OSCE: Veedores del Programa de Vigilancia Ciudadana emitieron 1528 alertas en procedimientos de selección en el 2021

Un total de 1528 alertas sobre irregularidades en los procesos de contratación pública han sido remitidas por los más de 400 voluntarios incorporados en el padrón de veedores que participan en el Programa de Vigilancia Ciudadana del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a lo largo del año 2021. 

 

Los veedores aliados del OSCE que forman parte del control social sobre las contrataciones de bienes, servicios y obras con el Estado, pudieron remitir alertas de irregularidades en los procesos desarrollados en las regiones: Amazonas (3), Áncash (314), Apurímac (27), Arequipa (100), Ayacucho (4), Cajamarca (34), Callao (49), Cusco (119), Huancavelica (5), Huánuco (22), Ica (19), Junín (67), La Libertad (111), Lambayeque (171), Lima (132), Loreto (16), Piura (224), Puno (66), San Martin (15) y Tumbes (28).

 

Entre las alertas con mayor número de reportes se registran las siguientes: i) no todos los miembros del comité de selección que intervienen en representación del órgano encargado de las contrataciones cuentan con la certificación OSCE vigente; ii) en el requisito de calificación “Habilitación” se han incluido documentos que no resultan idóneos para acreditar la habilitación del proveedor para llevar a cabo la actividad económica objeto de contratación, como la presentación de Constancia de inscripción en el RNP, Ficha RUC o declaraciones juradas; iii) transgresiones en los factores de evaluación; y iv) las bases de la convocatoria no pueden descargarse o su contenido no es legible.

 

El Programa de Vigilancia Ciudadana del OSCE, iniciado en abril del 2021, cuenta con la colaboración de ciudadanos de todas las regiones del país entre 19 y 70 años, quienes de manera voluntaria contribuyen a identificar aquellas situaciones adversas para un proceso de contratación pública. 

 

De esta manera, el OSCE reconoce la importancia del rol ciudadano en las contrataciones públicas, en salvaguarda de la transparencia, integridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.