El Perú a las urnas
Nota de prensaColumna de opinión del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
Fotos: PCM
30 de marzo de 2025 - 9:00 a. m.
Cumpliendo un mandato constitucional y, en aras de facilitar una transición democrática transparente y ordenada, la presidenta de la República, Dina Boluarte, convocó el pasado martes a Elecciones Generales para el 12 de abril del 2026.
Se trata de un hecho relevante por varias razones: porque ratifica el talante democrático de la jefa de Estado, quien, dejando de lado cualquier interés personal o grupal, y sin cálculos de ningún tipo, traza el camino de las elecciones y entrega a los ciudadanos el poder de decisión sobre el futuro de la patria.
Ello es particularmente significativo en una región y un mundo donde existen regímenes autoritarios que buscan perpetuarse en el poder atropellando los derechos y las libertades ciudadanas. El 12 de abril del 2026 los peruanos acudirán a las urnas a elegir a su próximo presidente o presidenta y al nuevo Congreso en unas elecciones limpias, transparentes y ordenadas.
Los comicios del 2026 serán igualmente decisivos porque representan una oportunidad para que nuestro país deje atrás el periodo de inestabilidad que ha marcado nuestra historia reciente cuando hemos tenido hasta seis presidentes en los últimos años; situación que se agravó con el golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre del 2022, que colocó al Perú al borde del abismo.
El Perú tenía que salir de este trance difícil en paz, en diálogo y pleno ejercicio de los principios y valores que inspiran a la democracia, respetando irrestrictamente la Constitución, el Estado de derecho y las leyes de la República. Pero, sobre todo, a través de elecciones libres, democráticas y con todas las garantías, para que los ciudadanos y ciudadanas, en el recinto electoral, sean quienes decidan, con plena libertad, el destino de nuestro país.
Para que ello ocurra, el gobierno se ha comprometido a mantener absoluta neutralidad e imparcialidad durante el proceso electoral, así como a promover la plena transparencia de las elecciones para que los resultados de las mismas sean irrefutables y reflejen fielmente la voluntad popular expresada en las urnas.
Se ha comprometido también a brindar todas las garantías del caso a fin de que los organismos electorales (JNE, ONPE, RENIEC) cumplan sus funciones a cabalidad, lo que implica la habilitación y entrega del presupuesto que se requiere para la organización y ejecución de los comicios generales.
Un desafío para el gobierno, las instituciones, las fuerzas políticas y para todos nuestros ciudadanos es, qué duda cabe, la inseguridad. Frente a ello, el Poder Ejecutivo adoptará, como ya lo viene haciendo, medidas más firmes y contundentes contra la delincuencia. El Estado Constitucional de Derecho no permitirá que el crimen organizado empañe las elecciones. Desplegaremos todas las capacidades del Estado para garantizar la seguridad durante la campaña, el día de las elecciones, hasta la proclamación oficial de los resultados y la entrega del mando de la Nación al nuevo gobierno.
Confiamos en que las fuerzas políticas se desempeñarán durante este proceso con responsabilidad y una conducta cívica ejemplar, evitando cualquier tipo de violencia, agresión o ataques personales, privilegiando únicamente la razón de las ideas y por sobre todo el interés nacional.
Estamos seguros que, en ese esfuerzo, encontraremos la certeza de la continuidad que el Estado democrático exige, ratificando la vigencia plena de los principios democráticos y el modelo económico que nos conduzca hacia el desarrollo.
El 2026 los peruanos acudiremos masivamente a las urnas y renovaremos nuestro compromiso con la democracia, como un país que, a pesar de haber vivido una crisis política en los últimos tiempos, no se rinde ni se doblega, y está dispuesto a mantener la estabilidad, el crecimiento y la sana convivencia entre peruanos, forjados a lo largo de nuestra historia.
Desde el gobierno de la presidenta Boluarte asumimos ante el país la responsabilidad de contribuir en favor de un proceso electoral imparcial, transparente y justo.
Se trata de un hecho relevante por varias razones: porque ratifica el talante democrático de la jefa de Estado, quien, dejando de lado cualquier interés personal o grupal, y sin cálculos de ningún tipo, traza el camino de las elecciones y entrega a los ciudadanos el poder de decisión sobre el futuro de la patria.
Ello es particularmente significativo en una región y un mundo donde existen regímenes autoritarios que buscan perpetuarse en el poder atropellando los derechos y las libertades ciudadanas. El 12 de abril del 2026 los peruanos acudirán a las urnas a elegir a su próximo presidente o presidenta y al nuevo Congreso en unas elecciones limpias, transparentes y ordenadas.
Los comicios del 2026 serán igualmente decisivos porque representan una oportunidad para que nuestro país deje atrás el periodo de inestabilidad que ha marcado nuestra historia reciente cuando hemos tenido hasta seis presidentes en los últimos años; situación que se agravó con el golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre del 2022, que colocó al Perú al borde del abismo.
El Perú tenía que salir de este trance difícil en paz, en diálogo y pleno ejercicio de los principios y valores que inspiran a la democracia, respetando irrestrictamente la Constitución, el Estado de derecho y las leyes de la República. Pero, sobre todo, a través de elecciones libres, democráticas y con todas las garantías, para que los ciudadanos y ciudadanas, en el recinto electoral, sean quienes decidan, con plena libertad, el destino de nuestro país.
Para que ello ocurra, el gobierno se ha comprometido a mantener absoluta neutralidad e imparcialidad durante el proceso electoral, así como a promover la plena transparencia de las elecciones para que los resultados de las mismas sean irrefutables y reflejen fielmente la voluntad popular expresada en las urnas.
Se ha comprometido también a brindar todas las garantías del caso a fin de que los organismos electorales (JNE, ONPE, RENIEC) cumplan sus funciones a cabalidad, lo que implica la habilitación y entrega del presupuesto que se requiere para la organización y ejecución de los comicios generales.
Un desafío para el gobierno, las instituciones, las fuerzas políticas y para todos nuestros ciudadanos es, qué duda cabe, la inseguridad. Frente a ello, el Poder Ejecutivo adoptará, como ya lo viene haciendo, medidas más firmes y contundentes contra la delincuencia. El Estado Constitucional de Derecho no permitirá que el crimen organizado empañe las elecciones. Desplegaremos todas las capacidades del Estado para garantizar la seguridad durante la campaña, el día de las elecciones, hasta la proclamación oficial de los resultados y la entrega del mando de la Nación al nuevo gobierno.
Confiamos en que las fuerzas políticas se desempeñarán durante este proceso con responsabilidad y una conducta cívica ejemplar, evitando cualquier tipo de violencia, agresión o ataques personales, privilegiando únicamente la razón de las ideas y por sobre todo el interés nacional.
Estamos seguros que, en ese esfuerzo, encontraremos la certeza de la continuidad que el Estado democrático exige, ratificando la vigencia plena de los principios democráticos y el modelo económico que nos conduzca hacia el desarrollo.
El 2026 los peruanos acudiremos masivamente a las urnas y renovaremos nuestro compromiso con la democracia, como un país que, a pesar de haber vivido una crisis política en los últimos tiempos, no se rinde ni se doblega, y está dispuesto a mantener la estabilidad, el crecimiento y la sana convivencia entre peruanos, forjados a lo largo de nuestra historia.
Desde el gobierno de la presidenta Boluarte asumimos ante el país la responsabilidad de contribuir en favor de un proceso electoral imparcial, transparente y justo.