OSINFOR y Municipalidad de San Pablo unen esfuerzos para mejorar la gestión forestal en Loreto

En un hecho sin precedentes en la región, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) y la Municipalidad Distrital de San Pablo, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, Loreto, suscribieron el Plan de Trabajo Conjunto 2025, una hoja de ruta que busca articular esfuerzos para promover prácticas forestales sostenibles que beneficien directamente a las comunidades del distrito.

Esta alianza responde a una problemática concreta: un total de cuatro comunidades del distrito cuentan con sanciones vigentes por infracciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, lo que limita a aproximadamente 60 familias el acceso a una economía lícita, limitando sus oportunidades de desarrollo.

Frente a este desafío, el plan contempla acciones concretas como la socialización de los mecanismos de compensación de multas en tres comunidades, la capacitación al personal municipal en normativa forestal, el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre y la elaboración de informes de cumplimiento de actividades.

Además, con el fin de acercar la información técnica a la población rural, la Municipalidad de San Pablo se ha comprometido a difundir contenidos clave en su jurisdicción, contribuyendo así a una gestión forestal más informada, inclusiva y participativa.

Este plan conjunto también es un trabajo previo para fortalecer las capacidades de las comunidades y autoridades que tienen la idea de gestionar un bosque local. “Mientras esta iniciativa se concreta, apoyaremos con capacitaciones e información respecto al aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre para mejorar la calidad de vida de los pobladores, y sobre la prevención de sanciones por cometer infracciones o delitos como la tala ilegal”, dijo Williams Arellano Olano, jefe del OSINFOR.

Uno de los mecanismos más promovidos por el OSINFOR en Loreto es la conservación del patrimonio forestal y de fauna silvestre, que permite a las comunidades compensar sus mutas mediante la protección de áreas boscosas comunales por un periodo de cinco años. Este mecanismo admite el uso sostenible del bosque para el ecoturismo o el aprovechamiento de productos no maderables.