OSCE y Universidad Católica firman convenio para mejorar capacidades de funcionarios y proveedores del estado

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional que permitirá sumar esfuerzos para mejorar las capacidades de los funcionarios públicos y los proveedores; así como, difundir la normativa que rige las contrataciones del Estado.

Este convenio incluye dos tipos de programas como parte del Plan de Desarrollo de Capacidades del OSCE. El primero, está destinado a los usuarios en materias específicas sobre contratación pública; y el segundo programa, tiene como finalidad desarrollar capacidades con respeto al arbitraje como mecanismo de solución de controversias en contrataciones del Estado. Antecede a cada uno de estos programas una actividad de difusión vinculada a la temática respectiva.

El convenio, que tiene vigencia de un año y que fue suscrito entre la Presidenta Ejecutiva del OSCE, doctora Magali Rojas Delgado, y el Rector de la PUCP, doctor Marcial Rubio Correa, permitirá elevar el nivel de los operadores en contrataciones públicas y estará orientado al intercambio de experiencias y al análisis de casos con el propósito de realizar un estudio detallado en compras con el Estado.

Asimismo, y con el objetivo de promover el arbitraje como mecanismo de solución de controversias, el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP y el OSCE, firmaron también el Pacto de Integridad interinstitucional, el cual permitirá la estricta observancia de las normas en contratación pública. Mediante este acuerdo, el citado Centro Arbitral comunicará al OSCE las recusaciones y los arbitrajes en materia de contratación pública que se hayan iniciado bajo su organización y administración; y remitirá los laudos arbitrales anteriormente emitidos en procesos de contratación.

El OSCE es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, encargado de velar y promover el cumplimiento de la normativa en contrataciones del Estado; de supervisar y fiscalizar los procesos de contratación que llevan a cabo las entidades; además de proponer estrategias destinadas al uso eficiente de los recursos públicos involucrados en dichas contrataciones.

NP 041-2012