Operativo “Cruz de Motupe 2025” golpea a la minería ilegal en Trujillo con incautaciones por S/ 49.5 millones

Nota de prensa
La intervención se realizó en plantas de beneficio que no acreditaron la legalidad de sus actividades.
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Oficina de Prensa e Imagen Institucional

16 de agosto de 2025 - 2:55 p. m.

Como parte de la lucha contra la minería ilegal, la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección de Medio Ambiente, ejecutó el 15 de agosto el operativo “Cruz de Motupe 2025” en el Parque Industrial Minero La Esperanza y en el Asentamiento Humano Sol Naciente, provincia de Trujillo (La Libertad), donde se incautaron bienes empleados en esta actividad ilícita valorizados en 49.5 millones de soles.

La intervención se llevó a cabo en las plantas de beneficio de dos empresas, las cuales no acreditaron la legalidad de sus actividades durante el proceso de molienda de mineral metálico. Como resultado, se incautaron dos inmuebles, más de 9500 toneladas de mineral metálico, 21 maquinarias para minería (18 nuevas y 3 usadas), cuatro chancadoras y una tolva metálica.

En la operación fueron detenidas 10 personas por presunto delito ambiental en la modalidad de minería ilegal, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.

En la minería filoniana, las plantas de beneficio constituyen el centro de gravedad de la actividad ilegal, pues es allí donde el mineral extraído de manera clandestina se transforma y adquiere valor en el mercado. Se trata de un factor crítico, al igual que los explosivos, para sostener esta cadena ilícita.

El operativo contó con el respaldo de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales y la participación de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y la Defensoría del Pueblo.

Con este despliegue el Gobierno reafirma su compromiso de luchar frontalmente contra la minería ilegal, actividad que depreda el medio ambiente, pone en riesgo la seguridad de las comunidades y alimenta economías ilícitas, mediante acciones firmes y coordinadas entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y los sectores competentes.