Premier Adrianzén invoca a instituciones públicas a priorizar enfoque preventivo en la lucha contra la corrupción

En la 43 sesión ordinaria de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, enfatizó la importancia de que las instituciones públicas adopten medidas preventivas contra la corrupción, y expresó su deseo de que más entidades avancen en la implementación del modelo de integridad, a fin de dar pasos concretos en la lucha contra este flagelo.

"Para el 2025 esperamos, con el apoyo de la CAN, que se alcancen progresivamente los logros en materia de integridad pública y tener mayores entidades evaluadas en el Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción, herramienta que evalúa la implementación del modelo de integridad", señaló el jefe del Gabinete Ministerial luego de que la PCM asumiera la presidencia de la CAN Anticorrupción.

Antes de la elección la Junta Nacional de Justicia estaba ejerciendo la presidencia, la cual tiene una duración de dos años y es rotativa. De esta manera se busca reforzar el carácter inclusivo y multisectorial del grupo de trabajo y garantizar la representación de los diferentes actores en la conducción de la lucha anticorrupción en el Perú.

La sesión contó con la participación de los presidentes del Poder Judicial, Javier Arévalo; del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco; y de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Haza; del fiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena; y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, quienes son miembros del pleno de la comisión.

También asistieron, en calidad de miembros observadores, los representantes del ministerio de Relaciones Exteriores, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Asociación Civil Proética, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas y el Concilio Nacional Evangélico. Asimismo, estuvieron como invitados representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perúy la Autoridad Nacional del Servicio Civil.

En otro momento el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló que se viene trabajando en la actualización de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, conforme los lineamientos del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), con un horizonte de implementación hacia el año 2040.

El premier Adrianzén también remarcó que la articulación institucional que fomenta la CAN contribuirá a dar cumplimiento a las recomendaciones en materia anticorrupción e integridad pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo internacional al que el Perú busca adherirse.

"La lucha contra la corrupción es un tema fundamental para la OCDE. Por ello, debemos mostrar reformas normativas y operativas que acrediten las competencias que nos exige esta entidad", añadió. En esa línea, remarcó que se avanzará en la propuesta de un Sistema de Integridad y Transparencia para fortalecer la institucionalidad en el marco de la lucha contra la corrupción.

Durante la sesión, la secretaria de Integridad Pública de la PCM, Ana Reátegui, presentó los avances en el proceso de actualización de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la cual incluirá cinco objetivos prioritarios, entre los que destacó el fortalecimiento del desempeño ético en el servicio civil, la mejora en la capacidad de prevención y sanción de las entidades públicas frente a la corrupción, y el incremento de la colaboración con el sector empresarial y la sociedad civil en la lucha anticorrupción.

Adicionalmente, se destacaron los esfuerzos del sector empresarial, con iniciativas como la suscripción del Pacto de Integridad Empresarial y la implementación de un Código de Ética que regula aspectos esenciales como la gestión de conflictos de interés y la promoción de prácticas empresariales responsables, además de la implementación de sistemas de integridad y cumplimiento, así como la adopción de iniciativas y espacios de articulación para fomentar la integridad empresarial.