Reforma sobre supervisión de fondos partidarios es esencial para el futuro de nuestra democracia
Nota de prensa8 de marzo de 2015 - 12:00 a. m.
La propuesta de reforma electoral para fortalecer la supervisión y control de las finanzas de las organizaciones políticas es esencial para el futuro de la democracia y debe ser discutida y aprobada por el Congreso, fue una de las conclusiones del Diálogo Electoral realizado esta semana por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Durante este conversatorio, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Gerardo Távara, dijo que con esta reforma “está en juego” el rumbo que seguirá nuestra joven democracia.
Advirtió que los riesgos de penetración del narcotráfico y otras actividades ilícitas en la política, que fueron advertidos por la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en un pronunciamiento emitido en abril de 2014, están latentes y pueden agravarse de cara a las Elecciones generales de 2016.
Távara subrayó que una reforma que permita tener un mejor control de los recursos que ingresan a los partidos políticos posibilitará reducir el riesgo de la penetración de dineros ilícitos a la actividad política.
“Es una tarea fundamental que extrememos los controles y sanciones a los partidos políticos para evitar que dinero de procedencia ilícita termine decidiendo una candidatura o resultados electorales a través del financiamiento de campañas electorales”, expresó.
Propuso que, además de las sanciones pecuniarias a los partidos políticos que no rinden cuentas de sus fondos de campaña, también se apliquen sanciones políticas como la suspensión del derecho a participar en la siguiente elección o que el JNE retenga las credenciales a quien ganó la elección y no cumplió con reportar cada sol que gastó en la campaña.
“El crimen organizado es, lamentablemente, un problema serio en el país y si no tomamos medidas vamos a sufrir las consecuencias que el dinero ilegal penetre en los partidos, de manera que está en juego la democracia y la gobernabilidad”, apuntó.
En el conversatorio Diálogo Electoral, el gerente de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, Arturo Revoredo, señaló que es indispensable que esta reforma se apruebe a fin de dotar de mayores herramientas al organismo electoral, en su labor de supervisar las finanzas de las organizaciones políticas.
“Las disposiciones sobre la materia establecidas en la Ley de Partidos Políticos, que fueron buenas en su momento, ya no responden a la realidad actual, donde los riesgos de infiltración de recursos de fuente prohibida o ilícita deben ser enfrentados”, puntualizó.
Consideró que, además, debe hacerse efectivo el financiamiento público directo a los partidos con representación en el Congreso para que puedan tener los recursos que les permitan desarrollar actividades de capacitación, formación de cuadros, y actividades de funcionamiento ordinario.
Desde el 2006, la ONPE desarrolla las conferencias Diálogo Electoral, que se han convertido en una tribuna de expresión de investigadores y profesionales nacionales y extranjeros, quienes presentan sus propuestas, investigaciones y ponencias sobre asuntos relacionados a la democracia, partidos políticos, procesos electorales, ciudadanía, entre otros.
El objetivo de promover estos conversatorios es enriquecer la agenda pública no solo en Lima sino también en el interior del país.
Durante este conversatorio, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Gerardo Távara, dijo que con esta reforma “está en juego” el rumbo que seguirá nuestra joven democracia.
Advirtió que los riesgos de penetración del narcotráfico y otras actividades ilícitas en la política, que fueron advertidos por la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en un pronunciamiento emitido en abril de 2014, están latentes y pueden agravarse de cara a las Elecciones generales de 2016.
Távara subrayó que una reforma que permita tener un mejor control de los recursos que ingresan a los partidos políticos posibilitará reducir el riesgo de la penetración de dineros ilícitos a la actividad política.
“Es una tarea fundamental que extrememos los controles y sanciones a los partidos políticos para evitar que dinero de procedencia ilícita termine decidiendo una candidatura o resultados electorales a través del financiamiento de campañas electorales”, expresó.
Propuso que, además de las sanciones pecuniarias a los partidos políticos que no rinden cuentas de sus fondos de campaña, también se apliquen sanciones políticas como la suspensión del derecho a participar en la siguiente elección o que el JNE retenga las credenciales a quien ganó la elección y no cumplió con reportar cada sol que gastó en la campaña.
“El crimen organizado es, lamentablemente, un problema serio en el país y si no tomamos medidas vamos a sufrir las consecuencias que el dinero ilegal penetre en los partidos, de manera que está en juego la democracia y la gobernabilidad”, apuntó.
En el conversatorio Diálogo Electoral, el gerente de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, Arturo Revoredo, señaló que es indispensable que esta reforma se apruebe a fin de dotar de mayores herramientas al organismo electoral, en su labor de supervisar las finanzas de las organizaciones políticas.
“Las disposiciones sobre la materia establecidas en la Ley de Partidos Políticos, que fueron buenas en su momento, ya no responden a la realidad actual, donde los riesgos de infiltración de recursos de fuente prohibida o ilícita deben ser enfrentados”, puntualizó.
Consideró que, además, debe hacerse efectivo el financiamiento público directo a los partidos con representación en el Congreso para que puedan tener los recursos que les permitan desarrollar actividades de capacitación, formación de cuadros, y actividades de funcionamiento ordinario.
Desde el 2006, la ONPE desarrolla las conferencias Diálogo Electoral, que se han convertido en una tribuna de expresión de investigadores y profesionales nacionales y extranjeros, quienes presentan sus propuestas, investigaciones y ponencias sobre asuntos relacionados a la democracia, partidos políticos, procesos electorales, ciudadanía, entre otros.
El objetivo de promover estos conversatorios es enriquecer la agenda pública no solo en Lima sino también en el interior del país.