Fiscalía anticorrupción apeló libertad de sentenciado que direccionó ilegalmente títulos de propiedad en Registros Públicos
Nota de prensaRecurso señala que beneficiario integraba la red criminal de Rodolfo Orellana y, al no tratarse de un delito simple, no corresponde decisión judicial que ordenó su libertad.
Fotos: Oficina de Imagen Institucional
28 de mayo de 2024 - 2:42 p. m.
La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios (Quinto Despacho) apeló la resolución del Octavo Juzgado Penal Unipersonal Nacional que declaró la libertad del sentenciado Carlos Martín Vargas Machuca Arrese mediante la conversión de la pena como autor del delito de asociación ilícita - organización criminal, por haber direccionado ilegalmente 19 títulos de propiedad ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).
La sustentación de la apelación fue realizada en primera instancia por el fiscal provincial Elvis Suárez Ferrer quien señalo que Vargas Machuca Arrese fue sentenciado por integrar una de las organizaciones criminales más grandes del país (Red Orellana) y que manejó ilegalmente 19 direccionamientos de títulos de propiedad de inmuebles y, al no tratarse de un delito simple, sino de haber cometido delito dentro de una organización criminal, subrayó que de acuerdo a ley no es procedente la libertad que concedió el Poder Judicial al imputado.
En su momento, la sustentación en audiencia de segunda instancia, fue efectuada por la fiscal adjunta superior Patricia Pérez, la cual espera que la Sala Superior Penal Nacional revoque o anule la (libertad) conversión de la pena y reformándola dicte prisión efectiva de pena privativa de libertad por el que fue sentenciado a cuatro años que vencerá el 25 de agosto de 2025.
La sustentación de la apelación fue realizada en primera instancia por el fiscal provincial Elvis Suárez Ferrer quien señalo que Vargas Machuca Arrese fue sentenciado por integrar una de las organizaciones criminales más grandes del país (Red Orellana) y que manejó ilegalmente 19 direccionamientos de títulos de propiedad de inmuebles y, al no tratarse de un delito simple, sino de haber cometido delito dentro de una organización criminal, subrayó que de acuerdo a ley no es procedente la libertad que concedió el Poder Judicial al imputado.
En su momento, la sustentación en audiencia de segunda instancia, fue efectuada por la fiscal adjunta superior Patricia Pérez, la cual espera que la Sala Superior Penal Nacional revoque o anule la (libertad) conversión de la pena y reformándola dicte prisión efectiva de pena privativa de libertad por el que fue sentenciado a cuatro años que vencerá el 25 de agosto de 2025.