Premier Arana: sentencia del TC evidencia que existió politización frecuente de la justicia

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, subrayó que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que establece de manera clara que un jefe de Estado solo puede ser denunciado por los casos previstos en el artículo 117 de la Carta Magna, evidencia que ha existido una politización frecuente de la justicia, práctica que debe ser desterrada del país.

"Esta sentencia pone de manifiesto que ha habido un abuso por parte del Ministerio Público, en particular de la Fiscalía de la Nación", remarcó el jefe del Gabinete Ministerial, quien indicó que la resolución fija los procedimientos que deberán observarse en adelante y que la Fiscalía de la Nación está obligada a respetar.

En esa línea, el premier Arana enfatizó que la resolución no plantea una opinión, sino una obligación que debe guiar las acciones de quienes ejercen responsabilidades en el Gobierno, lo que a su vez contribuirá a fortalecer la convivencia democrática y el Estado de derecho.

Asimismo, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) consideró que la decisión del TC preserva la institucionalidad de la Presidencia de la República, independientemente de la persona que ocupe el cargo y descartó que ello signifique que la actual jefa de Estado no pueda ser investigada, siempre que se respeten los términos fijados por el máximo intérprete de la Constitución.

"Lo que el Tribunal ha dicho con claridad es que no se puede allanar Palacio, no se puede allanar la casa de la Presidenta y no se le puede someter a un control físico estricto, como ocurrió equivocada e inconstitucionalmente en aquella oportunidad", declaró el premier Arana.

Como se recuerda, el 25 de julio de 2024, el procurador público especializado en materia constitucional del Ejecutivo interpuso una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, al considerar que resoluciones fiscales y judiciales vulneraban la atribución del presidente de la República de dirigir la política general del Gobierno.

La medida se sustentó en las diligencias de allanamiento ordenadas por la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional contra la vivienda y el despacho de la presidenta Dina Boluarte, ejecutadas el 29 y 30 de mayo de 2024. "Desde un inicio dijimos que estos hechos vulneraban la Constitución y la inmunidad que corresponde a la alta investidura presidencial", acotó.

Finalmente, el premier Arana invocó al Ministerio Público, y en particular a la Fiscalía de la Nación, a seguir trabajando junto con el Ejecutivo para combatir la criminalidad, enfrentar la delincuencia y unir esfuerzos en la atención de las demandas ciudadanas.