Fiscalía anticorrupción consigue 12 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón en caso ‘Antalsis’
Nota de prensaDebido a que incumplió las reglas de conducta que impusieron al otorgarle la medida de comparecencia restringida.
Fotos: Oficina de Imagen Institucional
23 de julio de 2024 - 1:28 p. m.
La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Segundo Despacho) consiguió que se revoque la medida de comparecencia restringida y, a cambio, se dicte 12 meses de prisión preventiva, en contra del prófugo ex gobernador regional de Junín, Vladimir Roy Cerrón Rojas, en la investigación que se le sigue por los delitos de organización criminal y colusión, como parte del caso ‘Antalsis’.
Esta orden judicial fue obtenida a solicitud del fiscal adjunto provincial Elard Antonio Alcocer Salas, tras demostrar que Cerrón Rojas —imputado por presuntamente integrar una organización criminal liderada por Martín Belaunde Lossio— incumplió dos reglas de conducta en la comparecencia restringida que se le había dictado, entre ellas el no firmar el control biométrico y ausentarse de su domicilio sin autorización judicial.
En cuanto al caso, según la tesis fiscal, el investigado y otros procesados habrían defraudado al Estado con más de 26 millones de soles, a través de presuntas contrataciones irregulares para obras públicas que se realizaron durante su gestión como gobernador regional de Junín, entre el 2011 y el 2014. Para ello, habrían realizado un convenio interinstitucional con la empresa SIMA, la que a su vez subcontrató a la empresa privada Antalsis.
Cabe indicar que el imputado se encuentra prófugo de la justicia desde octubre de 2023, fecha en que fue condenado por el delito de colusión en torno al caso Aeródromo Wanka.
Esta orden judicial fue obtenida a solicitud del fiscal adjunto provincial Elard Antonio Alcocer Salas, tras demostrar que Cerrón Rojas —imputado por presuntamente integrar una organización criminal liderada por Martín Belaunde Lossio— incumplió dos reglas de conducta en la comparecencia restringida que se le había dictado, entre ellas el no firmar el control biométrico y ausentarse de su domicilio sin autorización judicial.
En cuanto al caso, según la tesis fiscal, el investigado y otros procesados habrían defraudado al Estado con más de 26 millones de soles, a través de presuntas contrataciones irregulares para obras públicas que se realizaron durante su gestión como gobernador regional de Junín, entre el 2011 y el 2014. Para ello, habrían realizado un convenio interinstitucional con la empresa SIMA, la que a su vez subcontrató a la empresa privada Antalsis.
Cabe indicar que el imputado se encuentra prófugo de la justicia desde octubre de 2023, fecha en que fue condenado por el delito de colusión en torno al caso Aeródromo Wanka.