes y docentes. Continuaremos con las medidas para mejorar la conectividad en el 2021.

Oportunamente, coordinaremos con el Congreso el debate y la aprobación de los proyectos de ley para: i) fortalecer el sistema de educación superior; ii) continuar con la reorganización del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa y; iii) modificar la estructura funcional del Ministerio.

5. Fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción

La corrupción es un mal endémico que nos aqueja de forma estructural y que, lamentablemente, se ha normalizado en amplios sectores de la sociedad. Como señaló el Presidente de la República, sentaremos las bases para un Perú sin corrupción, a través del fortalecimiento de nuestras instituciones y el respeto irrestricto de la autonomía funcional. Hemos trazado cuatro ejes para cumplir con estos objetivos: 1) fortalecimiento de los sistemas anticorrupción, 2) apoyar la reforma del sistema de justicia, 3) autonomía de la Procuraduría General del Estado y 4) garantizar las condiciones necesarias para que la integridad y la transparencia sean aspectos ineludibles en el sector público.

Propondremos la creación del sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y delitos conexos, liderado por un fiscal supremo, a fin de optimizar la estructura orgánica del Ministerio Público para combatir esta problemática.

En línea con lo anterior, y para generar una respuesta eficaz en la detección y sanción de prácticas cuestionables, inconductas funcionales y delitos contra la administración pública, fortaleceremos la coordinación operativa entre la Policía Nacional del Perú, las Fiscalías Nacionales especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, las Oficinas de Integridad Institucional, y otros actores, para apoyar el trabajo de investigación de alta complejidad.

En relación con el apoyo a la reforma del sistema de justicia, reactivaremos el Consejo para la Reforma de la Justicia, organismo creado por Ley N° 30492, que agrupa a las instituciones vinculadas al Sistema de Justicia, así como al Congreso de la República y al Ejecutivo.

Garantizaremos la autonomía de la Procuraduría General del Estado en el marco de la lucha efectiva contra la corrupción.

Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de transparencia del Estado presentaremos un proyecto de ley para contar con una renovada e integrada Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales. Esto implicará elevar la actual Autoridad a la condición de organismo técnico especializado, adscrito al sector justicia, con autonomía económica, financiera y presupuestal; explicitando su autonomía funcional. Asimismo, aseguraremos el cumplimiento irrestricto de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses por parte de los funcionarios públicos.

Este gobierno de transición tiene la compleja tarea de reconstruir la relación entre la Policía Nacional del Perú y la ciudadanía. Resulta imposible iniciar esta tarea sin hacer honor a la verdad y la justicia. Tomaremos medidas con respecto al desempeño de la policía en las manifestaciones ciudadanas de hace unas semanas. Para ello, las oficinas competentes del Ministerio del Interior asumieron con celeridad las investigaciones para determinar las responsabilidades.

El Ministerio del Interior está colaborando de manera activa y transparente con el Ministerio Público en las investigaciones. En este camino hacia la verdad y la justicia, no hemos dejado de lado a las víctimas y a sus familiares. Se encuentra operativo un equipo que les brinda seguridad, en alianza con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Para fortalecer y modernizar a la Policía Nacional del Perú se creó una Comisión de Bases que, en 60 días, deberá proponer acciones concretas. Asimismo, se contará con un equipo interinstitucional del Ministerio de Interior y la Autoridad Nacional del Servicio Civil, para impulsar la integración de equipos multidisciplinarios de Gerentes Públicos en las diversas Unidades Ejecutoras de la Policía Nacional del Perú.

Somos conscientes que no existe un consenso en relación con las medidas adoptadas; sin embargo, eran necesarias. Cabe indicar que esto no significa un cuestionamiento a la institución policial como tal, sino medidas excepcionales, inscritas en el ordenamiento constitucional.

La Policía Nacional cumple un papel central en la defensa de la democracia y del Estado de derecho, y el gobierno de transición y emergencia así lo reconoce.

La desarticulación de organizaciones criminales seguirá siendo una de nuestras prioridades. Continuaremos enfrentando el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal, la tala ilegal de madera, el contrabando y el tráfico de tierras que depredan nuestros recursos y afectan la seguridad de nuestras comunidades, especialmente, en la Amazonía peruana.

Asimismo, en el más breve plazo, iniciaremos la implementación de un plan de acción contra las bandas criminales. La experiencia de los megaoperativos nos ha demostrado que el trabajo coordinado entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú tiene excelentes resultados.

La estrategia multisectorial “Barrio Seguro” continuará implementándose en las 92 zonas más vulnerables al crimen y a la violencia registradas en el país, articulando a la policía con diversos actores locales y con la comunidad organizada.

Fortaleceremos la prevención primaria. Queremos evitar que la violencia contra las mujeres ocurra y siga escalando. Reafirmamos que la prevención de la violencia y la protección de las sobrevivientes es una prioridad del Estado.

Apoyaremos la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, para lograr que quienes operan este sistema actúen de manera oportuna, imparcial y libres de estereotipos.

