Osiptel advierte que el robo de celulares se duplicó en el último año

El Comercio.- Pérdidas para las empresas de telefonía son millonarias. La mayor parte de los equipos hurtados y vendidos son los prepago. Mariana Villar, estudiante de un instituto de computación del Centro de Lima, habla con una amiga a través de su teléfono móvil mientras espera el ómnibus en la esquina de la avenida Garcilaso de la Vega y Uruguay. De pronto un ladrón le arrebata violentamente el aparato y adiós celular. El aparato irá a parar al mercado negro, donde, tras modificarle su serie electrónica y cambiarle el chip, será puesto a la venta. Por lo general, este ilegal negocio se hace con los equipos prepago, pues son más fáciles de evadir el control. Mariana es una víctima más de una estadística alarmante. El año pasado, según cifras del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), se reportó un total de 1 163.347 aparatos móviles robados o extraviados (el 13,26% de los que se encuentran en servicio) que, comparados con los 585.531 sustraídos y perdidos en el 2005 (10,49% de los activados), representa un incremento de casi el 100 %. Sin embargo, aún no se le da la importancia debida al problema. Aún no existe una unidad policial especializada en el tema, pues es visto como un delito menor que se atiende en las comisarías. Pero en conjunto las pérdidas económicas que representa este delito son cuantiosas. Los aparatos móviles cuestan entre 25 dólares, el modelo más sencillo, y unos 700 dólares, el más sofisticado. Entre los equipos robados ciertamente hay baratos y caros, pero si asignáramos un valor promedio de solo 40 dólares por celular y lo multiplicamos por los 1 748.878 equipos sustraídos en los dos últimos años, tendríamos una pérdida de nada menos que 69 955.120 de dólares. A ello habría que sumar las pérdidas del Estado por la cada vez más grande cantidad de usuarios que adquieren sus equipos en el mercado negro. "El Estado deja de percibir ingresos por concepto de IGV y por rentas que deja de cobrar a las empresas de teléfonos móviles", señala Cayetana Aljovín, viceministra de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La funcionaria reconoce que la situación es crítica y que urge darle solución. "Se ha creado un mercado negro que genera evasión de impuestos e incentiva el robo de celulares. Llegó la hora de ponerle fin", dijo tras adelantar que dentro de una semana se estará publicando el reglamento final de la Ley 28774 que crea el registro nacional de terminales de telefonía celular y establece sanciones para quienes alteren y comercialicen celulares de procedencia dudosa. Aljovín dice que esta ley no se cumplía porque no estaba reglamentada ni se había establecido la obligación del intercambio de información de los equipos reportados como robados entre las empresas operadoras. "Con el reglamento las empresas saben que les va a caer el peso de la ley si activan los terminales reportados como sustraídos", recalcó la viceministra. Desde el 2004, Osiptel aprobó un procedimiento para que las tres empresas que operan el mercado de telefonía móvil (Telefónica Móviles (Movistar), América Móvil (Claro) y Nextel intercambien información de los terminales móviles robados o extraviados y están obligadas a proceder automáticamente al bloqueo de estos. Según el ente supervisor, no todas cumplían con la exigencia. Para Telefónica Móviles, el reglamento de la Ley 28774 es positivo y ayudará a frenar los robos de celulares. "Pese a que no existía la obligación, las empresas implementaron un sistema de intercambio de información. Así, cuando traían un aparato reportado como robado no era activado. Si no lo hubiéramos implementado quizá las cifras de robo no serían el doble sino el triple", señaló Madeleine Osterling, directora de asuntos legales de la empresa. Jaime Delgado, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), duda de que el reglamento acabe con los robos de celulares.