Municipalidad Distrital de El Alto

 La potestad sancionadora de la Administración Pública, entendida como un poder o privilegio de esta para determinar la comisión de infracciones e imponer sanciones, constituye un instrumento de garantía o tutela de una variedad de bienes jurídicos, cuya intervención y cuidado le han sido confiado. Su ejercicio previene y, en su caso, reprime, vulneraciones al ordenamiento jurídico de que se trate. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de acuerdo con su artículo 1, “tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú” (subrayado agregado). Así las cosas, la primera finalidad de esta norma consiste en impulsar y hacer realidad la transparencia en la gestión gubernamental. Esto puede alcanzarse desde la acción gubernamental y en el marco de una política pública de fomento de la transparencia activa y pasiva y del cumplimiento de las obligaciones que, de ambas, deriva; así también, puede alcanzarse, garantizando que la inobservancia de estas obligaciones no quede impune en el aparato estatal; vale decir, ejerciendo con determinación y eficacia la potestad sancionadora prevista en este régimen para desincentivar prácticas reñidas con la transparencia. En la Dirección General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que ejerce por encargo de la ley la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estamos convencidos que cualquier cambio legislativo que se promueva para fortalecer la potestad sancionatoria del Estado en este ámbito, debe partir del conocimiento práctico sobre el estado de la cuestión. Es por ello que se realizó y ahora se presenta este estudio de casos con la información recopilada de las propias entidades públicas que reportaron haber ejercido esta potestad sancionadora en el año 2020, continuando el 2021. Para no correr el riesgo de que la información esté incompleta por los tiempos de trámite de alguno de estos procedimientos, el estudio, que implicó acceso físico a dichos expedientes, se realizó en el segundo semestre del 2021, y se actualizó este año 2022 con apuntes y observaciones surgidas desde el intercambio con la Academia nacional especializada en derecho administrativo sancionador. El resultado, un documento que presenta las características más marcadas de este régimen sancionador, sus deficiencias de diseño y las recomendaciones que se derivan para su fortalecimiento. Esperamos pues que este estudio contribuya en la dirección correcta en la que deben discurrir los cambios para que la transparencia en el país se instale finalmente como parte de la cultura organizacional del Estado y la sociedad peruana.