Taller de fortalecimiento de capacidades de las comunidades y de las instituciones de la sociedad civil

Nota de prensa
El objetivo es promover una sólida articulación de estos sectores con el fin de fortalecer la política pública de conducta empresarial responsable
Taller de fortalecimiento de capacidades de las comunidades y de las instituciones de la sociedad civil
Taller de fortalecimiento de capacidades de las comunidades y de las instituciones de la sociedad civil
Taller de fortalecimiento de capacidades de las comunidades y de las instituciones de la sociedad civil

13 de setiembre de 2022 - 6:35 p. m.

Esta mañana, la regidora Ivan Barrueto Madalengoitia participó del taller de fortalecimiento de capacidades de las comunidades y de las instituciones de la sociedad civil en materia de política pública de empresas y derechos humanos.
El taller tiene como objetivo promover una sólida articulación de estos sectores con el fin de fortalecer la política pública de conducta empresarial responsable dirigida a garantizar que todas las empresas, de todos los tamaños y rubros, cumplan con respetar los derechos humanos en el ámbito de sus actividades, en el marco del proceso de implementación del Plan Nacional de Acción (PNA) sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025. 
“Creemos que es importante tener en cuenta a las comunidades campesinas en la construcción de políticas inclusivas, integrales dentro del PNA, que permita responder a sus necesidades, problemas, oportunidades y su diversidad”, sostuvo la regidora Ivan Barrueto. 
“Desde mi condición como regidora y coordinadora de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, veo la necesidad que los derechos humanos constituyan un elemento transversal a toda acción e iniciativa de política pública”, añadió. 
“El proyecto JUSTA tiene un enfoque de género y defensor de los derechos humanos. Entonces considero que será importante la inserción en estos espacios de diálogo”, sentenció. 
En esta actividad participaron lideresas de Cajabamba y de Cachachi.
DATO
La organización estuvo a cargo de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Punto Nacional de Contacto de la OCDE – Pro inversión y la Defensoría del Pueblo.