Instalan el Consejo de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado

Con la participación de representantes de tres ministerios, este miércoles se instaló el Consejo de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado; ente colegiado encargado de investigar y sancionar toda infracción a los deberes éticos de los árbitros.

Dicho consejo podrá disponer investigaciones de oficio; determinar la comisión de infracciones; e imponer las sanciones a los árbitros que participan en arbitrajes en contrataciones del Estado que sean administrados por el OSCE; arbitrajes ad hoc y supletoriamente a los arbitrajes administrados por instituciones arbitrales que no tengan aprobado un Código de Ética.

El consejo está integrado por tres miembros independientes de reconocida solvencia ética y profesional, elegidos por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Justicia y Derechos humanos (MINJUS).

Jorge Luis Caloggero Encina (MEF) preside el consejo, el cual también integran Willy Arturo Olivera Absi (PCM) y María Elisa Noan Moreno (MINJUS) como miembros titulares; mientras que como suplentes figuran Bertha Patricia Alarcón Alvizuri, Joe Luis Alejo Rosales Huerta y Elber Alexcy Hidalgo Lama.

El Consejo de Ética fue creado con la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, con el fin de garantizar el cumplimiento de los parámetros éticos a los que se deben ceñir las contrataciones estatales. Este año se instaló en el marco del nuevo Código de Ética -aprobado en julio del 2019 mediante Resolución N° 136-2019-OSCE/PRE.

El OSCE, a través de su Dirección de Arbitraje, ejerce las funciones de Secretaría Técnica del Consejo de Ética, siendo el órgano encargado de brindar apoyo al Consejo de Ética; y está encargada del cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo: califica y admite las denuncias presentadas; realiza el registro de la información de las denuncias declaradas fundadas en el Registro Nacional de Árbitros (RNA-OSCE) y en el listado de infractores, así como otras funciones previstas en el Código de Ética.