OSINFOR socializa avances en la medición de la tala ilegal en el Perú ante equipo consultivo interinstitucional

En reunión virtual, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) socializó ante el equipo consultivo interinstitucional los avances en la recopilación y sistematización de información para determinar las variables que permitirán obtener el índice y el porcentaje de tala y comercio ilegal de madera en el Perú correspondiente al año 2024.

Esta acción forma parte de un hito importante en el plan de trabajo de la cuarta medición nacional que es liderada por el OSINFOR, por encargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y desarrollada en articulación con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR); las administraciones técnicas forestales y de fauna silvestre (ATFFS) de Selva Central, Cajamarca y Cusco; así como los Gobiernos regionales de San Martín, Huánuco, Amazonas, Ucayali, Madre de Dios y Loreto, que integran el equipo consultivo interinstitucional.

Metodología

La medición del índice y porcentaje de tala y comercio ilegal de madera se ejecuta mediante una metodología de medición directa que compara el volumen de madera de la oferta y la demanda. En este proceso, especialistas de los Gobiernos regionales acompañan al equipo técnico del OSINFOR en la recolección de datos sobre la oferta de madera (el volumen movilizado del bosque hacia la primera transformación registrado en las guías de transporte forestal) y la demanda que se determina mediante encuestas acerca del volumen que ingresa a los centros de transformación primaria). Además, se considera información del volumen de madera extraída sin autorización, obtenida a partir de los resultados de la fiscalización forestal del OSINFOR.

Información estratégica para la toma de decisiones

Esta medición permite contar con información confiable para que las autoridades evalúen las políticas públicas destinadas a conservar los bosques y combatir la tala ilegal. Además, los resultados contribuyen al cumplimiento de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, orientada a responder a las necesidades y expectativas de la ciudadanía desde un enfoque de desarrollo sostenible en el territorio.