Municipalidad de San Román convoca al pacto por el Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad

La provincia de San Román, dentro del contexto internacional y nacional, tiene una importancia geopolítica por su cercanía a los países vecinos de Bolivia, Brasil y Chile, nexo para el comercio exterior, con la construcción del megapuerto de Chancay y la vía de integración interoceánica se prevén nuevos escenarios que impactarán en el crecimiento económico y de la ciudad.

La Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca —en concordancia con la Ley N.º 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, aprobado el 2021 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º 012-2022-VIVIENDA— considerando los procesos en curso en el ámbito global, nacional, regional y local, se adelanta a esta situación con la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano (PDU), instrumento de gestión territorial que orienta y regula el desarrollo urbano sostenible de Juliaca.

El “Foro-Pacto por el Desarrollo Sostenible Urbano” se desarrollará este lunes 18 de noviembre en el Salón de Convenciones de la Municipalidad Provincial de San Román de 2:00 a 4:00 p.m. y convoca a las municipalidades del área interdistrital de San Miguel, Caracoto y Juliaca, a las instituciones públicas, privadas y a la ciudadanía en general a participar y comprometerse en este proceso con el aporte de propuestas para llegar a consensos por el futuro de Juliaca y la provincia de San Román.

En este evento se presentará a los miembros del equipo técnico del Instituto Metropolitano de Planificación, encargado de la elaboración del PDU Juliaca, las etapas y lineamientos para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano, que busca compatibilizar el diagnóstico con las propuestas de la ciudadanía, los sectores públicos, la municipalidad provincial, gremios de productores, transportistas, comerciantes etc.

El Plan de Desarrollo Urbano de Juliaca es un instrumento de gestión interdistrital, que orienta y regula, el uso y ocupación del suelo, los sistemas viales, los espacios públicos y de uso para servicios como educación y salud y asegurar el acceso a la vivienda digna, considerando las áreas protegidas y las zonas de riesgos.