Comisión de Alto Nivel Anticorrupción propone aplicación de multas para delitos de corrupción

Anteproyecto, que será discutido en el Consejo de Ministros, contempla la imposición de sanciones pecuniarias adicionales a la pena privativa de la libertad y la inhabilitación para cargos públicos.
Jefe del Gabinete, Juan Jiménez, encabezó sesión de la CAN en la que expusieron avances en la lucha anticorrupción.

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), presidida por el Jefe de Gabinete, Juan Jiménez Mayor, aprobó un anteproyecto de ley para incorporar la aplicación de multas a las sanciones de los delitos más graves de corrupción. Según el anteproyecto, que será discutido en el Consejo de Ministros y, luego, enviado al Congreso de la República, esta sanción se aplicará adicionalmente a la pena privativa de la libertad o inhabilitación para el ejercicio de la función pública. El monto de la multa se fijará de acuerdo a la remuneración que perciba el funcionario responsable del delito. La propuesta contempla modificar 15 artículos del Código Penal para agregar las sanciones pecuniarias, que van desde el pago de 180 a 730 días-multa, para los casos de corrupción en la administración pública de mayor gravedad e incidencia, como concusión, peculado (solo en sus modalidades dolosas), colusión desleal, malversación de fondos, cohecho en sus distintas modalidades –incluida la de carácter internacional–, negociación incompatible, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. El propósito de esta norma es sancionar drásticamente las modalidades más graves de corrupción, atacando uno sus principales núcleos: la obtención de ganancias ilícitas derivadas del delito. AVANCES EN LUCHA ANTICORRUPCIÓN Al término de la XVI sesión de la CAN-Anticorrupción, el Presidente del Consejo de Ministros dio a conocer otras importantes medidas anticorrupción aprobadas así como los avances en la implementación del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016, que señalamos a continuación:

Se aprobó el Reglamento de la Ley N° 29976 que crea la CAN-Anticorrupción.
Se acordó el desarrollo de la Campaña ‘Denuncia la Corrupción’, con el fin de orientar a los ciudadanos sobre los mecanismos de denuncia de actos de corrupción en el Estado a través del Manual del Denunciante. Las personas podrán acceder a este documento en la página web de la CAN (www.can.pcm.gob.pe) así como a un directorio de las entidades en donde se puede presentar una denuncia penal o administrativa.
Se ha solicitado al Congreso de la República la aprobación del proyecto de ley para la creación del Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos en Agravio del Estado, que contempla la imposibilidad de que aquellas personas que registran deudas con el Estado por concepto de reparación civil accedan a cargos públicos.
El Poder Judicial se ha comprometido a implementar el Sistema Nacional de Remates Electrónicos Judiciales (REM@JU), luego de su aprobación en el Parlamento, a fin de eliminar la presencia de mafias en estos procesos y de que estos se desarrollen en forma inclusiva, segura, transparente, imparcial, efectiva y eficiente.
Asimismo, ha emitido una directiva para regularizar a la brevedad la inscripción de bienes incautados por el Estado ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), con el objetivo de evitar que los procesados que las adquirieron con dinero de origen ilícito los vendan o los transfieran a terceras personas.
El Poder Judicial también presentó los protocolos de acción rápida para casos de allanamiento de domicilio, impedimento de salida del país, levantamiento de secreto bancario e interceptaciones telefónicas para agilizar la investigación de casos de corrupción.
El Ministerio Público presentó una iniciativa de protocolo de agentes encubiertos para detectar casos de corrupción en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno y la creación de una unidad de lavado de activos en la Fiscalía de la Nación, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros y los sectores Justicia y Economía y Finanzas, con el objetivo de acelerar la investigación de los casos detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) implementará una Central de Riesgos dentro del Registro Nacional de Proveedores del Estado, que contendrá el listado de empresas sancionadas por incumplimiento de contrato y otras acciones en perjuicio del Estado y que han sido reincorporadas al registro por mandato judicial.
Se informó la implementación de ocho las Comisiones Regionales Anticorrupción (CRA) en Arequipa, Apurímac, Callao, Huancavelica, Madre de Dios, San Martín, Piura y Puno, así como el incremento de 15 a 24 oficinas regionales de la Contraloría General de la República.

Lima, 17 de mayo de 2013 Oficina de Prensa e Imagen Institucional