OSIPTEL sensibiliza a comerciantes de Lima Norte sobre la venta y activación ilegal de chips móviles

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP), participó de una campaña de sensibilización sobre la problemática de la venta y activación de chips móviles en la vía pública, dirigida a comerciantes que ofrecen servicios vinculados a las telecomunicaciones en Lima Norte.

El jueves 6 de noviembre, orientadores del OSIPTEL se trasladaron hasta el Mercado El Ermitaño, en el distrito de Independencia, donde brindaron información a los ciudadanos que ofrecen servicios relacionados con el sector telecomunicaciones, destacando la responsabilidad que asumen frente a la seguridad de los usuarios.

Durante la jornada, se recordó que la venta y activación de chips móviles en la vía pública está prohibida por las normas emitidas por el OSIPTEL y por la Ley n.° 31839, promulgada en julio de 2023. Esta práctica representa un riesgo para los usuarios, debido a la entrega de la huella dactilar y la manipulación de lectores biométricos en lugares no autorizados, lo que puede facilitar suplantaciones de identidad, contrataciones fraudulentas de líneas o incluso actos delictivos como la extorsión.

En el marco de sus competencias, el OSIPTEL continúa fortaleciendo su labor preventiva y de concientización ciudadana frente a estas conductas ilícitas que ponen en peligro la seguridad de todos los peruanos.

Asimismo, se precisó que el OSIPTEL fiscaliza el cumplimiento de las normas vinculadas al proceso de contratación de servicios móviles, además de desarrollar acciones preventivas e informativas en todo el país. Desde el 2020 hasta setiembre de 2025, el regulador ha impuesto multas por más de 125 millones de soles a las empresas operadoras por infracciones relacionadas con la venta ambulatoria de chips móviles.

El OSIPTEL recordó que el control de la venta ambulatoria de servicios móviles corresponde también a las municipalidades, PNP y Ministerio Público. La comercialización de estos servicios sin autorización puede acarrear penas de hasta cuatro años de prisión y la imposición de multas económicas, según la Ley n° 32541.