Respecto del Sistema Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas, consolidaremos la interoperabilidad entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a fin de identificar a niñas, niños, adolescentes y las mujeres sobrevivientes de la violencia que se encuentran en peligro, e intensificar su búsqueda.

Llegar al Bicentenario habiendo sentado las bases de la igualdad, la no discriminación y la erradicación de la violencia contra las mujeres es de gran importancia para nuestra gestión y será un logro para la sociedad en su conjunto.

Tomaremos medidas para que las personas en situación de vulnerabilidad mejoren su calidad de vida y gocen de oportunidades con igualdad y protección para ejercer plenamente sus derechos. Reforzaremos la atención y protección de las personas adultas mayores que se encuentran en situación de riesgo social.

Pondremos especial atención en los mecanismos que permitan y faciliten la inclusión de las personas con discapacidad, continuando con las acciones de fiscalización a las entidades públicas y privadas en materia de accesibilidad y cuotas de empleo. Culminaremos con la elaboración de la Política Nacional de Pueblos Indígenas y la actualización de la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad. Implementaremos la Central de Interpretación y Traducción en Lenguas Indígenas u Originarias.

El Perú está en constante cambio, las recientes manifestaciones de la ciudadanía y las expresiones de los ideales y compromisos de miles de jóvenes, como Inti y Bryan, a cuyas familias reiteramos nuestros sentimientos de solidaridad y respeto, nos reafirman en la necesidad de enrumbar los destinos de nuestro país y de buscar canales de participación de la juventud en la toma de decisiones.

En el Proyecto Especial Bicentenario los jóvenes y las jóvenes serán los protagonistas que expondrán su visión del país y sus propuestas, mediante diversos canales de participación, entre ellos los Cabildos Bicentenario.

Es importante tener presente que estamos en la era del conocimiento y la innovación. Si algo nos ha enseñado la pandemia, es que sin capacidades científicas y tecnológicas no podremos avanzar en el camino hacia la prosperidad y el bienestar para todos los peruanos y todas las peruanas. Por esta razón, uno de los compromisos fundamentales en el contexto de pandemia es el apoyo decidido a la transformación digital. Para ello, ampliaremos la cobertura de internet para proveer internet de calidad especialmente en regiones y zonas rurales.

Seguiremos con las tareas de mejora, diseño e implementación de plataformas de servicios a la ciudadanía. Centraremos las acciones en los ejes de ciudadanía digital, economía digital, educación digital, gobierno y conectividad digitales. Esto permitirá contar con la infraestructura que facilitará el acceso, generación, intercambio y difusión de conocimiento científico y tecnológico que sustente los esfuerzos de desarrollo de nuestro país.

Para garantizar un mejor diseño de estrategias y políticas que movilicen el conocimiento para el desarrollo nacional, fortaleceremos la gobernanza y la institucionalidad de las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Antes de fin de año, presentaremos un proyecto de ley para reestructurar las instituciones a cargo de la formulación e implementación de las políticas de ciencia y tecnología, ubicándolas al más alto nivel de gobierno, y estableciendo mecanismos de coordinación y promoción de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación en las diversas regiones de nuestro país.

Considerando el altísimo déficit de doctores en ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas, y sin dejar de lado las ciencias sociales y humanidades, propondremos en el primer trimestre del próximo año un proyecto de ley para crear una institución especializada en formación científica y tecnológica al más alto nivel, contando con la participación de universidades, institutos públicos de investigación, empresas privadas e instituciones académicas del extranjero.

Con estas iniciativas sentaremos las bases para un aumento significativo en la inversión pública y privada en el desarrollo de capacidades de ciencia, tecnología e innovación. Todas estas acciones abrirán el camino para que el próximo gobierno que tomará el mando el 28 de julio del 2021, pueda dar un salto cualitativo en la creación y consolidación de capacidades en estas materias.

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Todos los peruanos y peruanas, desde el lugar donde nos encontremos, tenemos la gran responsabilidad de sacar adelante a nuestro país. Esta tarea no es fácil y no será fácil hacerlo en apenas ocho meses, que es la vigencia de este gobierno de transición, pues enfrentamos no solo una crisis sanitaria y económica; sino también una crisis política. Sin embargo, las crisis también oportunidades para unirnos como país y salir adelante.

El Bicentenario de la República es un hito importante que nos conduce a revisar nuestra historia, con sus debilidades, pero también con sus fortalezas y nos plantea el desafío de recuperar la confianza y devolver la esperanza a las nuevas generaciones. Aprovechemos este momento de transición democrática para renovar nuestro compromiso como autoridades, servidoras y servidores públicos para demostrarle al país que sí es posible desarrollar prácticas y acciones políticas para construir juntos un Estado constitucional al servicio de las personas.

Señora Presidenta del Congreso, señoras y señores congresistas, les agradezco mucho, en nombre del gobierno de transición y de emergencia por su atención esta mañana, doy concluida mi exposición sobre la política general del gobierno de transición y las principales medidas que necesita esta gestión, conforme lo hemos expuesto; y solicito, respetuosamente, al Congreso de la República el voto de confianza para el Gabinete Ministerial que tengo el honor de presidir.