ONPE propone calcular y distribuir el financiamiento público directo a los partidos políticos o alianzas electorales
Nota de prensa25 de enero de 2012 - 12:00 a. m.
El proyecto de Ley de Organizaciones Políticas presentado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al Congreso de la República, considera fundamental mantener el financiamiento público directo a los partidos políticos -vigente, pero no otorgado-, a fin de que éstos o las alianzas electorales que conformen puedan recibir un apoyo económico estatal para invertir en actividades de formación, capacitación e investigación, así como para gastos de funcionamiento ordinario.
La iniciativa propuesta define que sea la ONPE la institución responsable de solicitar los montos requeridos para el financiamiento partidario ante el Ministerio de Economía y Finanzas, como parte de su presupuesto ordinario, y los distribuya durante el quinquenio posterior a la elección congresal; lo cual contribuirá a facilitar el cumplimiento de la norma.
El proyecto de ley mantiene la disposición para que el Estado destine el equivalente al 0.1% de la UIT por cada voto válido emitido para elegir representantes al Congreso de la República, y conserva la indicación para que la transferencia de los fondos a cada partido político o alianza vigente se realice a razón de un quinto por año.
Otra propuesta a destacar del citado proyecto de Ley es la referida a la modificación del cálculo de la distribución del financiamiento público directo, la misma que debe calcularse inmediatamente después de la proclamación de resultados. En ella, se propone que el 50% sea distribuido equitativamente entre todos los partidos políticos o alianzas electorales que obtuvieron representación parlamentaria; mientras que el 50% restante sea repartido de manera proporcional al número de congresistas con que cuenta cada partido político o alianza electoral vigente. Según la actual ley, la proporción es 40 y 60 por ciento, respectivamente.
Asimismo, respecto a la franja electoral, la iniciativa de ley elimina su financiamiento a través de la compensación del canon por el uso del espectro radioeléctrico o electromagnético a los medios de comunicación de propiedad privada o del Estado, el mismo que resulta insuficiente de acuerdo a los informes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
En cambio, el proyecto propone que el financiamiento de la franja electoral deberá provenir del presupuesto electoral de la ONPE, organismo electoral competente para administrar la franja electoral de todos los procesos electorales, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional N°0002-2022-PCC/TC, de fecha 27 de septiembre de 2011.
La iniciativa propuesta define que sea la ONPE la institución responsable de solicitar los montos requeridos para el financiamiento partidario ante el Ministerio de Economía y Finanzas, como parte de su presupuesto ordinario, y los distribuya durante el quinquenio posterior a la elección congresal; lo cual contribuirá a facilitar el cumplimiento de la norma.
El proyecto de ley mantiene la disposición para que el Estado destine el equivalente al 0.1% de la UIT por cada voto válido emitido para elegir representantes al Congreso de la República, y conserva la indicación para que la transferencia de los fondos a cada partido político o alianza vigente se realice a razón de un quinto por año.
Otra propuesta a destacar del citado proyecto de Ley es la referida a la modificación del cálculo de la distribución del financiamiento público directo, la misma que debe calcularse inmediatamente después de la proclamación de resultados. En ella, se propone que el 50% sea distribuido equitativamente entre todos los partidos políticos o alianzas electorales que obtuvieron representación parlamentaria; mientras que el 50% restante sea repartido de manera proporcional al número de congresistas con que cuenta cada partido político o alianza electoral vigente. Según la actual ley, la proporción es 40 y 60 por ciento, respectivamente.
Asimismo, respecto a la franja electoral, la iniciativa de ley elimina su financiamiento a través de la compensación del canon por el uso del espectro radioeléctrico o electromagnético a los medios de comunicación de propiedad privada o del Estado, el mismo que resulta insuficiente de acuerdo a los informes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
En cambio, el proyecto propone que el financiamiento de la franja electoral deberá provenir del presupuesto electoral de la ONPE, organismo electoral competente para administrar la franja electoral de todos los procesos electorales, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional N°0002-2022-PCC/TC, de fecha 27 de septiembre de 2011.