ONPE precisa alcance de kit electoral para reformas constitucionales

En relación a una iniciativa ciudadana que busca una reforma constitucional que permita el adelanto de las elecciones generales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisa que no ha aprobado ni autorizado la realización de un referéndum directo sobre la materia.

 

El organismo electoral explica que recientemente expidió un kit electoral –consistente en formatos para recolectar firmas– en favor del ciudadano Freddy Alvaro Vracko Metzger, presidente de la Asociación de Movimientos Regionales. Esta solicitud intenta promover una ley que reforme la Constitución y haga posible la realización de elecciones generales en el año 2023.

 

Así, la Asociación de Movimientos Regionales recolectará firmas de adherentes para el ejercicio de uno de los derechos de participación política previstos en la Ley N.° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.

 

Es de precisar que, conforme a lo establecido en el artículo 206 de la Constitución Política, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso de la República con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum.

 

Puede omitirse el referéndum –agrega la norma– cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República.

 

Asimismo, según la Ley N.° 26300, la presentación de una iniciativa para la reforma parcial o total de la Constitución requiere la adhesión de un número de ciudadanos equivalente al 0.3 % de la población electoral nacional.

 

La ONPE subraya que en ningún caso las normas antes señaladas autorizan la realización de un referéndum directo para la aprobación de una ley de reforma constitucional, sin que el proyecto respectivo haya sido previamente sometido a consideración del Congreso de la República.

 

Finalmente, el organismo electoral se reafirma en que todas sus actuaciones se sujetan estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.