Convocatoria del Concurso Público de evaluación y selección de vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado
Nota de prensa
Fotos: UPIM
30 de setiembre de 2019 - 9:07 a. m.
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) anuncia la Convocatoria N° 002-2019-OSCE/VTCE con el objeto de seleccionar a 14 profesionales para el puesto de vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado.
Los postulantes deben contar con título profesional universitario; tener estudios de especialización en temas afines a la Ley de Contrataciones del Estado, experiencia laboral no menor a cinco años en contratación pública, no tener sentencia condenatoria por delito doloso, entre otros requisitos.
La solicitud de inscripción al concurso debe ser presentada hasta el viernes 18 de octubre de 2019, en la Mesa de Partes del OSCE, sito en Av. Punta del Este s/n, edificio El Regidor, Jesús María, Lima en el horario de 08:30 a. m. a 04:30 p. m.; o a través del correo electrónico: convocatoriavocales2019@osce.gob.pe hasta las 11:59 p.m. de la fecha señalada.
Los interesados pueden revisar las bases, los requisitos y el cronograma del concurso público en la página web del OSCE: https://www.gob.pe/mef/osce; así como en los portales institucionales de la PCM, MEF, MINJUS y PERÚ COMPRAS.
El Concurso Público se realiza bajo los alcances del Decreto Supremo N° 186-2018-EF, que aprobó el “Procedimiento para los concursos públicos de evaluación y selección de vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE”.
El Tribunal de Contrataciones del Estado es un órgano resolutivo que forma parte de la estructura administrativa del OSCE. Está encargado de resolver, en última instancia administrativa, las controversias que surjan entre las entidades y los postores durante un proceso de selección. Además, aplica sanciones de multa, inhabilitación temporal y definitiva a los proveedores, postores y/o contratistas, según sea el caso.
El OSCE es la entidad encargada de regular y supervisar los procesos de contratación pública que realizan las entidades públicas, cautelando la aplicación eficiente de la normatividad y promoviendo las mejores prácticas para el uso óptimo de los recursos públicos y la satisfacción de las necesidades de la población.