Estado fortalece sanciones para la venta y uso ilegal de chips telefónicos

Buenas noticias para los usuarios. Se publicó la Ley n.° 32451, que modifica la Ley de Delitos Informáticos (Ley n.° 30096) y el Código Penal con el objetivo de sancionar de manera contundente la venta y el uso ilegal de chips móviles.

Esta importante norma también modifica la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Osiptel, con lo que se busca que las empresas operadoras, responsables del proceso de contratación, compartan la información en línea de sus registros de abonados con Osiptel, a fin de que pueda estar a disposición del Ministerio Público o la PNP.

De esa manera, a partir de ahora las empresas operadoras están obligadas a proporcionar acceso a Osiptel (mediante herramientas informáticas) a toda la información relacionada al proceso de comercialización, contratación y activación de los servicios públicos de telecomunicaciones.

La ley también establece sanciones que alcanzan penas privativas de libertad, que van desde 4 hasta 8 años, para quienes incurran en conductas ilícitas como la activación de chips móviles sin consentimiento del titular, la posesión ilegitima de chips activados vinculados a otro servicio móvil, y la comercialización ilegal de servicios móviles en la vía pública.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), como ente rector del sector Telecomunicaciones, promueve y respalda todas las acciones de supervisión y fiscalización derivadas.

En ese sentido, el MTC y Osiptel coordinan los procedimientos para asegurar el cumplimiento efectivo por parte de las empresas operadora. Esta sinergia institucional es crucial para que las nuevas disposiciones se ejecuten eficazmente, garantizando que la infraestructura y los servicios de comunicación contribuyan activamente al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y al bienestar de toda la población.

Con esta medida, el Gobierno busca reforzar la lucha contra el uso indebido de líneas móviles, un problema que afecta directamente la seguridad ciudadana. Las nuevas disposiciones apuntan a cerrar brechas que permitían la circulación de chips móviles sin trazabilidad y a responsabilizar penalmente tanto a quienes ofrecen estos servicios ilegales como a los que los adquieren.