PCM y Ministerio de Justicia capacitan a funcionarios responsables de atender solicitudes de acceso a la información pública
Nota de prensa
Fotos: Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros.
20 de octubre de 2020 - 4:39 p. m.
Con la fin de fortalecer las capacidades de los funcionarios y servidores civiles responsables de atender las solicitudes ciudadanas de acceso a la información pública, la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, y de forma coordinada con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desarrolló la charla informativa “Estandarización del procedimiento de acceso a la información pública”.
La capacitación virtual, que se desarrolló el lunes 19 de octubre del 2020, contó con la participación de más de 900 trabajadores de diversas entidades del Estado a nivel nacional, de los tres niveles de gobierno.
En ella se informó de los beneficios de la estandarización del procedimiento de acceso a la información pública, aprobada mediante Decreto Supremo N°164-2020-PCM, los avances en los procesos de calidad regulatoria y simplificación administrativa; y el modelo para la gestión de la calidad de los servicios en el sector público de cara al ciudadano.
Las exposiciones estuvieron a cargo de los profesionales de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, Miriam Peña Niño, Alberto Herrera y Óscar Carranza; y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Luna Cervantes y Marcia Aguilar Salazar.
“El acceso a la información pública es un elemento esencial dentro de un Estado democrático, pues permite a la ciudadanía participar de manera activa en los asuntos públicos, conocer y utilizar los servicios públicos y con ello, ejercer sus derechos,” recalcó Miriam Peña, subsecretaria de Simplificación y Análisis Regulatorio de la Secretaría de Gestión Pública.
Esta estrategia constituye una herramienta útil en la lucha frontal contra la corrupción, y coadyuva a una gestión pública moderna al servicio de las personas. De ahí la necesidad de uniformizar los procesos, requisitos y costos que exigen las entidades públicas a los ciudadanos que solicitan información en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.