OEFA advierte a municipalidades: plazo para presentar planes de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos vence el 11 de enero

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), identificó 2 067 áreas degradadas por residuos sólidos municipales en todo el país. De ese total, 2 015 han sido categorizadas para su recuperación, y 52 para reconversión por lo que las municipalidades distritales deben presentar sus respectivos planes ante la autoridad certificadora competente hasta el 11 de enero del presente año.

Estas áreas corresponden a espacios donde los residuos sólidos han sido dispuestos de manera permanente sin criterios técnicos adecuados. Los planes de recuperación deben contemplar acciones como la limpieza, el cierre y la rehabilitación ambiental, con el objetivo de restituir el entorno afectado y prevenir impactos negativos en el ambiente.

De acuerdo con el Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, aprobado el 31 de diciembre de 2025, las regiones que concentran el mayor número de áreas degradadas por residuos sólidos municipales son Cajamarca (162), Áncash (161), Ayacucho (151), Cusco (151), Junín (135) y Puno (131).

El Decreto Supremo N° 001-2025-MINAM permite a las municipalidades ampliar el plazo de presentación de los planes, siempre que las municipalidades acrediten avances en su elaboración. Para ello, deben presentar ante la autoridad certificadora competente, con copia al Minam y al OEFA, el registro de la idea del proyecto en el Banco de Inversiones (Invierte.pe), así como un cronograma de actividades para los tres primeros años de ejecución.

Mediante el Portal de Información de Fiscalización Ambiental (PIFA) del OEFA, las municipalidades pueden identificar las áreas degradadas ubicadas en su jurisdicción y conocer su categorización, ubicación y extensión, información clave para la elaboración del instrumento de gestión ambiental correspondiente.

El OEFA reitera que continuará con las acciones de supervisión, en el marco de sus competencias, para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental.