Después de saldar su deuda con el bosque: Comunidades buscan transformar su territorio y construir un futuro en armonía con la legalidad

Tras cinco años de vigilancia comunitaria, organización interna y trabajo conjunto, las comunidades nativas Monte Alegre y Yarina Frontera Topal, ubicadas en el distrito de Alto Tapiche, en Loreto, han recibido la constancia de no adeudo por parte del OSINFOR. Este documento certifica que han cumplido con el mecanismo de compensación de multas mediante la conservación del patrimonio forestal y de fauna silvestre.

Pero este no es un punto final. Es el inicio de una nueva etapa: una que apunta al desarrollo sostenible, la legalidad y la construcción de alternativas económicas que respeten el bosque. Ambas comunidades, que reconocieron su participación en hechos que afectaron el patrimonio forestal, muchas veces motivadas por desconocimiento o la intervención de terceros, tomaron una decisión valiente y asumieron la responsabilidad, organizarse y demostrar que sí es posible reparar y avanzar.

“Queremos aprovechar nuestros bosques de manera legal y ordenada. Tenemos potencial maderable y lo hemos cuidado y en ese proceso hemos aprendido. Ahora queremos usarlo para sustentar a nuestras familias, sin dañar los bosques”, afirma Gesmi del Castillo Huayta, jefe comunal de Monte Alegre, quien viajó cuatro días en peque peque hasta Requena para recibir la constancia.

En Yarina Frontera Topal, la visión es distinta, pero complementaria. Su representante, Héctor Javier Panarua Freire, explica que no desean aprovechar la madera del área conservada. Quieren explorar opciones no maderables o de turismo de naturaleza. “Nos contaron que hay gente que paga por ver aves. Yo no sabía eso. Pero si el bosque puede darnos eso, ¿por qué no intentarlo?”, comenta con una sonrisa.

En 2010, la comunidad de Monte Alegre fue involucrada en una movilización irregular de casi 7000 m³ de madera. Se determinó que su autorización forestal había sido utilizada para dar apariencia de legalidad a madera extraída de otra zona. Aunque los árboles seguían en pie, la documentación oficial reflejaba una actividad inexistente, y como titular del permiso, la comunidad recibió una multa de 355 000 soles.

En 2014, Yarina Frontera Topal enfrentó una situación similar, con más de 1800 m³ de madera presuntamente movilizados a su nombre. Al igual que Monte Alegre, fueron sancionados tras el proceso administrativo.

En ambos casos, las comunidades reconocieron el problema y decidieron actuar. Con el acompañamiento de sus organizaciones indígenas como la Federación de Comunidades Nativas del Río Tapiche y Blanco (FECORITAYB) y el apoyo técnico de CEDIA, conocieron el mecanismo de compensación de OSINFOR y se comprometieron a conservar parte de sus bosques para saldar la deuda.

Monte Alegre determinó 1 645 hectáreas, mientras que Yarina Frontera Topal estableció un área de 1 046 hectáreas para conservación. Ambas conformaron comités de vigilancia, patrullaron sus territorios varias veces al año, registraron las actividades, participaron en capacitaciones y compartieron los aprendizajes con los miembros de sus comunidades, además, presentaron reportes anuales.

Incluso, en el caso de Monte Alegre, coordinaron con la comunidad vecina Nuestra Señora de Fátima para unir esfuerzos y proteger áreas colindantes. “Recorríamos juntos la zona, cuidábamos y verificábamos el área. Todo lo anotábamos en el libro de ocurrencias. Registrábamos quién participaba y hacíamos nuestros informes. Así demostramos que cumplíamos”, relata Gesmi.

El 18 de julio de 2025, ambas comunidades recibieron sus constancias de no adeudo. Este logro es testimonio de un proceso basado en la corresponsabilidad, el aprendizaje y la acción colectiva.

Sin embargo, lo más importante es lo que viene ahora. Las comunidades no quieren quedarse solo con el documento, sino utilizarlo como plataforma para el desarrollo. Monte Alegre planea implementar un plan de manejo forestal legal y sostenible, mientras que Yarina Frontera Topal apuesta por actividades turísticas y productivas que no impliquen tala.

Ambos líderes coinciden en que ya dieron un paso clave: se organizaron, fortalecieron su gobernanza interna y demostraron capacidad para cumplir compromisos. Ahora, piden que ese esfuerzo sea reconocido y acompañado con asistencia técnica, formación, oportunidades de mercado e inversión pública y privada.

Y en un contexto donde las economías ilegales avanzan en diversas zonas de la Amazonía, estas comunidades representan una alternativa concreta y viable: ciudadanía organizada, legal y comprometida con la conservación de sus recursos.

“Este proceso no solo nos quitó una multa. Nos organizó. Nos hizo más conscientes. Ahora queremos trabajar con el bosque, no contra él”, afirma Héctor.

Las historias de Monte Alegre y Yarina Frontera Topal son ejemplos de que sí es posible construir caminos de reconciliación con el bosque. Son también una muestra de que las comunidades amazónicas, cuando cuentan con información, acompañamiento y voluntad, pueden asumir responsabilidades, adaptarse y convertirse en aliadas estratégicas para el país.

Hoy, libres de sanciones, con experiencia en organización y nuevas metas por cumplir, estas comunidades están listas para comenzar un nuevo capítulo. Uno en el que sus bosques no solo se conserven, sino que generen oportunidades sostenibles y legales para las próximas generaciones.