Nueva Ley de Contrataciones aporta criterios de oportunidad y eficacia en las compras públicas afirmó Presidenta Ejecutiva del OSCE

Tras indicar que la Nueva Ley de Contrataciones del Estado presenta innovaciones que aportarán criterios de oportunidad y eficacia en las compras públicas, la Presidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, Magali Rojas Delgado, afirmó que cuando llegó al cargo -en agosto del 2011- encontró, en el ejercicio del arbitraje administrativo como mecanismo de solución de controversias, la presencia de mala práctica que vulnera la publicidad y transparencia, consustanciales a los recursos públicos.

Este anuncio lo realizó durante el discurso de apertura de la Conferencia Regional de la Dispute Resolution Board Foundation - DRBF, evento desarrollado en el Hotel Westin, en el distrito de San Isidro, donde indicó que así fue cómo identificó arbitrajes que eran realizados por personas no especializadas, que demoraban años y con ausencia absoluta de reglas que promuevan la celeridad.

Reveló que desde setiembre del 2012 los laudos arbitrales tienen que ser publicados en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, y que la Nueva Ley de Contrataciones incorpora como mecanismo para la solución de controversias en la etapa de ejecución contractual a las Juntas de Resolución de Disputas, específicamente para la ejecución de obras.

También dijo que la Ley crea el Consejo de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, que será integrado por personas de alta calidad moral de la Sociedad Civil, y que podrá imponer sanciones éticas: amonestación, suspensión e inhabilitación definitiva.

Asimismo, establece el rol subsidiario del OSCE para administrar y organizar arbitrajes y que las instituciones arbitrales que brindan servicios en materia de contrataciones con el Estado deberán estar acreditados ante el OSCE.

Igualmente, se comentó la creación del Registro Nacional de Árbitros y del Registro Nacional de Secretarios Arbitrales, que son una garantía de publicidad y transparencia para el Estado y para las partes.

NP 00000075 – 2014