Gobierno impulsa reorganización de Petroperú con una gestión eficiente y fin de privilegios
Nota de prensaEl premier Ernesto Álvarez precisó que no se afectará el suministro ni los precios de los combustibles.
Fotos: PCM
2 de enero de 2026 - 8:05 a. m.
Tras la publicación del Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial y operativa de Petroperú S.A, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, precisó que la medida no implica la privatización ni la liquidación de Petroperú, sino una solución intermedia y responsable frente a la situación de insolvencia que atraviesa la empresa estatal.
En ese sentido, Álvarez Miranda detalló que Proinversión será la entidad encargada de realizar una evaluación técnica, imparcial e integral de las distintas unidades productivas de Petroperú, a fin de recomendar las acciones más adecuadas para cada una de ellas.
“La premisa es que Petroperú debe mantenerse como empresa pública, pero con una gestión eficiente, solvente y transparente”, sostuvo el jefe del Gabinete Ministerial, al remarcar que algunas unidades podrían requerir inversión privada bajo esquemas de asociación público-privada, otras ser liquidadas y otras fortalecidas dentro del ámbito estatal.
Con relación al tema de asegurar el abastecimiento de combustible en regiones donde opera Petroperú y no hay empresas privadas, Ernesto Álvarez detalló que la intención es mantener los servicios públicos que realiza Petroperú, garantizar los derechos legítimos de los trabajadores, que no se van a ver afectados en ningún caso, y al mismo tiempo garantizar también que no se rompa la cadena de pagos.
El titular de la PCM también informó que se destinaron recursos públicos para un eventual proceso de reducción y reconversión de personal, el cual será definido exclusivamente con criterios técnicos, garantizando los derechos laborales y evitando decisiones políticas arbitrarias.
En ese sentido, Ernesto Álvarez respaldó las declaraciones de la ministra de Economía, Denisse Miralles, quien remarcó que más de la mitad del dinero de gastos corrientes no se van en sueldos, sino a privilegios los altos funcionarios.
En otro momento, el premier se refirió a los hechos de violencia registrados en la provincia de Pataz, región La Libertad, precisando que se trató de un enfrentamiento entre grupos vinculados a la minería ilegal. Confirmó que el saldo fue de tres fallecidos y dos detenidos, y sostuvo que las fuerzas del orden actuaron de manera inmediata para controlar la situación e iniciar las investigaciones correspondientes.
Finalmente, reafirmó el compromiso del Ejecutivo de enfrentar la minería ilegal y fortalecer la presencia del Estado en las zonas afectadas, subrayando que se trata de un problema estructural que se arrastra desde hace décadas y que requiere una intervención integral y sostenida.
En ese sentido, Álvarez Miranda detalló que Proinversión será la entidad encargada de realizar una evaluación técnica, imparcial e integral de las distintas unidades productivas de Petroperú, a fin de recomendar las acciones más adecuadas para cada una de ellas.
“La premisa es que Petroperú debe mantenerse como empresa pública, pero con una gestión eficiente, solvente y transparente”, sostuvo el jefe del Gabinete Ministerial, al remarcar que algunas unidades podrían requerir inversión privada bajo esquemas de asociación público-privada, otras ser liquidadas y otras fortalecidas dentro del ámbito estatal.
Con relación al tema de asegurar el abastecimiento de combustible en regiones donde opera Petroperú y no hay empresas privadas, Ernesto Álvarez detalló que la intención es mantener los servicios públicos que realiza Petroperú, garantizar los derechos legítimos de los trabajadores, que no se van a ver afectados en ningún caso, y al mismo tiempo garantizar también que no se rompa la cadena de pagos.
El titular de la PCM también informó que se destinaron recursos públicos para un eventual proceso de reducción y reconversión de personal, el cual será definido exclusivamente con criterios técnicos, garantizando los derechos laborales y evitando decisiones políticas arbitrarias.
En ese sentido, Ernesto Álvarez respaldó las declaraciones de la ministra de Economía, Denisse Miralles, quien remarcó que más de la mitad del dinero de gastos corrientes no se van en sueldos, sino a privilegios los altos funcionarios.
En otro momento, el premier se refirió a los hechos de violencia registrados en la provincia de Pataz, región La Libertad, precisando que se trató de un enfrentamiento entre grupos vinculados a la minería ilegal. Confirmó que el saldo fue de tres fallecidos y dos detenidos, y sostuvo que las fuerzas del orden actuaron de manera inmediata para controlar la situación e iniciar las investigaciones correspondientes.
Finalmente, reafirmó el compromiso del Ejecutivo de enfrentar la minería ilegal y fortalecer la presencia del Estado en las zonas afectadas, subrayando que se trata de un problema estructural que se arrastra desde hace décadas y que requiere una intervención integral y sostenida.