Pronunciamiento

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Los organismos electorales que suscriben este comunicado, habiendo tomado conocimiento que en mayoría, la Comisión de Constitución y Reglamento ha aprobado el dictamen del proyecto de Ley Nro. 6816-72023-CR y otros, que proponen la eliminación de la Junta Nacional de Justicia y la designación y remoción de los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) por parte del Senado, expresan su profundo desacuerdo con dicha medida, atendiendo a las siguientes razones:

Actualmente, la designación de dichas autoridades viene precedida de un concurso público de méritos, organizado por la Junta Nacional de Justicia, y que puede ser apreciado por la población en sus etapas técnicas.
La reforma aprobada por la Comisión de Constitución y Reglamento establece que un órgano político como el Senado designe y remueva a las autoridades electorales, lo cual implica que tanto la designación como la permanencia en el cargo de dichas autoridades se realice sobre la base de una valoración política y no de carácter técnico y de idoneidad para el cargo. Con ello el poder político tendría una gravitante intervención en la organización de las elecciones y supervisaría procedimientos que se encuentran relacionados a sus intereses partidarios, configurándose una clara vulneración a la independencia y autonomía institucional de los organismos electorales.
Es importante señalar que el marco normativo actual ha garantizado la neutralidad y la independencia de los organismos electorales del poder político, lo que ha permitido efectuar elecciones limpias, transparentes y que reflejaron la voluntad popular; mandato constitucional que se ha cumplido y que coloca su labor en los niveles más altos de integridad, reconocida por la comunidad internacional.
La actuación de los organismos electorales es eminentemente técnica, por lo que es necesario garantizar su independencia y neutralidad, la afectación de estos principios no solo repercute en la organización de los procesos electorales o en la justicia electoral, sino en el ejercicio efectivo de la democracia representativa, la cual es la base del estado de derecho.
Cualquier intento de cooptar los organismos electorales por parte de los poderes públicos, afecta transversalmente la democracia representativa y la institucionalidad democrática, lo que resulta contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que puede tener un impacto sumamente negativo para el estado de derecho, las garantías institucionales y el ejercicio de los derechos fundamentales en general.
Esta situación pone en peligro principios fundamentales tales como el equilibrio de poderes, imparcialidad e independencia. Es necesario que el pleno del Congreso de la República reflexione sobre el contenido del dictamen aprobado y considere los riesgos que representa para la democracia en los próximos años.

Por tales consideraciones, el Pleno del JNE y el Jefe de la ONPE manifiestan su preocupación ante las recurrentes propuestas legislativas que pretenden menoscabar la autonomía e independencia del Sistema Electoral, lo que debilita el sistema democrático, más aún en un contexto en el que se debe recuperar la estabilidad política e institucionalidad, lo que además repercute en la confianza de la ciudadanía.