Gestión ilegal de Emapa Huaral impidió ingreso del OTASS a su local

Huaral.- La gestión ilegal de Emapa Huaral impidió ayer el ingreso a su local del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), con el fin de evitar la instalación del nuevo directorio y gerente general.

Así lo constató el fiscal provincial de prevención del delito de Huaral, Miguel Sánchez Pérez, al verificar que se cerraron las puertas por la llegada de este organismo.

Ante ello, el representante del Ministerio Público levantó un acta, en la que exhortó al exgerente general a no incurrir en la comisión de los delitos de usurpación de funciones, así como de resistencia y/o desobediencia a la autoridad.

“Ni el gerente general ni los miembros del directorio salientes pueden ejercer la representación de la empresa. Si lo hacen estarían cometiendo delito, como lo ha advertido el mismo fiscal”, afirmó el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del OTASS, Renato Delgado Flores.

Dentro de las facultades otorgadas por la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (Decreto Legislativo N° 1280), el OTASS asumió las funciones del directorio y de la gerencia general de Emapa Huaral. 

El directorio actual ya está inscrito en Registros Públicos y está conformado por Alberto Villa García, Héctor Barreda y Giovanni Milla. Wilfredo Córdova, por su parte, asumirá las funciones de la gerencia general y dirigirá el reflotamiento en Emapa Huaral con el cargo de coordinador. 

Los cuatro son profesionales del OTASS y fueron impedidos de ingresar a la empresa, la cual se encuentra en el régimen de apoyo transitorio desde el año 2016.

“En todo este tiempo hemos actuado de manera pacífica y amparados en la ley. Continuaremos con las gestiones necesarias para iniciar el proceso de reflotamiento de la empresa, en favor de la mejora de los servicios y de la calidad de vida de la población de Huaral”, puntualizó a su turno Alberto Villa García, presidente del nuevo directorio de Emapa Huaral.

Emapa Huaral es una de las 11 empresas prestadoras de servicios de agua potable y alcantarillado que ingresaron al régimen de apoyo transitorio, a fin de que sea reflotada. Este régimen no implica privatización, ni despido masivo de trabajadores. Tampoco incremento en las tarifas de los servicios ni pérdida de la propiedad de la empresa que sigue siendo de accionariado municipal.