Ejecutivo declara estado de emergencia en Pisco y refuerza lucha contra la criminalidad
Nota de prensaLa medida, vigente por 60 días, contempla restricciones a derechos fundamentales y la articulación de la PNP, FF. AA. y gobiernos locales.
9 de enero de 2026 - 4:01 p. m.
El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia en la provincia de Pisco, región Ica, por un período de 60 días calendario, con el propósito de reforzar el orden interno y hacer frente a los actos delictivos que afectan la seguridad ciudadana en dicha jurisdicción.
La disposición, mediante el Decreto Supremo n.° 004-2026-PCM, establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y autoriza la intervención en zonas críticas previamente identificadas sobre la base del mapa del delito, información de inteligencia y registros operativos.
Durante la vigencia del estado de emergencia se restringe o suspende el ejercicio de determinados derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, así como la libertad y seguridad personales, conforme a lo previsto en la Constitución Política del Perú. Respecto de las actividades públicas de carácter masivo, la norma establece que deberán contar con la autorización correspondiente de las autoridades competentes.
Además, con el fin de asegurar una intervención integral y sostenida, el decreto dispone la conformación del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), así como de comités especializados de coordinación distrital, inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica. Estas instancias articularán las acciones de la PNP, las FF.AA., los gobiernos locales y otras entidades del Estado involucradas en la lucha contra la criminalidad.
El CCO liderará las acciones orientadas a reducir significativamente los índices delictivos, mediante patrullajes integrados, operativos focalizados, control territorial en zonas críticas, decomiso de armas y explosivos ilegales, fiscalización de mercados ilícitos y recuperación de espacios públicos vinculados a actividades criminales.
Asimismo, la norma dispone la implementación de sistemas integrados de información e interoperabilidad para el análisis de datos sobre criminalidad y operativos, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones y optimizar la respuesta del Estado frente al accionar de organizaciones criminales.
Con esta disposición, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con garantizar el respeto de los derechos fundamentales y restablecer las condiciones de seguridad que permitan el normal desarrollo de las actividades económicas y sociales en la provincia de Pisco.
La disposición, mediante el Decreto Supremo n.° 004-2026-PCM, establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y autoriza la intervención en zonas críticas previamente identificadas sobre la base del mapa del delito, información de inteligencia y registros operativos.
Durante la vigencia del estado de emergencia se restringe o suspende el ejercicio de determinados derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, así como la libertad y seguridad personales, conforme a lo previsto en la Constitución Política del Perú. Respecto de las actividades públicas de carácter masivo, la norma establece que deberán contar con la autorización correspondiente de las autoridades competentes.
Además, con el fin de asegurar una intervención integral y sostenida, el decreto dispone la conformación del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), así como de comités especializados de coordinación distrital, inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica. Estas instancias articularán las acciones de la PNP, las FF.AA., los gobiernos locales y otras entidades del Estado involucradas en la lucha contra la criminalidad.
El CCO liderará las acciones orientadas a reducir significativamente los índices delictivos, mediante patrullajes integrados, operativos focalizados, control territorial en zonas críticas, decomiso de armas y explosivos ilegales, fiscalización de mercados ilícitos y recuperación de espacios públicos vinculados a actividades criminales.
Asimismo, la norma dispone la implementación de sistemas integrados de información e interoperabilidad para el análisis de datos sobre criminalidad y operativos, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones y optimizar la respuesta del Estado frente al accionar de organizaciones criminales.
Con esta disposición, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con garantizar el respeto de los derechos fundamentales y restablecer las condiciones de seguridad que permitan el normal desarrollo de las actividades económicas y sociales en la provincia de Pisco.