Tribunal de Contrataciones anula licitación para instalación de agua potable en Ayabaca
Nota de prensaPor falta de transparencia
Obra tenía un valor referencial de 1’886,403.74 soles
20 de abril de 2017 - 4:48 p. m.
Por vulnerar los principios de transparencia, eficiencia, eficacia y trato justo e igualitario, el Tribunal de Contrataciones del Estado – TCE anuló la Licitación Pública N° 002-2016-MPA-CS, convocada por la Municipalidad Provincial de Ayabaca, en Piura, para la instalación de los servicios de agua potable y saneamiento en el sector de Chinchinal y anexo Portachuelo de Culcapampa. Su valor referencial ascendía a 1’886,403.74 soles.
Así lo establece la Resolución N° 0232-2017-TCE-S1, emitida el pasado 22 de febrero, que retrotrae todo el procedimiento a la etapa de formulación de consultas y observaciones, anulando así el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio San Fernando, integrado por las empresas Jatun Business S.A.C., JC Proyectos y Consultorías S.A.C., y Grupo San Fernando S.A.C., el 14 de diciembre del 2016.
Fue a consecuencia de la apelación interpuesta por el Consorcio Chinchinal y Portachuelo (integrado por las empresas V&H Contratistas Generales E.I.R.L., y T%T Ingenieros y Contratistas Generales S.A.C.), que el Tribunal advirtió que la entidad no pudo acreditar la entrega del expediente técnico al impugnante, contraviniendo la normativa de contrataciones del Estado.
Así lo establece la Resolución N° 0232-2017-TCE-S1, emitida el pasado 22 de febrero, que retrotrae todo el procedimiento a la etapa de formulación de consultas y observaciones, anulando así el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio San Fernando, integrado por las empresas Jatun Business S.A.C., JC Proyectos y Consultorías S.A.C., y Grupo San Fernando S.A.C., el 14 de diciembre del 2016.
Fue a consecuencia de la apelación interpuesta por el Consorcio Chinchinal y Portachuelo (integrado por las empresas V&H Contratistas Generales E.I.R.L., y T%T Ingenieros y Contratistas Generales S.A.C.), que el Tribunal advirtió que la entidad no pudo acreditar la entrega del expediente técnico al impugnante, contraviniendo la normativa de contrataciones del Estado.